No más excusas, no más dilaciones

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, dice el viejo adagio. La Corte Constitucional finalmente le puso el ‘tatequieto’ al gobierno en defensa de los pacientes: dejó en firme los autos que había formulado sobre los presupuestos máximos, la insuficiencia y recalculo de la UPC de 2024 y le dio 48 horas para que pague los reajustes de los presupuestos máximos de 2022, reiterando el incumplimiento de mandatos que afectan la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Deberá generar una mesa de trabajo para concertar la UPC, desarrollar una herramienta que permita constatar la información, y cumplir todos los demás términos de los dos autos promulgados en el último mes.

Todo sucedió en medio de la caótica sesión del ‘viernes negro’ de la Cámara de Representantes, donde las aceitadas mayorías parecieron no querer —momentáneamente— hacer parte de los desafueros del Ejecutivo. No quisieron jugar al desastre y no votaron durante la sesión del viernes ni un solo artículo de la malhadada reforma a la salud. El tiempo dirá si es una decisión política o, de verdad, quieren finamente los representantes responderle al país en medio de la crisis más severa que haya atravesado nuestro sistema de salud.

¿Cuánta plata nos gastamos en tiempos de escasez de recursos convocando precipitadamente a unas sesiones extras que solo tramitaron siete artículos? Un derroche porque son recursos que deberían reservarse para las cuentas impagas de las EPS intervenidas por el gobierno. La crisis del sistema de salud no reside solo en su sostenibilidad, radica sobre todo en la destrucción de capital institucional y de servicios que, finalmente, afecta a los ciudadanos.

Increíblemente, se justificaba el no cumplimiento de las órdenes derivadas del auto —que requirió el ajuste de la UPC— argumentando que ordena llamar a las EPS e IPS, como un proceso que implicaría ‘tener que llenar el estadio El Campin’ con las casi 12,000 IPS que existen en el país. Por otro lado, arguyendo la necesidad de hacer un ‘estudio técnico’ para el ajuste al cálculo de la UPC.

La futilidad inunda. En primer lugar, el estudio técnico se debió hacer a lo largo de 2024, pero el propio gobierno lo invalidó diciendo que la información no era confiable. La pregunta que hoy todos se hacen es: ¿dónde está ese estudio? ¿Por qué no comparten las bases de cálculo para que los centros académicos y los interesados puedan validarlo? En segundo lugar, el ministerio olvidó la territorialidad que tanto defiende en su reforma. No hay que traer a Bogotá a las IPS, para eso existen las regiones y las secretarias de salud que, de manera menos dramática y más ordenada, se las pueden organizar.

Hay que responder a los pacientes sin más cuentos. Asumir con responsabilidad la tarea de proteger a los pacientes es una obligación del Estado amparada por la Constitución y una Ley Estatutaria. Es imperativo asegurar los recursos necesarios y suficientes para responder por la salud de los colombianos y punto.

El problema es de la mayor urgencia. Según las últimas encuestas, los colombianos están identificando al deficiente acceso a los servicios de salud como el problema más grave que los afecta. Diariamente, fallecen y se deteriora el estado de miles de pacientes, mal cubiertos en servicios deficitarios, donde las autorizaciones y órdenes de dispensación de las EPS intervenidas no llegan.

Se debería empezar por reorientar los recursos que se tienen presupuestados para gastar en infraestructuras públicas que no se necesitan. Colombia no requiere más hospitales públicos, necesita que los existentes funcionen a cabalidad, cuenten con personal idóneo y se integren en red con la oferta privada, para impulsar la integralidad y continuidad de los servicios a millones de pacientes que lo requieren. Estamos ante una urgencia inminente.