¿Mauricio Cárdena es un falsario?

El senador fue acusado por presionar al ministro. El ministro negó haber sido presionado. De todas maneras el senador fue condenado. Esa es la nuez de la sentencia dictada en abril por la Corte Suprema de Justicia contra el exsenador Antonio Guerra de la Espriella, condenado a 138 meses de prisión (11 años y medio).

En 2012, Odebrecht obtuvo del Gobierno un favor muy importante. Se discutía una reforma tributaria que aumentaría los impuestos del consorcio Ruta del Sol II en 60 millones de dólares. Odebrecht consiguió que se le siguieran cobrando los impuestos anteriores y el Gobierno firmó al efecto un contrato de estabilidad jurídica. Esos contratos fueron abolidos en la reforma de 2012, salvo los que se venían tramitando.

Según la Corte, Antonio Guerra “abordó en reiteradas oportunidades al ministro de Hacienda para que accediera a aprobar en un corto tiempo la celebración del contrato de estabilidad jurídica”. Según la Corte, Antonio Guerra “no tuvo ningún reparo en utilizar indebidamente su investidura para presionar veladamente al ministro Cárdenas Santamaría”.

Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda de 2012 a 2018, declaró bajo juramento ante la Corte: “No fui objeto de ninguna presión por parte del exsenador Guerra o de cualquier otro congresista”. Agregó: “No recuerdo que el doctor Antonio Guerra me haya solicitado una cita para hablar de ese tema, no recuerdo que me lo haya mencionado, en ningún momento hice alguna averiguación sobre ese contrato de estabilidad jurídica, de hecho yo me vine a enterar de este contrato de estabilidad jurídica mucho tiempo después, de manera que no, no recuerdo que el senador Guerra me haya planteado ese tema”.

La Corte descalificó al ministro: “Los testimonios de Cárdenas Santamaría no ofrecen credibilidad”. En ese caso, la Corte tenía que probar por otros medios que el ministro sí fue presionado. Pero no lo hizo. No basta con afirmar que su declaración no es creíble. La Corte tampoco lo denunció por falso testimonio.

Señala la sentencia: “Siendo, por tanto, impensable que sabiendo la magnitud del contrato que se pretendía estabilizar y conociendo de antemano sus responsabilidades constitucionales y legales, el entonces ministro de Hacienda no se hubiera interesado siquiera por averiguar el estado de la solicitud como tampoco el sentido de la decisión”. Esta es una suposición sin valor jurídico. Los hechos no se niegan diciendo que algo es impensable. Se requieren pruebas, no opiniones.

Hay otra afirmación deleznable de la sentencia: “No es creíble que tanto el ministro de Hacienda como el de Comercio, Industria y Turismo hayan delegado la toma de la decisión en dos viceministros y se hubieran desentendido por completo del asunto”. En este punto, la Corte desconoce los hechos, pues Cárdenas entregó a la Corte la resolución 837 de 2009 que delegó en el viceministro técnico de Hacienda lo relativo a los contratos de estabilidad jurídica. Precisó Cárdenas: “No fui miembro del Comité de Estabilidad Jurídica, la función había sido delegada años antes y se mantuvo así en cabeza del viceministro o viceministra técnico. De manera que no formé parte de sus deliberaciones, de su análisis, de sus estudios, de las razones que haya tenido para tomar las diferentes decisiones con respecto a este o cualquier otro contrato de estabilidad jurídica”.

Según la Corte, Antonio Guerra recibió 200 millones de pesos. Él negó haber recibido el pago. En el expediente no existe prueba documental en su contra, solo el testimonio del exsenador Bernardo Elías –el Ñoño Elías–, quien afirma que le dio 200 millones de pesos en efectivo a Guerra. Es la palabra de un senador contra la de otro senador. La Corte adhirió al Ñoño: “Tampoco se evidencia un patrón de conducta que indique que Elías Vidal es proclive a la mendacidad”. Todos pueden mentir, el Ñoño, Guerra, el ministro.

La justicia penal no puede condenar si no hay certeza plena. La Corte tenía una salida distinta: abstenerse de condenar. Optó por crearle al Ñoño una aureola angelical, porque su testimonio le servía para condenar, y al ministro Cárdenas una gratuita, caprichosa y no demostrada estela de falsario, porque su testimonio contraría al Ñoño. No es esto lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia.

El Ñoño Elías reconoció haber recibido de Odebrecht sobornos por 17.900 millones de pesos. La Corte lo condenó en 2018 a 80 meses de prisión (seis años y ocho meses). Antonio Guerra, que niega haber recibido 200 millones de pesos del Ñoño, fue condenado a 138 meses de prisión. Si se tasa la pena por la sentencia del Ñoño, Antonio Guerra solo tendría que pagar menos de un mes de cárcel. Si es al revés, el Ñoño pagaría 12.531 meses de prisión, o más de mil años. Con estos bandazos queda probado que la Corte no es creíble.