¡No hay cambio! Garrote y despojo minero a campesinos e indígenas de Quinchía

En 2004, en Quinchía (Risaralda), 1.290 hombres y 236 mujeres, agrupados en 12 asociaciones cooperativas mineras, se dedicaban a la extracción de oro. Lo hacían con técnicas artesanales, combinadas con la caficultura, una característica económica histórica local (Y. Salazar Duque, U. de Caldas, junio de 2022).

Hasta que llegó ese año la multinacional Kedhada, filial de AngloGold Ashanti (AGA), con el Proyecto Aurífero Quinchía, de10.500 hectáreas, que consta de 12 títulos de concesiones activas en los que se incluyen territorios indígenas. Afecta a 11 veredas, donde habitan los emberá karambá y emberá chamí, y a centenares de predios campesinos. Se montó encima de las pequeñas explotaciones existentes por generaciones.

Hacia 2010, AGA negoció con Seafield S. A. S. “ocho solicitudes de contrato de concesión minera”, que en 2022 aún estaban en trámite de evaluación técnica por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

(https://anglogoldashanticolombia.com/comunicado-de-prensa-4/9151/).

En 2016, la Seafield se volvió Miraflores Compañía Minera S. A. S., controlada por North Hill Colombia Inc., basada en las Islas Vírgenes Británicas, un opaco paraíso fiscal. Con “100 % del título de los pequeños mineros y 10 contratos más de concesiones” recibió un crédito de RMB Australia Holdings Limited (RMB) por 46,7 millones de dólares, “a cambio de explorar y explotar las concesiones como garantía del préstamo”, de acuerdo con una investigación del portal La Cola de la Rata para la organización periodista independiente Mongabay (Palma, Maritza, 2022).

(https://es.mongabay.com/2022/06/colombia-la-comunidad-indigena-embera-que-resiste-a-la-mineria-en-quinchia/).

Miraflores, al final filial de Los Cerros Limited (LCL), de propiedad de Metminco y Andes Resources Ltd., compañías australianas receptoras del crédito de RMB, se enfocó en actividades exploratorias para determinar el tamaño y las perspectivas del proyecto. Al sumar las reservas de oro de las zonas de Miraflores, Tesorito (vereda Veracruz) y de la vereda Dosquebradas, certifican un buen filón y otro más en Chuscal y Ceibal, también áreas en mira. Al conectar con la roca subyacente y calcular los gramos por tonelada de roca a distintos niveles de profundidad, LCL llega a 457.000 onzas en globo y estima que, a una cotización en las bolsas del mundo de 1.400 dólares y un costo de extracción de 647 por unidad, la tasa interna de retorno anual es del 28 por ciento y la inversión, a una tasa del 8 por ciento con un valor presente neto de 117 millones de dólares, tendría un periodo de recuperación en solo tres años y cinco meses. ¡Negociazo! ¿Cómo será a 10 años de concesión y con 3.200 dólares por onza, como sucede por la turbulencia Trump? Ganancias descomunales.

(https://www.lclresources.au/site/projects/quinchia-gold-project).

LCL acaba de vender el proyecto –por 10 millones de dólares– a Tiger Gold Corp., multinacional canadiense de desarrollos mineros de clase mundial, con directivos provenientes de Barrick, B2Gold, Yamana y AngloGold Ashanti, con disposición de “crear valor”, de explotar. Mientras giraba el carrusel de títulos por 20 años, del que las compañías extrajeron valor en el mercado especulativo, en Quinchía hay 3.700 pequeños mineros, ubicados en ríos y quebradas, y de filón, en laderas y montañas, con técnica más mecanizada, sin ser escuchados ni formalizados y acusados de “ilegales” y de financiación criminal.

Han sufrido un sinnúmero de operativos, fundamentados en “amparos administrativos” de Seafield, en los que son detenidos, pierden sus equipos y en uno de ellos, en el denominado Poseidón, en 2020, a orillas del río Opiramá, se quemó una vivienda familiar, aún no indemnizada. En otros se les obligó a cargar la maquinaria incautada; en 2023 se apresaron dos madres cabeza de hogar; en enero de 2025 fueron detenidos siete mineros en Irra y la maquinaria, destruida, y hace dos semanas otro más, en Juan Tapado, con decomiso y destrucción de equipos.

Tanto despojo se acompaña de la falta de consulta transparente con los emberá –con conocimiento previo e informado, como debe ser– y, mientras en la página de la Agencia Nacional de Minería (ANM) se dice que la licencia ambiental está en trámite, LLC dice que fue otorgada en octubre de 2023. ¿A quién creerle?

(https://www.lclresources.au/site/projects/quinchia-gold-project).

El Gobierno Petro da rienda suelta por doquier a la represión contra la pequeña y mediana minería, a la que califica toda de “criminal”, en no pocas veces asociado con la sección INL de la Embajada de Estados Unidos. Aplica una singular ley del embudo: ancho para grandes mineras transnacionales y angosto para pequeñas y medianas. Paradójico que en el Gobierno del “cambio” brille un nuevo dorado para el capital extranjero.