La señal

El Estado de Derecho (Rule of Law) es el principio fundamental de los sistemas democráticos. Significa que todos –gobernantes y ciudadanos, por igual– están sometidos a la ley; que las normas deben ser claras y justas, y que las decisiones del Gobierno deben basarse en criterios legales, no en arbitrariedades. Desafortunadamente, en el marco de la Convención Bancaria, las declaraciones de un destacado funcionario del Gobierno Petro dieron nuevamente señales de que esta administración no lo ve así.

La semana pasada tuve la oportunidad de conversar y moderar un panel con Paul Romer, premio nobel de economía, en Cartagena. Romer, reconocido economista estadounidense, ha visitado Colombia en múltiples ocasiones y conoce bien el país. Es experto en el llamado crecimiento endógeno y sostiene que la ruta hacia el progreso económico sostenido depende de la acumulación de conocimiento, innovación y tecnología. Un privilegio.

El profesor Romer, ante el auditorio de la Convención de Asobancaria, hizo una presentación sobre el camino hacia el éxito económico nacional, en la que planteó cinco pilares indispensables: Estado de derecho (Rule of Law), estabilidad macroeconómica, acumulación de capital físico y humano, innovación e implementación de las mejores tecnologías.

El panel –al cual fui generosamente invitado– tenía como objetivo discutir cómo mejorar la productividad. Era una conversación con el riesgo de volverse excesivamente técnica, pero el propio Romer se encargó de aterrizarla con claridad.

Su exposición hizo especial énfasis en el primer punto: para que haya productividad y crecimiento económico se requiere un entorno institucional que incentive la inversión, el crecimiento y la competencia. Para ello, es determinante –entre otros factores– el respeto a los contratos, la existencia de reglas claras, instituciones fuertes y el imperio de la ley. Romer también subrayó los peligros de los líderes autoritarios que, en nombre del pueblo, atropellan el Estado de derecho, justificando sus acciones como la única vía para lograr resultados, una tentación global que conlleva el riesgo de sacrificar democracia a cambio de supuestos avances.

Ante la claridad y pertinencia de su exposición, decidí preguntarle al panel –antes de entrar de lleno en el tema de productividad– cómo garantizar el Estado de derecho en lo que queda de este Gobierno, considerando la situación actual. Me pareció adecuado comenzar con César Ferrari, superintendente financiero, haciendo alusión a un episodio que él conoce bien como peruano: la forma en que Alberto Fujimori, en 1991, decidió cerrar el Congreso para avanzar con sus objetivos de Gobierno, pese a lo antidemocrático de su decisión.

Y fue entonces cuando ocurrió lo sorprendente. Ante todo el auditorio, el profesor Ferrari respondió: “Depende de qué Estado de derecho”. Una afirmación que, por sí sola, contradice la esencia misma del concepto. Pero él –doctor por la Universidad de Boston– no intentaba eludir la pregunta. Con su respuesta, tan inteligente como preocupante, nos estaba diciendo que, para este Gobierno, la ley es irrelevante.

Ese detalle, que para muchos pudo pasar desapercibido, constituye una señal gravísima: este Gobierno parece estar convencido de que puede pasar por encima de la Constitución, porque lo que –según ellos– debería regir al país no es el Estado de derecho, sino el deseo popular.

Gravísimo.

Ferrari lo dejó claro en Cartagena. Su señal, aunque presentada con sutileza y tono académico, es una advertencia evidente sobre el rumbo que este Gobierno y sus militantes quieren imponer al país: la ley no importa, lo que importa es el pueblo. Y el pueblo soy yo. Y yo lo puedo todo.

Luego en el panel intentaron hablar de productividad, pero para mí todo estaba acabado. Si este Gobierno no cree en el Estado de derecho, tal y como lo había expresado Romer al principio de la charla, no hay nada de qué hablar.