¡Ni un botón!

Fue la progresía santista, la misma que se reunió en Villa de Leyva el pasado fin de semana, en el cóctel de vanidades más grande del calendario, a dar lecciones de paz y a posar de voceros hipócritas del orden y la seguridad con Claudita a la cabeza, quienes empezaron y validaron lo que hoy se ha vuelto paisaje: el secuestro de unidades de la Fuerza Pública por parte de comunidades cocaleras.

No esperen aquí eufemismos hipócritas. Las “asonadas cocaleras” configuran secuestro extorsivo. Lo que sucede cuando se produce el atentado terrorista de inhabilitar la acción de una unidad de patrullaje o combate de la Fuerza Pública implica un gravísimo concurso de delitos y así debe ser tratado por el Estado, imputado por la Fiscalía y reconocido por los jueces. Y no hay duda de que la finalidad es terrorista, en concurso agravado.

Por lo menos implica ocho graves delitos: secuestro extorsivo (art. 169), Terrorismo (art. 343), Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas (arts. 365–366), Violencia contra servidor público (Fuerza Pública art. 429), Amenazas contra servidor público (Fuerza Pública art. 347), Injuria y calumnia contra servidor público (arts. 220–221), Perturbación de acto oficial (Fuerza Pública art. 429A (Ley 2197/22), atentado contra servidor público (Fuerza Pública art. 429B Ley 2197/22).

En concurso real (art. 31 C.P.), las penas se acumulan hasta el tope máximo legal de 60 años de prisión (art. 37 C.P.) en el contexto de los fines terroristas y ojo, no les aplican beneficios penitenciarios ordinarios (Ley 1908/2018).

Esto no juego ni aplican eufemismos progresistas o del narcogobierno de Petro. Las comunidades que vemos en los recientes secuestros de las tropas no están “instrumentalizadas” son partícipes del narcotráfico, interesadas y corruptas. Están participando en la cadena de valor del narcotráfico o la minería ilegal, a ciencia y paciencia y enriqueciéndose de una actividad ilegal.

No más relativizaciones. No más condonaciones. No más mentiras y debilidades. Los enclaves altamente productivos de cocaína u oro ilegal están destruyendo la fibra moral de las regiones, arrasando el medioambiente con talas, ácido sulfúrico y mercurio, secuestrando la economía y sustentando el siniestro plan promovido por Petro y las guerrillas de sustentar el falso control territorial por parte de las comunidades.

Es una estrategia en la cual coinciden de manera siniestra Petro, el ELN, las Farc y las mafias del Clan del Golfo, Sinaloa o Nueva Generación, para sustentar control territorial y reivindicación soberana, en particular en las zonas de frontera terrestre, marítima y fluvial donde se desarrolla el tráfico, adyacentes o parte de enclaves de alta productividad cocalera como el Putumayo, el Patía o el Catatumbo.

Y ahora, con el pacto de Doha, Petro le cede oficialmente al clan del Golfo el control del acceso al golfo de Urabá y al Chocó, indiferente a la sangría por venir en ese departamento controlado por el ELN. El abandono de estas comunidades a las garras del Golfo es, y será perseguido, como un crimen de lesa humanidad acumulado en la larga lista de estos crímenes de Petro en el Catatumbo, Caquetá, Arauca, Meta, Nariño, Putumayo o Huila y, claro, se agregarán a la destrucción del sistema de salud.

Pero Petro no inició, ni está solo, en este despropósito marcado de manera estratégica por la tolerancia, y vaya uno a saber promoción, del secuestro de nuestras tropas. Fueron Juan Manuel Santos y toda su caterva de validadores a sueldo en la prensa, la academia y la política que, a través de los acuerdos de La Habana y la construcción de la falsa retórica de la Comisión de Verdad, generaron el contexto político para legitimar la acción terrorista y abrieron el compás institucional para la expansión de la frontera de la coca y la minería ilegal y la captura de núcleos urbanos.

Pero muchos otros abrieron esta puerta con su pusilanimidad, su falta de criterio sobre el rol del Estado o su oportunismo político artero. Algunos, ocupados en sus temores, abrumados por su falta de carácter o su imagen internacional para la chanfa posmandato, otros preocupados por lo que digan Julio Sánchez o Juan Roberto Vargas, otros más como Claudia López, militantes del voltearepismo populista, no dudaron en llamar a sus queridos muchachos a la acción contra a la Policía y el corifeo, amante de Petro, Gustavo Bolívar, incitó expresamente al terrorismo contra la Fuerza Pública y se pasea impune por la administración pública y los foros gremiales dando lecciones de moral y posando de estadista.

Hoy ninguno de estos promotores de la injuria a nuestras fuerzas, al Estado y nuestra democracia asume responsabilidad por haber acuciosamente promovido nuestro tránsito a narco estado. Miran para otro lado. De ellos no se espera ningún propósito de enmienda. Solo recibimos artificios y mentiras para ocultar sus acciones pasadas de destrucción del orden y la moral pública.

Pero como lo muestran las encuestas en la sombra, las manifestaciones populares y el tráfico de las redes, los ciudadanos no olvidan ni son tan pendejos como las élites bogocéntricas lo creen o lo esperan.

A nuestra Fuerza Pública, en el próximo gobierno, no se le toca ni un botón. Y claro que impedir su acción será considerado como un delito de narcotráfico y terrorismo, por lo cual los “líderes” de las comunidades que promuevan estos secuestros pueden ir aprendiendo inglés para su futura extradición.