Históricamente, diversos procesos políticos asociados a corrientes de izquierda, tanto en la región como en el mundo, han resaltado por su tendencia a privilegiar la confrontación ideológica sobre el debate democrático, concentrando esfuerzos en deslegitimar o contrarrestar a quienes representan oposición o presentan cuestionamientos a sus postulados.
En ese marco, el discurso político es desplazado hacia el escenario de la polarización, en tanto que la formulación de políticas públicas estructurales orientadas a la construcción institucional y al fortalecimiento del Estado no ocupa un lugar central en el discurso de las políticas socialistas del siglo XXI.
Colombia no es ajena a la dinámica regional que, por fortuna, tiende a variar a partir de los recientes eventos políticos en este lado del hemisferio.
El primer —y esperamos sea el último— gobierno de izquierda en la historia de nuestra República transita sus últimos días en la Casa de Nariño, y el balance no puede ser más desalentador.
Después de casi cuatro años de mandato, lo que queda a la vista es una administración marcada por la improvisación, el descrédito internacional, una notoria incapacidad de liderazgo y una seguidilla de escándalos de corrupción de mayúsculas proporciones, en la que tristemente observamos cómo el manejo de los recursos públicos —que deben ser sagrados— terminan engrosando las arcas de las castas políticas de izquierda, beneficiando a grupos y colectivos vinculados a la mal llamada causa progresista y, peor aún, buscando asegurarse la reelección de este nefasto proyecto político —valga agregar— con iniciativa constituyente presentada.
Es claro que los sectores más radicales de la izquierda han redoblado sus esfuerzos para aferrarse al poder. Sus alfiles más enconados y los grupos y colectivos beneficiados de la nómina y la chequera estatal han colocado en marcha una espuria, pero efectiva, estrategia de propaganda electoral de la que el país no tiene antecedente.
Ejemplo claro de esto fue la avalancha de contratos que se presentaron el mes de enero —el último mes antes de la entrada en vigor de la Ley de garantías—; la situación no fue menor: reportes de la Contraloría General de la República evidencian la firma de más de 160.000 contratos en el orden nacional, por un valor cercano a los 14,86 billones de pesos.
La línea de acción del Ejecutivo en cuanto a la narrativa y la estrategia comunicacional está marcada por una lógica de polarización sin matices. El mensaje político tipo cliché que se proyecta es inequívoco: la izquierda debe permanecer en el poder para poder —ahora sí— proyectar un “verdadero cambio”.
Ante las evidentes dificultades en la torpe gestión gubernamental, la respuesta ahora se orienta hacia el uso intensivo de instrumentos administrativos, presupuestales y contractuales que, bajo una lógica populista, buscan ampliar la base de apoyo político del proyecto ideológico oficialista.
El beneficiario número uno de la demoledora estrategia oficial es quien busca ser el “heredero” de la silla presidencial, el senador Iván Cepeda, quien es el principal referente de la izquierda de cara a la elección presidencial del 31 de mayo de este año.
Cepeda ha ocupado una curul en el Senado durante tres periodos consecutivos desde el año 2014; lo paradójico es que, mientras los colombianos le hemos pagado durante más de 12 años uno de los salarios más altos del Estado, su gestión legislativa no ha logrado consolidar iniciativas de impacto significativo en la transformación estructural del país. Por el contrario, su visibilidad pública ha estado marcada fundamentalmente por la denotada obsesión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Resulta pertinente recordar que el rol de un congresista dentro del sistema democrático colombiano se encuentra orientado, principalmente, a la producción legislativa, el control político y la representación de los intereses ciudadanos.
No obstante, la trayectoria política de Cepeda ha estado profundamente asociada a una estrategia de confrontación y destrucción permanente con la figura del expresidente Uribe y con la sociedad colombiana.
Su relación con quienes otrora secuestraban, masacraban y reclutaban niños y niñas en sus filas es evidencia contundente de que poco o nada ha ofrecido u ofrece Cepeda para el bienestar de la Nación colombiana.
Lo anterior transcurre mientras los indicadores de seguridad muestran un deterioro significativo. Según informes de la Fundación Ideas para la Paz, el número de integrantes de grupos armados ilegales registró un incremento del 23,5 % a corte de 2025, lo que equivale a más de 5.000 nuevos miembros en comparación con el año anterior. A su vez, los enfrentamientos entre estas estructuras aumentaron en un 34 %, intensificando la disputa territorial en varias regiones del país.
Las consecuencias de esta situación son especialmente graves para las comunidades rurales y periféricas, donde la presencia institucional del Estado se ha debilitado de manera alarmante. En amplias zonas del territorio nacional, los ciudadanos continúan expuestos a la presión y al control de actores armados ilegales, mientras la capacidad operativa del Estado resulta cada vez más limitada.
A esta compleja situación se suman otros fenómenos igualmente preocupantes: el crecimiento de los cultivos ilícitos, la persistente escasez de alimentos en zonas apartadas, el aumento de la deserción escolar y la expansión de la delincuencia común. Todos estos factores reflejan una crisis multidimensional que supera, hasta ahora, la capacidad de respuesta del actual gobierno.
Colombia se encuentra a pocas semanas de una decisión electoral que definirá su rumbo político y social.
La fatídica experiencia gubernamental de los últimos años no solo no materializó sus propuestas, sino que pretende, de forma burda y descarada, y con recursos públicos, dejarnos a su “heredero”; sus méritos no son otros que mostrarse como la opción más radical y sectaria de la izquierda empobrecedora que quiere sumir a Colombia en el desgobierno por cuatro años más.
Colombia necesita recuperar la capacidad técnica con enfoque social; no se puede seguir permitiendo que los planes de gobierno se basen en una obsesión política.