Lo injusto se repara con lo justo

La injusta situación social y la irracional violencia que está viviendo la población urbana y rural en centenares de municipios colombianos demanda del Gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, municipales, de la comunidad internacional y de todos nosotros y nosotras, acciones justas de alivio social. Pero también una urgente política pública de diálogo y presupuesto participativo en cada municipio, donde la población es víctima de la prepotencia e irracionalidad militarista de los grupos guerrilleros denominados ELN y disidencias de las Farc.

Dichas acciones criminales, con los denominados paros armados, en nada se distinguen de las prácticas salvajes y de muerte de los grupos paramilitares en Colombia y menos de las realizadas por el fascismo en Europa o por las hordas de criminales racistas del Ku Klux Klan en los Estados Unidos.

Como en la vida he aprendido que lo injusto se repara con lo justo, me permito sugerirle al presidente Petro y a su equipo de gobierno que promuevan, antes de finalizar el presente mes de febrero, diálogos sociales para estimular iniciativas humanitarias. En esos diálogos es fundamental la participación de los gobernadores departamentales y de los alcaldes municipales de las diversas regiones del país, donde la población sufre las graves consecuencias de tan dolorosos e injustos dramas humanitarios.

Considero que, en dichos diálogos y acciones humanitarias, se incluya también a sectores empresariales, sociales, educativos; a las fuerzas militares y de policía; la Iglesia católica y otras comunidades cristianas y medios de comunicación.

Paralelo a ello, y en complemento a las diversas iniciativas humanitarias del gobierno nacional como de la población civil, debe promoverse una red solidaria y de pronto socorro con todas las personas afectadas por tan doloroso drama humanitario; donde instituciones como la Cruz Roja nacional y las fuerzas militares y de policía, pueden jugar un papel muy importante en la coordinación de las diversas acciones solidarias.

Esas son— como mínimo— las acciones que los pueblos de las regiones del Catatumbo, del Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, como también de Arauca y de otras partes de Colombia, están esperando del Estado colombiano y de las personas que afortunadamente no estamos viviendo de manera directa tan dolorosa situación.

Reiterando que lo injusto se repara con lo justo, es necesario que se haga saber a los integrantes de los grupos armados ilegales del ELN y disidencias de las Farc que el país no está de acuerdo con su violencia y que les digamos públicamente “basta ya” de tanta violencia y terror contra el Estado colombiano y su población urbana y rural.

Igualmente, que los invitemos a reflexionar sobre sus crueles prácticas militaristas y para que, si les queda algo en su corazón y en sus mentes de los nortes éticos del humanismo, tomen la decisión más revolucionaria, en los actuales momentos, como es la de abandonar todas sus acciones violentas en Colombia y de contribuir así al derecho legítimo de la población a vivir mejor, en paz y de manera reconciliada en nuestro país.

En ese orden de ideas, y como no existe violencia mala o violencia buena, debemos también exigir a los grupos paramilitares y del narcotráfico que pongan fin a toda su actividad criminal y violenta.

En tal sentido, como ‘no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista’, creo que la lucha contra la violencia y sus principales aliados: la corrupción y el narcotráfico, solo es posible ganarla con democracia y más democracia, pero, ante todo, con la coordinación interinstitucional y con el ejemplo de vida transparente y de reconciliación de todos los servidores públicos; principalmente de los que más responsabilidades administrativas y de seguridad tienen en el Estado o de los que aspiran a ser elegidos en el año 2026 al Congreso, Presidencia o Vicepresidencia de la República.