Opinión
La salud de los maestros y los $3 billones de faltante en el Fomag
Deben, fuera de buscar un servicio digno y oportuno, exigir de su patrón, el presidente Petro, más recursos, puesto que, de no lograrlo, al magisterio lo atenderán hasta cuando alcance la plata.
Hace dos años, el 19 de marzo de 2023, docentes del Quindío, coordinados por el profesor Dimas Andrés Arias, le hicieron un llamado de alerta a Fecode sobre el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo. Este “creaba una nueva entidad para administrar los recursos del Fomag”. A pesar de que el artículo se cayó en el Congreso, sembró la incertidumbre sobre los recursos para la salud, las pensiones y las cesantías.
Más tarde, en noviembre de ese año, estos docentes se volvieron a pronunciar, acompañados ahora de otros de Córdoba, del Valle, de Norte de Santander y de Bogotá, sobre el temor de que el flujo anual de $6 billones al Fomag quedara al arbitrio del Gobierno Petro o, peor, en manos desconocidas (ver Soberanía n.º 3, ‘Carta abierta al magisterio con la consigna ¡Defendamos el Fomag!’). El 3 de marzo de 2024, al otro día de que Guillermo Jaramillo le “vendiera” a la Junta Nacional de Fecode el “nuevo modelo de salud”, otra exhortación hecha por los docentes en mención fue motivo de burla para las mayorías burocráticas sindicales, ignorando que el pago por evento para cada prestador, y no por tarifa, iba a desfinanciar al Fomag.
Entre otras cosas, porque facilita más “torcidos” y dispara los costos de la prestación por la ausencia de economías de escala. De nuevo, las mayorías de Fecode hicieron silencio. El primero de mayo de 2024, con balconazo de Petro incluido, se dio comienzo a esta suerte de experimento de la reforma general de la salud en cabeza del magisterio.
Una de las principales secuelas ocurridas es la dispersión que hace entre los 819.000 afiliados. Cada uno va por su lado, entre los distintos departamentos y dentro de los mismos. Por ejemplo, en Risaralda hay 2,93 IPS contratadas por cada 10.000 afiliados de 17.036 en total, casi 6 IPS, mientras que en Santander, para 42.680, hay 4,38 por cada 10.000; es decir, cerca de 17. Como se advirtió: “A cada cual según le vaya en la fiesta”, no hay homogeneidad (www.asivamosensalud.org). Por eso, las peticiones, quejas y reclamos se mantuvieron en niveles similares, pues solo bajaron 300: de 46.359 en 2023 a 46.061 en 2024.
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Sobre los recursos del Fomag se mantiene el ruido, que deben explicar Laura Sarabia, Jaime Ramírez Cobo, Daniela Andrade, Jhon Mauricio Marín, Mario Urán y otros más nombrados. Las denuncias de la periodista Paula Bolívar sobre los giros preferentes e injustificados a 18 IPS y otros contratos dirigidos a dedo, que había denunciado desde octubre el exsuperintendente Leal, salpican a la firma Venum Investments 2020, una “Panama Paper”, y al fondo financiero Patria del Brasil, que forma parte de los capitales extranjeros que han comprado muchas clínicas en el país.
El descuadre, no obstante, es mayor. Se visualiza cuando se miran los presupuestos ejecutados del Fomag, tanto de los ingresos como de los gastos, y se compara 2024 con 2023. En este año, antes de implantarse el nuevo modelo, entraron $2,87 billones para salud y salieron $3,37 billones; es decir, faltó medio billón de pesos, que se trasladó al periodo siguiente. No fue lo único, a los antiguos operadores se les adeudaban otros $1,24 billones, pendientes de conciliación.
Lo más espinoso es que la ministra Gloria Inés Ramírez, según acta del Fomag del 15 de febrero de 2024, dejó constancia de que la Fiduprevisora, por encima de ese Consejo Directivo, decidió pagar la plata adeudada y se le advirtió que no podía hacerse por el Fondo. ¿Con qué dinero se pagó entonces, si en esa sesión no se aprobó? Preguntarlo es pertinente porque, pese a lo decidido entonces, el valor de la conciliación sí salió del Fomag.
En 2024 se repitió el déficit, no solo por este pago inexplicable, sino porque el inicio del “nuevo modelo” trajo costos logísticos por $489.000 millones, y los mayores costos en los servicios, prestados al detal por las 2.562 IPS contratadas, fueron de $1,04 billones más de lo que se había presupuestado. Al final, al aforo inicial de $3,47 billones, le sobrevino un gasto efectivo de $5,89 (www.asivamosensalud.org, Portafolio, 27/2/25).
El desmadre que ya se acerca a $3 billones, conocido por este columnista gracias a los documentos acopiados por la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio, que coordina Arias, obliga a los directivos de Fecode a dejar de decir que la culpa es de la “improvisación” o de que les “incumplieron las promesas”. El desastre era previsible.
Deben, fuera de buscar un servicio digno y oportuno, exigir de su patrón, el presidente Petro, más recursos, puesto que, de no lograrlo, al magisterio lo atenderán hasta cuando alcance la plata. Que sirva tan disparatado ensayo para la discusión de la reforma a la salud en el Senado.
