La inocencia de Álvaro Uribe

No hay un solo colombiano que no tenga una opinión sobre Álvaro Uribe Vélez. Lo aman o lo odian, pero nadie le es indiferente. Sin embargo, al margen de pasiones e inclinaciones políticas, hay algo que como periodista y columnista de opinión me parece urgente decir: el caso judicial contra el expresidente está plagado de inconsistencias. Y lo que debería preocuparnos no es solo su futuro personal, sino el uso de la justicia como arma política.

El proceso contra Uribe nace de una paradoja, él fue quien denunció. En 2012, acudió a la Corte Suprema para señalar que el senador Iván Cepeda, su contradictor político, estaba manipulando testigos en cárceles para vincularlo con grupos paramilitares. Pero lo insólito ocurrió después, la Corte no solo desestimó su denuncia, sino que abrió un proceso en su contra. Pasó de acusador a imputado. Desde ahí, el caso ha estado marcado por una inversión de la lógica judicial y del principio de imparcialidad.

Uno de los puntos más cuestionables del expediente es el peso que se le da al testimonio del famoso “testigo estrella” de Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, un supuesto exparamilitar condenado. Es hijo de un humilde señor que administraba fincas. Monsalve ha cambiado su versión en múltiples ocasiones. Un día dice una cosa, al otro se retracta, luego vuelve a afirmar, y así sucesivamente. Los testimonios de sus familiares negando absolutamente todo lo que éste personaje dice (papá y hermano), son contundentes para la defensa de Uribe. ¿Puede construirse una condena seria sobre semejante inestabilidad narrativa?

Además, buena parte de la acusación descansa en grabaciones obtenidas por un reloj espía, en las que el abogado Diego Cadena —defensor de Uribe en ese entonces— habla con testigos. La defensa sostiene, con argumentos, que dichas grabaciones fueron editadas y no presentan el contexto completo. Y aunque Cadena enfrenta su propio proceso por supuestamente ofrecer prebendas a testigos, no hay evidencia directa que demuestre que actuó bajo órdenes de Uribe. Si se pretende juzgar al expresidente por las acciones de un tercero, sin pruebas de instrucción o conocimiento, estaríamos cruzando una línea peligrosa: la de condenar por asociación, no por responsabilidad penal individual.

En mi columna de mayo sobre el testimonio del representante a la Cámara Hernán Cadavid lo dejé al desnudo. Cadavid no es un actor improvisado en esta historia. Fue asesor legislativo de Uribe en 2019 y perteneció a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL); conoce los hechos desde adentro y sin intermediarios. Precisamente por eso, su testimonio resulta tan revelador. El pasado 13 de mayo, ante la jueza del caso, relató un hecho clave: el 19 de junio de 2019, antes de las 3:00 de la tarde, Diego Cadena —el abogado cuya actuación ha sido usada para montar esta novela judicial— lo citó en un café en Bogotá.

Allí le informó que, nueve meses antes, había girado dinero de carácter humanitario a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un exparamilitar preso que aparecía como testigo en el caso. Cadena le pidió a Cadavid que informara de ello a Uribe. Aquí empieza a desmoronarse el guion. Cadavid organizó de inmediato una reunión con el expresidente en su oficina del Congreso para que Cadena pudiera explicarle directamente el asunto. El testimonio del congresista Hernán Cadavid es lapidario.

Hay también un componente político que no puede ignorarse. El expresidente renunció voluntariamente a su curul en el Senado para que su caso saliera de la Corte Suprema y pasara a la Fiscalía. Su gesto fue interpretado por muchos de sus contradictores políticos como una ‘jugadita’, pero en los hechos verdaderos significó someterse a un sistema acusatorio más transparente y con mayores garantías. Si Uribe quisiera evadir la justicia, no se habría expuesto como lo ha hecho durante años. Ha comparecido, ha hablado, ha enfrentado todas las etapas del proceso. ¿Cuántos hacen eso en este país?

En lugar de aportar claridad, el paso del caso por diferentes despachos ha generado más dudas que certezas. En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá suspendió temporalmente el juicio al considerar que la jueza encargada podría haber vulnerado principios del debido proceso. No es un detalle menor si el juez no garantiza imparcialidad, el proceso entero pierde legitimidad. Los magistrados le han dado la razón preliminarmente a la defensa, que alega que la juez del caso no ha sido imparcial.

En Colombia hemos visto cómo la justicia se ha utilizado para silenciar y perseguir a opositores, para golpear a líderes, para castigar trayectorias políticas incómodas. Si la justicia cae en esa trampa con Uribe, ningún ciudadano estará a salvo mañana.

Decir que Álvaro Uribe es inocente no es una consigna ni una defensa ciega. Es una conclusión inevitable cuando se revisa con rigor el expediente: pruebas débiles, declaraciones inconsistentes de los testigos y ningún vínculo directo entre él y las conductas que se le imputan. Se puede discrepar de su legado, cuestionar sus decisiones como presidente o incluso rechazar su ideología, pero una cosa es el debate político y otra muy distinta es usar la justicia como garrote. Condenar a Uribe sin pruebas sería una infamia histórica y una señal de que en Colombia ya no se juzga con evidencias, sino por conveniencia ideológica.