La pregunta 14

De las 16 preguntas de la nueva versión de la consulta popular, cuatro están relacionadas con la reforma a la salud. Más allá de que hayan sido incluidas para justificar una nueva radicación ante el Congreso de la República, vale la pena analizarlas.

Tres de esas inquietudes involucran simples perogrulladas, veámoslas. Primero, pregunta 13: ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? La realidad es que el Gobierno no necesita ninguna reforma ni consulta para hacerlo. Hoy el Gobierno compra vacunas, produce vacunas veterinarias en Vecol y nadie le prohíbe montar una o varias plantas para producir vacunas o medicamentos humanos, puede asociarse con quien quiera, obviamente dentro de las normas de contratación pública. No se justifica entonces malgastar 700 mil millones de pesos para indagar sobre algo para lo cual ya está facultado.

En segunda instancia, la pregunta 15 plantea: ¿Está de acuerdo con que se garantice un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo con ampliación de los servicios necesarios de carácter público, privado y mixto? El Gobierno está preguntando por su potestad para hacer un programa, nada más ni nada menos. Pues para conocimiento de toda la realidad es que el Ministerio de Salud ya está facultado para hacerlo a través del Decreto 4107 de 2011.

Ahora bien, quién no puede estar de acuerdo con la pregunta 16: ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para garantizar a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación laboral, los derechos laborales y el salario justo? La contrapregunta sería si es legal un régimen laboral especial para los trabajadores de un sector, ¿cuánto cuesta, hasta dónde llega y —sobre todo— quién lo paga? El Gobierno no aporta ninguna respuesta a esas preguntas, lo cual es indicativo de una cuestión de demagogia dirigida solamente a capturar los votos de los trabajadores de la salud.

Resta analizar la pregunta 14: ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el (sic) Adres pague directamente a hospitales y clínicas? En primer lugar, eliminemos la última afirmación, porque la Adres como administradora ya viene haciendo giro directo a hospitales y clínicas desde hace más de diez años. El giro directo ya ha sido aprobado en diferentes normas, incluso en el plan de gobierno.

La pregunta parte de una falacia que el Gobierno no quiere —o no le conviene— entender: las EPS no son simples intermediarias financieras, son aseguradores; muy claro lo dice el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007. Como aseguradores manejan riesgos, en este caso, el riesgo asociado a la enfermedad. No son bancos y tampoco centrales de pago. Su función es la de asumir los riesgos de salud de las personas y estructurar planes, programas, redes de servicios y procesos de atención para diluir y manejar ese riesgo.

El asegurador tiene dos mecanismos esenciales para manejar el riesgo: la capacidad como agencia de contratar selectivamente a aquellos que mejor calidad y capacidad de atención puedan brindar en la prevención y el manejo de pacientes, y, segundo, gestionar el riesgo de las personas y enfermos montado programas de seguimiento y gestión de la enfermedad. En eso el sistema de salud colombiano ha sido pionero y gracias a ello ha podido mantener con adecuado nivel de acceso a servicios y medicamento más de ocho millones de pacientes con enfermedad crónica, bajo un modelo eficiente de financiación y gestión del alto costo.

Los colombianos deben tener claridad sobre las consecuencias que trae consigo eliminar el aseguramiento en salud. Ya las estamos viendo: sin una adecuada gestión del riesgo, este se revela en forma de enfermedad —de manera prematura—, y en aquellos que ya están enfermos, se deja de mitigar la severidad de la enfermedad con consecuencias sobre la salud de los pacientes. Adicionalmente, la consecuencia financiera es que se dispara el gasto en salud. Mayor gasto significa menos recursos para quienes están siendo diagnosticados, menor control de su enfermedad y, por último, mayor riesgo efectivo de muerte y discapacidad.

Un segundo efecto es que al eliminar la capacidad de contratación selectiva se genera ineficiencia. Sin control, los hospitales y clínicas pierden efectividad en el manejo de los pacientes, se incentiva la burocratización en los hospitales públicos y la inducción de demanda en los hospitales privados.

Todo lo anterior conduce al gasto desbordado, público y privado, como lo demuestra un estudio de Victoria Soto y Andrés Barrera de Proesa/Icesi. Si a esto le sumamos el altísimo riesgo de corrupción que le genera a la Adres el manejo discrecional de los recursos, y la posibilidad de favorecimientos en el pago por razones políticas, es muy evidente que la segunda consulta popular de este gobierno nos ofrece el peor de los escenarios.

Colombia hoy ya gasta 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) en salud. La presión del envejecimiento y la incidencia de la enfermedad crónica será avasalladora en el futuro cercano. Y hemos perdido tres años en un siniestro ejercicio de autodestrucción de un sistema de salud que ha respondido, a pesar de la enorme presión del riesgo en salud y las limitaciones presupuestales.