No se metan con nuestros hijos

Lo que ha dicho el ministro de Salud de Colombia no es un simple desliz. Es una declaración perversa, peligrosa y profundamente antidemocrática. El hecho merece máxima alerta. Me explico.

A finales de la semana pasada, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó equivocadamente que el Estado tiene la patria potestad de los menores de edad y que, si los padres no vacunan a sus hijos contra la fiebre amarilla, el Gobierno ejercerá su facultad y los obligará. Toda una afrenta a la realidad.

Esta afirmación no puede analizarse en el vacío. Forma parte de una tendencia ideológica cada vez más evidente dentro del actual Gobierno: la de sustituir al individuo por el Estado como figura central de decisión. Ya lo hemos visto en otros ámbitos, como la salud y la educación, donde el Ejecutivo insiste en imponer reformas que quitan poder a las personas para dárselo a burócratas. Lo que está en juego no es solo una vacuna, es la capacidad de las familias de decidir por sus hijos sin que el Gobierno se arrogue una autoridad que no le corresponde.

Pero aquí viene el problema: a pesar de que muchos consideran que el episodio fue tan solo un gazapo, prudentemente me distancio de tal supuesto. Dudo mucho que sus palabras hayan sido producto de un traspié en medio de una presentación pública. Aunque el ministro ha demostrado perder fácilmente las riendas de su carácter, y aunque las acuciosas investigaciones periodísticas sobre nepotismo, derivadas del accionar de su esposa, lo tienen más explosivo que de costumbre, la gravedad de sus afirmaciones está por fuera de sus habituales calenturas.

El doctor Jaramillo es todo menos inconsistente. Es un hombre inteligente, pero doctrinario. Esta postura denota que, en el fondo, se mueve bajo el dogma de que el Estado es todopoderoso, y que nada –ni siquiera las familias– tiene idoneidad ni libertades por sí mismas. Jaramillo cree que todo y todos deben contar con la última autorización de un Gobierno central que controle cada aspecto de nuestras vidas: salud, educación, movilidad, pensiones y hasta nuestros hijos.

Decir que el Estado tiene la patria potestad de los niños no es solo una frase desafortunada: es una ideología autoritaria disfrazada de política pública. Es el sueño de los regímenes que pretenden adoctrinar desde la cuna, controlar la mente de los más pequeños y moldear generaciones a su conveniencia. Por eso preocupan tanto las palabras del intemperante y atribulado funcionario.

En una democracia, la patria potestad pertenece a los padres. Punto. El rol del Estado es garantizar derechos, proteger cuando hay abusos, apoyar cuando hay vulnerabilidad. Pero no reemplazar al hogar. No suplantar a la madre. No borrar al padre.

Poner a Colombia al nivel de arbitrariedades como las de China, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Cuba o la antigua Unión Soviética es un insulto a nuestras libertades. En esos regímenes, el aparato estatal decide qué pueden pensar los niños, qué deben estudiar y hasta cómo deben comportarse políticamente. ¿Eso queremos importar? ¿Queremos que el Estado eduque no solo en las aulas, sino también en ideología? ¿Queremos que nuestros hijos se sacrifiquen por una falsa madre patria?

Este Gobierno Petro, en su afán de control, está cruzando líneas peligrosas. Lo vimos con la salud, con la justicia, con los medios. Hoy, es con nuestros hijos.

Lo planteado por Jaramillo es coherente con la línea del Gobierno Petro. Por mucho que los hechos nos avasallen y este Gobierno nos plantee un escándalo distinto cada día, el punto central es su visión de cómo debe funcionar el Estado. No creen en las democracias; su accionar se corresponde con autocracias demagógicas.

Desde aquí lo decimos sin ambigüedad: el Estado no es dueño de nuestros hijos, ni lo será.