Libertad y democracia

Aunque todos lo sabemos, conviene con frecuencia recordar, y recordarnos a nosotros mismos, que la democracia ya desde sus orígenes clásicos y hasta hoy, se basa en el gobierno del pueblo que, como constituyente primario, es el poseedor siempre de su titularidad y su prioridad principal siempre será el bienestar y tranquilidad de la población urbana y rural.

La democracia representativa —ese modelo que nos hemos dado— supone la delegación que el pueblo hace, mediante su voto, a sus representantes legales. Quienes, a su vez, tienen el deber democrático y ético de responder y rendir cuentas del mandato para el gobierno del bien común que se les ha otorgado por un tiempo determinado.

Ese voto unipersonal —no delegable— se da mediante el ejercicio libre de cada ciudadano, gracias a su capacidad de alcanzar y ejercer su derecho a pensar y decidir al margen de medidas coercitivas, con responsabilidad plena y autónoma de sus actos, basados en esa libre determinación.

En ese camino, es bueno anotar que prácticas antidemocráticas, como la corrupción y la compra de votos, son contrarias al derecho universal de los pueblos a ejercer el voto de manera libre y soberana, pues coartan ese derecho y terminan por desfigurar el verdadero significado de una democracia.

He aquí, por tanto, el binomio indivisible que une libertad y democracia. Una unidad de dos elementos, cuya simple lesión de uno de ellos, supone la falla de los dos; de modo que no se podría entender ni conjugar el término democracia con el de esclavitud y autoritarismo, por poner dos simples ejemplos.

De igual manera, desde sus orígenes, la democracia se entiende como el gobierno de las mayorías, y esto supone que, en nuestro país, sin ir más lejos, nuestra democracia se basa en reglas que permiten a las mayorías programas de gobierno que entienden adecuados o convenientes para el bien común de la nación. Ello no supone alienar a las minorías de sus propuestas, críticas o planteamientos que, también de forma reglada y normalizada, puedan promover como alternativas aparte de esos programas de gobierno puestos en práctica por la mayoría. Sencillamente, son las propuestas de lo que llamamos oposición.

La base del respeto a estas normas que —como digo— permiten decisiones y críticas a ellas, debe ser la base para el bien común.

Como es obvio y sabido, nuestra democracia, como todas, se dota de poderes y, por consiguiente, de pesos y contrapesos que facilitan tanto las decisiones como las críticas, y que deben estar precedidas por el diálogo constructivo entre diferentes, buscando que las razones de Estado sean el resultado de la unidad en la diferencia y presididas por valores éticos.

Señaladamente, debo decir que los poderes que conforman la democracia, tales como el poder judicial o el de los medios de comunicación, deben estar igualmente regulados y dirigidos por comportamientos éticos que se alejen de las injerencias que puedan perturbar el buen gobierno en su ejercicio político.

Una reflexión que tenemos que hacernos a diario en Colombia es como pueden los diversos medios de comunicación contribuir más a la lucha contra la corrupción, el despilfarro, las descalificaciones y al desarme de la palabra, como parte del deber que tenemos todas las personas de contribuir siempre al desarrollo de una cultura de paz y de reconciliación nacional.

En ese orden de ideas, debemos pensar y analizar muy bien, cómo vamos a contribuir en el 2026, a elegir un presidente o presidenta de la República, con su respectiva fórmula vicepresidencial, que durante su vida personal y pública haya demostrado tener nortes éticos y que con su ejemplo de vida haya contribuido y esté contribuyendo al logro de una Colombia libre de corrupción, de violencia y con caminos muy definidos en favor del derecho de la población urbana y rural a vivir mejor, en libertad y en democracia.