La tragedia del Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguizamo no puede quedar reducida a un episodio doloroso más en la larga lista de sacrificios silenciosos que el país parece haber normalizado. La muerte de 69 militares no es solo una pérdida irreparable para sus familias y para la institución; es, sobre todo, un llamado profundo a la conciencia nacional y una alerta estratégica que compete al Estado.
La tesis es clara y debe plantearse sin rodeos: cuando una nación se acostumbra a sus tragedias, renuncia también a aprender de ellas; y cuando no aprende, las repite.
Este siniestro no puede abordarse únicamente desde la conmoción o el homenaje —necesarios, pero insuficientes—, sino desde una revisión rigurosa de las condiciones estructurales en las que operan nuestras Fuerzas Militares. Implica preguntarse, con serenidad pero sin evasivas, por el estado real de las capacidades aéreas, los estándares de mantenimiento, la gestión del riesgo operacional y, sobre todo, por el nivel de prioridad que el Estado le otorga a la seguridad y a quienes, con honor, la garantizan.
Mucho se ha especulado sobre las posibles causas, en medio de un ambiente enrarecido donde no faltan quienes, desde la cómoda tribuna de la crítica, se presentan como expertos y emiten juicios de valor apresurados. En ese contexto, lanzar hipótesis o formular señalamientos antes de que concluyan las investigaciones —que deben ser adelantadas por personal calificado y sustentadas en evidencia técnica e incluso científica— no solo es imprudente, sino profundamente irresponsable.
Por eso resulta aún más preocupante que quien haya incurrido en este comportamiento sea, precisamente, el presidente de la República. En un consejo de ministros lanzó señalamientos y descalificaciones sobre lo sucedido, anticipándose a cualquier conclusión técnica.
Inicialmente, afirmó que los soldados en la frontera trabajaban para otros países, en una alusión directa a Estados Unidos, uno de los principales destinos de la droga producida en Colombia. Posteriormente, señaló como responsable al gobierno del presidente Duque, argumentando que se había adquirido “chatarra” al referirse a los aviones Hércules. Sin embargo, omitió precisar que estas aeronaves fueron entregadas bajo esquemas de cooperación internacional y sometidas a rigurosos procesos de inspección, mantenimiento y puesta a punto financiados con recursos públicos, lo cual garantiza su operatividad bajo estándares técnicos. Tampoco mencionó que, aunque el proceso se estructuró en el gobierno anterior, la incorporación de estas capacidades se materializa en la actual administración.
Aún más desconcertante resulta que el presidente, con apreciaciones ligeras, desestime la información presentada por la autoridad técnica competente: el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Insistir, pese a ello, en la narrativa de que lo adquirido fue “chatarra” no solo desinforma, sino que erosiona la confianza institucional en un momento que exige rigor, prudencia y respeto por quienes sirven a la patria.
Contrasta esa postura con la actitud solidaria de la gente humilde de Puerto Leguizamo. A pesar de sus severas limitaciones de acceso —una geografía que restringe su conectividad casi exclusivamente al transporte aéreo y, de forma intermitente, al fluvial—, no dudaron en actuar.
Sin medir riesgos y movidos por un profundo sentido de humanidad, llegaron al lugar del siniestro y fueron decisivos en el auxilio de varios de los sobrevivientes. La misma entrega demostraron los pocos operarios de los limitados centros de salud, que respondieron a la emergencia con los escasos recursos disponibles. En medio de la adversidad, demostraron que el espíritu solidario de Colombia se mantiene.
Gracias al amplio cubrimiento periodístico, el país pudo constatar, una vez más, la dimensión del sacrificio que asumen a diario nuestros soldados. Ese reconocimiento ciudadano no es casual: responde a una vocación silenciosa de servicio en la que, con muy poco, lo entregan todo. Arriesgan su vida en cumplimiento del juramento a la bandera, sirviendo con honor en los rincones más apartados de la patria, allí donde muchos no llegan, pero donde ellos siempre están.
Precisamente por eso, aquí está la lección más importante. El mejor homenaje a quienes han caído y a quienes continúan en la línea del deber no es la retórica, sino la decisión firme de aprender y corregir, para reducir al máximo la probabilidad de que tragedias como esta se repitan.
Es el momento de una revisión rigurosa y sin concesiones: de las misiones que se asignan, pero, sobre todo, de la logística que las soporta, en especial la capacidad de movilidad aérea. Colombia no puede seguir operando en condiciones donde la seguridad dependa, en gran medida, de la pericia individual de sus tripulaciones. Zonas como Puerto Leguizamo —y muchas otras en la periferia del territorio nacional— evidencian una realidad crítica: pistas no controladas, infraestructura limitada y entornos operacionales de alto riesgo, como ocurre también en amplias áreas del litoral Pacífico.
Hoy Colombia tiene una decisión inaplazable: honrar a sus héroes con hechos y no con discursos. Los 69 hombres que perdieron la vida no son una cifra; son símbolo del compromiso supremo con la Nación, de ese patriotismo silencioso que se expresa en el deber cumplido, incluso a costa de la propia vida.
El verdadero patriotismo se demuestra protegiendo a quienes nos protegen. No puede haber más excusas ni dilaciones: garantizar condiciones seguras para nuestras Fuerzas Militares es un deber moral, estratégico y profundamente nacional.
Que esta tragedia no sea en vano. Que su sacrificio marque un punto de quiebre en la historia reciente del país. Porque cuando Colombia honra de verdad a sus soldados —cuidándolos, respaldándolos y dignificando su labor—, honra también su propia dignidad como nación.
Ese es el homenaje que realmente merecen.