“No me arrodillo”

Con estas palabras, el cuestionado presidente de los colombianos, Gustavo Petro, se dirigió el pasado viernes a sus seguidores en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Durante su discurso, aludió directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien horas antes había ordenado incluirlo en la lista Clinton, junto con su esposa, su hijo y el ministro del Interior. En su intervención, Petro afirmó que no se arrodillaría ante los Estados Unidos, apelando a argumentos de soberanía e independencia nacional.

Sin embargo, el mandatario parece ignorar —o pretende que los colombianos olviden— las razones, todas ellas con fundamento, que llevaron al Gobierno estadounidense a tomar dicha decisión. Es oportuno recordar los estrechos vínculos que el presidente Petro mantiene con el régimen de Nicolás Maduro, señalado como jefe del llamado Cartel de los Soles. El exgeneral venezolano Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, quien fue jefe de inteligencia durante los gobiernos de Hugo Chávez y del propio Maduro, ha declarado ante la justicia española y estadounidense sobre las relaciones entre ambos mandatarios y organizaciones del narcotráfico: Maduro, como líder del cartel, y Petro, por haber permitido el fortalecimiento de los carteles de la droga en Colombia bajo el pretexto de su política de paz total.

En el marco de dicha estrategia, el Gobierno ha abierto canales de negociación con el ELN y las disidencias de las Farc, grupos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos identifica como organizaciones narcotraficantes. Estas agrupaciones continúan delinquiendo y controlando amplias zonas del territorio nacional donde se concentran los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de producción de cocaína. Posteriormente, estos cargamentos son transportados por el Cartel de los Soles hacia los carteles mexicanos, responsables de su distribución en los Estados Unidos.

La relación entre Petro y Maduro ha tenido un impacto negativo en la región, no solo en materia de seguridad sino también en el ámbito económico, extendiendo sus consecuencias a países como Ecuador. Por ello, el Gobierno estadounidense ha sancionado a ambos mandatarios por su falta de transparencia y por la escasa cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Aunque Petro intente defenderse mostrando cifras sobre incautaciones de cocaína, lo cierto es que la producción en Colombia ha aumentado considerablemente. Esto se debe, entre otras razones, a la introducción de nuevas variedades de hoja de coca que permiten entre dos y tres cosechas anuales, cuando antes solo se lograba una. Un hecho que, sin duda, es bien conocido por las autoridades de los Estados Unidos.

Si algo debe caracterizar a un presidente, es la coherencia. Y precisamente eso es lo que no demuestra el presidente de los colombianos. Mientras asegura que no se arrodillará ante Donald Trump y que no será sumiso frente a presiones externas, su conducta revela una contradicción evidente. Petro rechaza de manera constante cualquier intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pero al mismo tiempo guarda silencio —o incluso complacencia— frente a las decisiones y abusos de su aliado y amigo Nicolás Maduro.

Su incoherencia radica en que, mientras predica independencia frente a Washington, actúa con evidente sumisión ante Caracas. Movido más por afinidades ideológicas y cálculos políticos que por el bienestar del pueblo colombiano, el mandatario ha adoptado posiciones que favorecen al régimen dictatorial de Maduro. Su comportamiento y sus políticas, permisivas en extremo, terminan fortaleciendo un modelo autoritario en el país vecino, contrario al compromiso que hizo al asumir la presidencia de gobernar en defensa de la soberanía y la democracia.

Esto se refleja especialmente en los ámbitos energéticos y de seguridad. Un ejemplo claro es el cuestionado acuerdo para crear una zona binacional en la frontera del Catatumbo, una región estratégica donde se concentra gran parte de la producción de cocaína. Dicho acuerdo no solo pone en riesgo la soberanía de ambos países, sino que además facilita el fortalecimiento del cartel liderado por Nicolás Maduro.

Por lo tanto, Gustavo Petro no puede mostrarse sorprendido por su inclusión en la lista Clinton. Sus acciones y decisiones, más que orientarse a la defensa de los intereses de Colombia, parecen alinearse con los de sus aliados políticos e ideológicos, muchos de ellos vinculados a economías ilegales relacionadas con el narcotráfico. Su discurso sobre soberanía y democracia se desdibuja frente a una realidad en la que su comportamiento cada día se asemeja más al de los regímenes autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

Tampoco puede pasarse por alto —y esta es una de las razones por las cuales considero que Nicolás Maduro mantiene completamente sometido a Gustavo Petro— el tema de los dineros provenientes de la corrupción y del narcotráfico que habrían financiado la campaña presidencial que lo llevó al poder. Estas denuncias, respaldadas por pruebas contundentes presentadas ante la Fiscalía de los Estados Unidos por el general Hugo ‘e Pollo’ Carvajal, serían por sí solas motivo suficiente para justificar la inclusión de Petro, su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton.

Sin embargo, todo indica que estas no serán las únicas pruebas ni las únicas razones que explican la decisión del gobierno estadounidense. Lamentablemente, los colombianos estamos presenciando con vergüenza cómo el presidente del país aparece en una lista reservada históricamente para los grandes capos y organizaciones del narcotráfico a nivel mundial. Y es previsible que, en los próximos días, salgan a la luz nuevos elementos que comprometan aún más a Petro y a personas de su círculo más cercano.

Lo más grave de esta situación es el impacto que tendrá sobre la imagen y la reputación de Colombia. Las consecuencias no recaerán únicamente sobre el presidente —quien debe asumir la responsabilidad de sus actos—, sino sobre todos los colombianos. La inclusión de nuestro jefe de Estado en la lista Clinton genera desconfianza entre inversionistas y gobiernos extranjeros, afectando la cooperación internacional y la credibilidad del país, tal como ya lo ha advertido el propio gobierno de los Estados Unidos. Es probable que otras naciones adopten decisiones similares en los próximos días.

Por eso, los únicos que no debemos arrodillarnos somos los colombianos. No podemos resignarnos ante la vergüenza de ver a nuestro país señalado por las acciones de un gobierno que se ha alejado de los principios democráticos que lo fundaron hace más de dos siglos. La respuesta ciudadana debe ser firme y democrática. El próximo año tendremos elecciones, y ese será el momento de ejercer un castigo político claro contra lo que representa Gustavo Petro y su movimiento.

Hoy, más que nunca, los precandidatos presidenciales tienen el deber de anteponer la defensa de la democracia y el bienestar de la nación sobre cualquier interés personal o partidista. La única forma de preservar la libertad y la institucionalidad de Colombia es la unidad. Desde esta columna hago un llamado a todos los colombianos a unirnos en defensa de nuestra democracia, para que el país no termine sometido a la dictadura que promueven Petro y sus aliados bajo el disfraz de su llamada ‘narco paz total .