Opinión
La irresponsabilidad de hundir la Ley Nuclear
A la Comisión Primera le corresponde decidir si está del lado del pasado o del futuro.
Desde hace más de dos años, un esfuerzo ciudadano sin precedentes ha intentado dotar a Colombia de una herramienta estratégica en la lucha contra el cáncer: el Proyecto de Ley Nuclear.
Lo ha liderado la Red Nuclear Colombiana, un colectivo plural, técnico, abierto a todos los sectores, que ha convocado a expertos, universidades, partidos de todas las orillas políticas y representantes de la sociedad civil. Pero hoy, ese esfuerzo está a punto de morir en los pasillos fríos de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Y no por falta de estudios, por oposición ideológica, o por desinterés ciudadano.
Se hunde por la pasividad de quienes hoy tienen en sus manos la capacidad de actuar. Se hunde por la miopía legislativa, por la desidia burocrática, por la trivialización de la ciencia.
Colombia cuenta, desde 1965, con un reactor nuclear de investigación: el IAN-R1. Un reactor antiguo, limitado, incapaz de producir isótopos radiactivos para aplicaciones médicas. Mientras países vecinos, con menos pretensiones y más visión, aprovechan la tecnología nuclear para fortalecer su sistema de salud, aquí lo ignoramos. Colombia importa lo que podría producir, paga caro lo que podría obtener con soberanía, y sigue tratando la ciencia como si fuera un lujo prescindible.
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Y ahora, cuando hay una oportunidad clara de legislar para modernizar ese reactor, convertirlo en una verdadera plataforma científica, formar ingenieros nucleares, consolidar al país como referente en investigación, la Comisión Primera guarda silencio. Cambia el orden del día. Relega la iniciativa. La deja morir, como si no hubiera vidas de por medio.
Pero sí las hay. Porque en el fondo, esta no es solo una ley técnica: es una ley que puede salvar vidas. Un nuevo reactor nuclear de investigación permitiría producir molibdeno-99 (Mo-99), que se transforma en tecnecio-99m (Tc 99m), el isótopo más usado en medicina nuclear a nivel mundial.
Más del 80 % de los procedimientos de diagnóstico en cáncer utilizan esta tecnología. Colombia no puede seguir dependiendo de las importaciones para un insumo tan delicado. Cada retraso en el suministro es un riesgo para miles de pacientes.
La ley nuclear no solo permitirá avanzar en medicina. También establecerá una arquitectura jurídica moderna, alineada con los estándares internacionales del derecho nuclear, y facilitará la cooperación con organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). ¿Qué país quiere participar del siglo XXI sin una legislación que regule tecnologías nucleares con responsabilidad? ¿Qué país dice querer soberanía energética, salud pública robusta y ciencia avanzada, pero se niega a legislar siquiera un marco institucional?
A la Comisión Primera le corresponde decidir si está del lado del pasado o del futuro. Si prefiere quedarse atrapada en el letargo político o responder al llamado de la ciencia, la salud y la de los ciudadanos.
No hay excusas. Hay un clamor técnico, ético y humano. Colombia necesita esta ley. La sociedad la ha construido. El Congreso tiene la obligación de no dejarla morir. Porque el cáncer no espera. Y la historia no perdona a los que, pudiendo actuar, eligieron mirar hacia otro lado.
