Manipulación jurídica

Antes de realizar el análisis legal de ese documento, conviene precisar que el objetivo que persigue Petro es doblegar al Congreso y, en particular, al Senado, por resistirse a votar a favor unas propuestas de su gobierno. Para este fin, ha acudido a la movilización callejera en distintas partes del país. Como en Bogotá las marchas llegan hasta el edificio que lo alberga, justamente en el momento en que está previsto votar una propuesta suya que rechaza, es evidente que la intención es intimidar a los parlamentarios.

Como “nada nuevo hay bajo el sol”, recordemos el 17 de octubre de 1922, que es la fecha culminante en el proceso adelantado por Benito Mussolini para derrocar la monarquía constitucional en Italia. En horas de la noche, unos 30.000 fascistas, a los que comandaba con mano de hierro, marcharon sobre Roma para exigir al rey Vittorio Emanuele III la renuncia del primer ministro y el nombramiento para ese cargo del propio Mussolini. El rey claudicó y ese fue el comienzo de la dictadura del Duce, que solo cesó con su muerte. No se requiere mucha imaginación para apreciar las semejanzas entre aquel monarca cobarde y el valiente Senado de Colombia, y entre aquellas masas y las que siguen a nuestro mandatario.

Las similitudes entre ambos caudillos son muy interesantes. Decía Mussolini: “El fascismo es totalitario, y el Estado fascista —síntesis y unidad que incluye todos los valores— interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo”. Sustituyan dos términos de esta frase y quedará adaptada a nuestra realidad.

Ahora estamos en Alemania en 1933. Paul von Hindenburg, un anciano estadista y héroe de la Primera Guerra Mundial, es el presidente de una república parlamentaria reconocida por su respeto a las libertades ciudadanas. Con el fin de apaciguar a Adolf Hitler, cuyas actuaciones violentas crecían día tras día, acepta nombrar canciller al líder de los nazis. Ese fue el comienzo de la dictadura que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Las simetrías históricas saltan a la vista con nuestra atribulada nación.

Vayamos ahora a las cuestiones jurídicas, que no son meras formalidades, como lo afirma Petro. Por el contrario, el respeto a las normas es la esencia del Estado de derecho. Se ha dispuesto que el 18 de marzo sea un día cívico durante el cual un amplio sector de empleados públicos del orden nacional no tendrían que trabajar. El propósito de esta dispensa consiste en “garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente a favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad”.

Noten la profunda tergiversación de la democracia en que incurre el decreto. La invitación a los ciudadanos no es a que expresen con libertad su postura con relación a unas reformas sociales que no se precisan: no, en absoluto. Lo que se pretende es que salgan a las calles únicamente sus partidarios. Es lo que ya sabíamos: Petro no gobierna para todos, lo hace solo para quienes le son fieles. Que lo diga, como suele hacerlo, en sus trinos y discursos, ya era grave. Que lo reitere en un decreto, que tiene control judicial, es todavía peor.

¿Cómo se atreve a tanto? Es una pregunta obvia que el decreto resuelve con claridad: “Que en las votaciones del pasado 19 de junio de 2022, el pueblo colombiano expresó su voluntad mediante el ejercicio del derecho al voto y escogió al Gobierno del cambio para que impulsara de manera real y efectiva sus propuestas y lograra la materialización de las reformas anheladas”.

Olvidan Petro y sus áulicos el artículo 133 de la Constitución: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”. Cómo entienden ellos estos valores —añade la Constitución— es cuestión por la que responden “políticamente ante la sociedad y frente a sus electores”. No ante un gobernante cuyas veleidades totalitarias son evidentes.

Esta es una querella de enorme importancia. El presidente actúa como si la representación popular fuera un privilegio suyo. Como si el Congreso fuera un poder subordinado y el pueblo no concediera la representación de sus anhelos tanto a uno como a otros. Como si no existiera la separación de poderes que tan incómoda le resulta. Por eso temo que el actual conflicto entre el Gobierno y el Parlamento es insoluble y que tenderá a agudizarse.

Con el ostensible propósito de confundir, el decreto divaga sobre las nociones de orden público y derecho a la protesta, pero se abstiene de elaborar lo que era ineludible: ¿cuál es el origen de la competencia gubernamental para decretar un día cívico? Se limita a mencionar, sin elaboración conceptual ninguna, una disposición que encarga a las autoridades de Policía la solución de los conflictos de convivencia. Haga usted de cuenta los que ocurren entre vecinos por exceso de ruido en sus fiestas, por las impertinencias de algún invitado que se excedió en el consumo de café, o por arrojar basura a las calles. Nada que ver con el objetivo del decreto.

Al finalizar la parte normativa, se definieron algunos servicios públicos suministrados por el Estado cuya prestación no podría suspenderse durante el día cívico. No se incluyeron los colegios oficiales. No importó que la calidad de la educación que en ellos se imparte sea de inferior a la que suministran los establecimientos privados (en los que los sindicalistas educan a sus hijos). Por el contrario, para asegurarse la fidelidad de los militantes de Fecode, hace unos pocos días se disminuyó la jornada laboral de los maestros oficiales. Una perla más: el ministro del Trabajo ha dicho que el día cívico aplica igualmente al sector privado. Es falso. No se tomó el trabajo de leer el decreto en el que estampó su firma.

Imagino que el decreto, así se hayan agotado sus efectos, será suspendido y, luego, anulado, por el Consejo de Estado. Es bueno que así acontezca para evitar futuros abusos.

Sin embargo, finalizo con una consideración más general y un tanto pesimista. Vislumbro un recrudecimiento de las actuaciones ilegales del Gobierno, frente a las cuales la respuesta de los jueces puede resultar ineficaz. No solo porque los procedimientos judiciales son, por naturaleza, lentos, sino por la avalancha de nuevos casos. Es indispensable una actuación política mucho más vigorosa de los sectores de oposición.