La fiscal de bolsillo de Petro

Aterrador el panorama en el que han sumido a nuestro país al ver cómo actúa con tanta sevicia y sin vergüenza alguna la fiscal Luz Adriana Camargo, al —presuntamente— utilizar la justicia para perseguir a la libre prensa y a cualquier opositor que no esté alineado con las políticas del gobierno de Gustavo Petro, el mismo que la ternó y ante al que hoy, al parecer, está arrodillada. No puedo afirmar que así sea, pero los últimos acontecimientos hablan por sí solos, generando zozobra entre los que ejercemos con tanto respeto y pasión esta hermosa profesión de investigar, informar y de expresar, por medio de columnas, nuestras opiniones respecto a todo lo que sucede alrededor de este oscuro gobierno que está inundado de corrupción.

En el tiempo que lleva la fiscal Camargo en el cargo, no ha dado ningún resultado en todos los escándalos de corrupción en los que está envuelto este nefasto gobierno, denunciados por la Revista Semana y varios medios de comunicación del país. Por el contrario, la fiscal ha hecho todo lo posible por ayudar a Nicolás Petro (hijo de Gustavo Petro) al retirar al fiscal Mario Burgos del juicio, quien era el que llevaba este caso y lo conocía a la perfección.

¿Qué pretende ocultar la fiscal Camargo? Prácticamente lo premió al abrirle la posibilidad de recibir beneficios. Recordemos que Nicolás Petro confesó ante la Fiscalía que Gustavo Petro (su padre) tenía pleno conocimiento de las entradas de supuestos dineros ilícitos a la campaña presidencial. Todo esto fue denunciado por su expareja Day Vásquez, quien firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y aceptó que se gastó la plata que iba para la campaña de Petro.

Su hijo reconoció que una parte del dinero destinado irregularmente a la campaña procedía de un exnarco y que hubo cantidades no declaradas. Mientras tanto, la fiscal se ha dedicado a perseguir a la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, quien a través de la revista ha denunciado —sin ocultarles absolutamente nada a los colombianos— todo lo relacionado con el caso del hijo del presidente, entre otros casos. ¿Tiene Petro fiscal de bolsillo?

El pasado 27 de octubre, el congresista Hernán Cadavid, a través de su cuenta en X, planteó una serie de preguntas a la fiscal Camargo relacionadas con todos los casos en los que ella no ha entregado resultados y que salpican a quien la ternó. Aquí el listado de preguntas que —hasta la fecha— no ha recibido respuesta alguna:

1. ¿Qué pasó con la consejera de regiones Sandra Ortiz?
2. ¿Por qué abrió la puerta de beneficios a Nicolás Petro?
3. ¿Qué pasó con el caso Laura Sarabia?
4. ¿Qué pasó con las actuaciones de Ricardo Roa, gerente de campaña de Gustavo Petro?
5. ¿Qué pasó con la campaña al Congreso del Pacto en apoyo de empresa ligada al narco?
6. ¿Qué pasó con las menciones directas al ministro de Hacienda por parte del escándalo UNGRD?
7. ¿Quién lideraba la estructura de compra al Congreso desde Presidencia?
8. ¿Por qué el silencio en el caso de maltrato a la mujer que señala a Benedetti?
9. ¿Dónde están los asesores de Congreso y Gobierno en la entrega de los mil y tres mil millones a congresistas?

Señora fiscal Luz Adriana Camargo, el país los observa.

Hay algo aún más grave que los colombianos no están alcanzando a dimensionar y es la persecución a la libre prensa a través de la justicia que se está emprendiendo en este gobierno. Por todos los hechos que lo envuelven, aparentemente están utilizando a la Fiscalía para perseguir, amedrentar e intimidar a periodistas y opositores. Estas son tácticas emprendidas por gobiernos de extrema izquierda, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fidel Castro aprendió muy bien esta técnica de la Unión Soviética y la están expandiendo por la región para silenciar a todo aquel que los denuncie y saque a la luz todas sus fechorías.

Lo que está haciendo la fiscal Luz Adriana Camargo contra Vicky Dávila —al abrirle una noticia criminal basándose en una denuncia de tipo penal de un fanático petrista que la acusa de espionaje, interceptaciones ilegales, concierto para delinquir y traición a la patria, en la cual no presentó ningún tipo de pruebas, sólo fundamentó la denuncia a la primera alocución de Petro sobre Pegasus y dijo que si querían pruebas, que se las pidieran al presidente— es preocupante. Como denunció la directora de Semana, se tomaron sólo cuatro días en abrir esta noticia criminal, después de que la revista publicara en su versión impresa la portada que se llamó: ‘Nos Jodimos’, en la que se revelan pruebas inéditas del expediente contra Nicolás Petro; también muestran el celular de su pareja, Laura Ojeda, quien es una pieza clave en este caso.

¿Por qué la fiscal no abre noticia criminal a funcionarios, ministros y exministros que están involucrados en el escándalo de la UNGRD? ¿A quién está protegiendo la fiscal y quién está detrás?

Esto no es más que la persecución a la libre prensa a través de la justicia. Quieren armarle un caso para poder interceptarla y descubrir quiénes son sus fuentes. Todo esto busca intimidarla y, de paso, atemorizar a las fuentes para que no revelen nada sobre la corrupción de este gobierno. ¿Quién le dio la orden, señora fiscal?

Vicky Dávila es conocida por su estilo directo y crítico, pero no es una delincuente. Ha hecho un trabajo impecable en el periodismo de nuestro país por más de 33 años, enfrentando controversias y tensiones con el gobierno de Gustavo Petro, particularmente debido a sus investigaciones y comentarios críticos sobre su administración. La directora de Semana ha sido una voz destacada en la denuncia de temas sensibles como la seguridad, la economía y las presuntas irregularidades en el gobierno.

Durante la presidencia de Petro, ella ha denunciado presiones y ataques verbales desde sectores afines al gobierno y en redes sociales, donde muchos buscan deslegitimarla. Estas críticas se han intensificado con señalamientos de figuras cercanas a Petro, y ella misma ha comentado sobre la falta de garantías para ejercer su profesión libremente, haciendo hincapié en la importancia de la libertad de prensa en la democracia colombiana. La situación ha generado preocupación entre defensores de la libertad de prensa, quienes ven estos constantes ataques como una forma de desincentivar la crítica y fomentar la autocensura en medios de comunicación independientes y críticos en Colombia. A pesar de las presiones, Dávila continúa reportando sobre temas que considera importantes para la ciudadanía, y su caso representa un ejemplo de las crecientes tensiones entre medios y gobiernos en América Latina.

Explico todo este contexto porque es de suma gravedad que quieran aplicar en nuestro país el mismo libreto que emplearon Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. En Cuba y Venezuela, el sistema judicial se ha convertido en un instrumento para perseguir y silenciar a la prensa independiente y a los periodistas críticos. En ambos países, el gobierno utiliza tácticas judiciales para hostigar, intimidar y coartar la libertad de expresión, afectando seriamente el ejercicio de una prensa libre y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

El gobierno venezolano ha utilizado el sistema judicial para asfixiar a los medios críticos y presionar a los periodistas. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han promovido leyes que limitan la libertad de expresión. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte) permite al gobierno censurar contenidos considerados como “atentados contra el orden público” o “difusión de mensajes de odio”. Esta ley, junto con la Ley Contra el Odio aprobada en 2017, ha sido utilizada para procesar penalmente a periodistas y para censurar tanto a medios tradicionales como a digitales.

Además, se han presentado casos en que los jueces actúan en favor del gobierno, cerrando o confiscando medios bajo cargos de difamación o delitos económicos. La “difamación agravada” y la “incitación al odio” son cargos comunes utilizados contra periodistas críticos. Uno de los ejemplos más notables es el caso de El Nacional, un medio que fue condenado en 2021 a pagar una multa multimillonaria al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por difamación. Este fallo resultó en la confiscación de los bienes del periódico, dejándolo prácticamente sin recursos para operar.

En ambos países, la persecución judicial se utiliza para intimidar y forzar a los periodistas y medios a practicar la autocensura. En lugar de proteger la libertad de prensa, el sistema judicial es empleado como herramienta de represión política, promoviendo un entorno en el que la información está controlada y el acceso a noticias independientes es extremadamente limitado.

Esta judicialización de la represión ha provocado un éxodo de periodistas y el cierre de medios independientes en ambos países. Las consecuencias para la sociedad son profundas: el monopolio de la narrativa estatal impide a los ciudadanos tener una visión crítica y completa de la realidad, dificultando la posibilidad de una verdadera participación cívica y debilitando los principios democráticos básicos.

Píldora para la memoria: la fiscal general, Luz Adriana Camargo, está siendo investigada por un supuesto entramado de corrupción que implica tráfico de influencias con la empresa Odebrecht y reuniones ilegales con jueces, según el periódico guatemalteco La República. El artículo habla del acceso exclusivo a los correos electrónicos entre abogados y representantes de Odebrecht y funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en lo que sería un entramado de corrupción por tráfico de influencias. En ese contexto, la actual fiscal general, quien era la mano derecha del ministro de Defensa, Iván Velásquez, presuntamente se habría reunido ilegalmente con jueces para “cuadrar la vuelta” de que los constructores que estaban acusados por el caso de Odebrecht salieran “indemnes en Guatemala, cuando en el resto del continente eran responsables de sobornos a jueces y magistrados”.

Con esto queda claro que la conducta de la fiscal Camargo no es tan impoluta.