Nudos y enredos de la contratación vial en Risaralda e Invías, impasible

Aunque temas como el de la salud, Ecopetrol y la energía son los desastres más visibles del Gobierno Petro, hay que prestar atención a lo que está ocurriendo con la infraestructura vial. Es notoria la silenciosa descomposición de las vías.

El deterioro es tal que, si se recorren los 2.500 kilómetros de Bogotá a La Guajira vía Santa Marta, el desgaste humano y mecánico es mayor que cuando se transita el triple en cualquier carretera bienconstruida. Hay vías departamentales, como denuncian los gobernadores, en las que el Gobierno “ni raja ni presta el hacha”. Varias en Risaralda, en el centro de esa Colombia que, como dice Petro, es “el centro del mundo”.

En septiembre de 2021, Invías y las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca firmaron el Programa Vías del Samán (PVDS). En octubre de ese año, se suscribió un convenio interadministrativo con Findeter para financiarlo por $1,2 billones, con el mecanismo de un crédito de redescuento por 20 años, fondeado con el peaje Cerritos, cuyo recaudo proyectado –a pesos de hoy– será de $95.000 millones. Se prevé un tránsito de más de 13.000 vehículos diarios, sumados ambos sentidos. El soporte adicional, recién incluido, son dos peajes de regular tráfico en el Valle.

Se entregaron a Pedro Contecha los contratos para dos obras: la segunda calzada La Romelia-El Pollo (no pasa por Pereira, desde el Valle a Manizales) y la variante suroccidental de Cartago. Contecha fue favorito del exministro de Transporte Guillermo Reyes, y prestó su avión King Air a la campaña Petro. Las adjudicaciones fueron a consorcios, cuyo núcleo era su empresa Ingeniería de Vías. Las otras, la intersección vial Galicia, el puente peatonal Ukumarí, el mejoramiento de la glorieta Los Almendros y la rehabilitación de Cartago-Ansermanuevo, fueron para Ingeniería y Vías de Envigado; los estudios y diseños de Cerritos-La Virginia al grupo TIP, y a VNF SAS el mantenimiento y la rehabilitación de Ansermanuevo-Mediacanoa.

La coincidencia en los nombres de las constructoras fue un mal presagio. Contecha se declaró en reorganización por Ley 1116 y cedió los contratos a su cuasihomónima envigadeña, lo que despierta válidas suspicacias. Luego de tres años, la Romelia-El Pollo tiene 4,71 por ciento de avance y el plazo es a cuatro años y dos meses, la intersección Galicia va en 65 por ciento, el puente Ukumarí está en análisis de opción técnica, los estudios de Cerritos-La Virginia avanzan solo 32 por ciento y en el resto, sin contratos ni finanzas.

El costo se subió a $1,6 billones; está cruda la gestión de 325 predios y el tramo Cerritos-La Virginia requiere licencia ambiental, según la Anla. Invías, cuya ejecución a escala nacional es del 5,8 por ciento, aquí actúa igual.

No es lo único. La avenida de los Colibríes, conexión estratégica entre el centro de Pereira y el sector Cerritos, terminó en un fracaso escandaloso. A más de un año del plazo final para la primera etapa, está inconclusa y degradándose. Pese al compromiso del alcalde actual, Mauricio Salazar, nada se conoce del trámite de reclamaciones ante las aseguradoras y no hay declaratoria de incumplimiento ni terminación contractual. Las contralorías lo advirtieron.

Los hallazgos fiscales son alarmantes: pagos injustificados por $17.630 millones, dobles erogaciones en ítems por $2.142 millones, detrimento de $20.000 millones, en una inversión total de $52.161 millones, suma a la que se llegó por adiciones ilegales. La obra quedó varada en el 63 por ciento y los pagos a los contratistas corresponden al 97.

Por eso están encartados el anterior alcalde, Carlos Maya, un exfuncionario, contratistas e interventores, a lo que se agregó el delito de soborno para la licencia ambiental. Los términos del proceso penal van a vencerse y aún no hay cargos en firme. A la ministra de Transporte anterior, Constanza García, se le pidió en audiencia pública en el Concejo Municipal el concurso del Gobierno nacional para salir del atolladero y contestó, palabra más, palabra menos: de malas.

El desastre no acaba ahí. A los estragos invernales en muchos carreteables intermunicipales, se suma que en la vía Pereira-Chocó, y en particular en el tramo Pueblo Rico-Tadó, los deslizamientos causaron heridos y muertos en los últimos años, y el orden público –por la presencia creciente de grupos armados– hace del tránsito una travesía extrema.

Entre tanta desgracia, Odinsa, el concesionario de Autopistas del Café, Manizales-Pereira-Armenia, que, de un ingreso de $280.000 millones por siete peajes en 2024, ganó 70.000, se frota las manos para alargar el negociazo por 30 años más y hacerse, de ñapa, a algún tramo de las vías del Samán. ¡Insólito! en tiempos del petrismo, que perora sobre “lo público”, mientras las alforjas privadas se rellenan por incompetencia. Para Ripley.