Los 30 años de la Corte Constitucional: para recuperar la confianza

El jueves 17 de febrero la Corte Constitucional celebró sus treinta años de funcionamiento con un evento en el que se hizo el lanzamiento del documental conmemorativo. El evento se hizo de manera presencial en el elegante Teatro Colón y contó con nutrida asistencia, si bien la mayoría eran jóvenes empleados de la misma Corte.

Confieso que me tenía completamente fascinada la figura de Martha Sáchica, tan articulada e inteligente y líder después de treinta años de trabajo en la misma Corte en la calidad de secretaria general y esporádicamente como magistrada encargada. El documental, de hecho, empieza en su relato y la muestra cuando era una joven abogada que asumía coordinar el trabajo de tan solo siete magistrados y otras treinta y cinco personas.

Me conmovió que ya hubiesen muerto tantos magistrados, casi sin darnos cuenta, y verlos como eran cuando yo era apenas una recién graduada de Derecho que ofrecía mi fuerza de trabajo para leer incansablemente sentencias de tutela.

En esta columna, no obstante, quiero concentrarme en el discurso de Cristina Pardo y su llamado a la reflexión. La actual Presidenta de la Corte Constitucional, por muchos años magistrada auxiliar en la misma Corporación, se detuvo en lo que aparentemente es una crisis de larga duración para la justicia: la pérdida del prestigio y la estima ciudadana. Creo que vale la pena resumir los principales puntos de la magistrada y retomarlos como parte de la tarea de celebrar el trabajo de la Corte y conmemorar su existencia.

Pardo insistió en que los ciudadanos han perdido la confianza en la justicia y que esto era muy preocupante. No dio citas exactas ni explicó de dónde venía su convicción. Pero la evidencia es apabullante. Cuando por primera vez vi cifras sobre la percepción de la justicia en Colombia, en un evento sobre género en el que había colegas de varios países de América Latina, el caso colombiano resaltaba porque la Corte Suprema de Justicia era la institución con más credibilidad en el país. No recuerdo la fuente, pero sí la sorpresa y envidia de las chilenas.

Después de escuchar a Pardo me fui a revisar los datos del Barómetro de las Américas: https://obsdemocracia.org. De acuerdo con esta encuesta, que se hace a ciudadanos y cuenta con muestras representativas, en 2004, un 63 % de los encuestados calificaba el sistema de justicia con cuatro o más sobre siete (donde uno es ninguna confianza y siete es mucha) y en 2020 solamente un 44 % de ellos daba un similar reconocimiento.

Interesantemente, las mujeres confían más que los hombres, los viejos más que los jóvenes y los de la región central más que los demás. Según esta misma fuente, la confianza en el Presidente llegó a 51 % en 2020, la de la alcaldía es de 60 % y la del Congreso es de 35 % este mismo año (estas cifras corresponden a quienes asignan un valor de cuatro o más en la escala de confianza.

La magistrada enumeró algunos de los elementos que, a su juicio, contribuyen a esta crisis de confianza: la naturaleza de los temas abordados por la Corte, los casos de corrupción y la falta de recursos. Pardo indicó, razonablemente, que las decisiones adoptadas por la Corte como respuestas a “complejos” litigios estratégicos, terminaban protegiendo a grupos marginados y creando enemistades entre las mayorías.

A su favor hay que decir que fue clara y determinante en señalar que este costo era uno que la Corte debía aceptar si iba a seguir defendiendo la Constitución y el proyecto de igualdad, diversidad y pluralismo que ella involucra.

En relación con la corrupción fue más dura. Aunque el trauma del caso de Jorge Pretelt ya parece ser cosa del pasado, la magistrada habló de las filtraciones de ponencias que exponen a la Corte a influencias indebidas y les dan ventajas a unos medios informativos sobre otros. Si bien la opinión no percibe de la misma manera el daño al prestigio de la Corporación, es importante la mirada interna que asume que la percepción ciudadana es más benévola de lo que realmente resulta ser.

Finalmente, Pardo dio cifras preocupantes sobre el tamaño del equipo con el que la Corte trabaja y el impacto de la precariedad sobre la calidad del trabajo, específicamente, sobre la prontitud en la respuesta. Si bien los más de 200 empleados y 140 voluntarios que mencionó la magistrada representan un cambio enorme frente a los 42 que se posesionaron en 1992, son pocos si se los compara con otras cortes en el mundo y con el trabajo que les está encargado.

Pardo indicó que el impacto más significativo de esta escasez de recursos es no poder decidir dentro de los términos fijados constitucionalmente o hacerlo, pero no publicar la decisión sino mucho tiempo después.

Quiero agregarle al panorama esbozado por Pardo un elemento que considero muy pertinente para el llamado que hace la magistrada a recuperar la confianza en la Corte Constitucional. El reto que uno podría identificar en la Corte que va a renovarse este año y empezar una nueva década es el de la rutinización de la tarea constitucional. Ya no se cuenta con la energía excepcional de la fundación y tampoco con los liderazgos que marcaron la segunda década de la Corte. La consolidación o rutinización es mucho menos elegante y espectacular, pero igualmente importante. La solidez de la permanencia, la certeza de la prudencia y la claridad de las posturas son elementos claves para la recuperación de la confianza. Tanto o más que los recursos económicos.