¿Operador dominante?

Desde el punto de vista del costo de los servicios de telecomunicaciones, el regulador colombiano es uno de los mejores del mundo. La tarifa de un plan celular de 50 gigas, cuya capacidad es suficiente para el 95 % de la población, de menos de nueve dólares, que equivale a veinte centavos de dólar por giga.

En el ranking mundial, entre 237 países es el décimo más barato, y el más económico de toda América. Los brasileños pagan el doble por giga, los ecuatorianos el triple y los chilenos casi cinco veces lo que se paga en Colombia. Lógicamente, esas tarifas tan bajas que son tan beneficiarias para los usuarios van en detrimento de la sostenibilidad de las empresas de telecomunicaciones presentes en el país.

Las tarifas bajas para los colombianos no provienen de la intervención estatal de los precios ni de subsidios del Estado. Los colombianos pagan sobre sus planes móviles un impuesto sobre las ventas más alto que el que aplica al resto de bienes y el Gobierno utiliza mecanismos de mercado para asignar el espectro necesario a las compañías del sector. Lo que sí ha hecho el Gobierno es tener multiplicidad de operadores que compiten en franca lid, con más inversión que sus competidores, mejor talento humano y mejores decisiones gerenciales.

Claro, el líder del mercado, hoy tiene mayor participación y mejores márgenes, pero las economías de escala no son necesariamente la razón de su fortaleza. Invirtió antes que todos los demás operadores en su red y capturó muy temprano aquellos usuarios rentables que no son tan vulnerables a cambiar de compañía por una oferta más económica. Se montaron en la crema del mercado al llegar más temprano. Los demás operadores llegaron más tarde, capturando algunos clientes fieles, pero sobre todo clientes que contratan su plan celular, no por quién es el operador, sino por quién ofrece el mejor precio.

Ese mercado de clientes menos fieles permitía a las compañías tener una rentabilidad aceptable en el pasado, sin embargo, una acción regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la portabilidad, cambió el panorama, dándoles facilidades a los colombianos para cambiarse de proveedor móvil. En otras palabras, la portabilidad fue el mecanismo por medio del cual los clientes no tienen barreras para mudarse a otro operador que ofrezca menores precios.

El dilema que se presenta hoy en día es que, en este mercado destrozado por las bajas tarifas, los operadores como Tigo, Wom y Movistar están teniendo dificultades en rentabilizar sus inversiones en red. Para sobrevivir, Wom ha limitado significativamente sus inversiones en Colombia, encontrando en Chile mejores condiciones. Tigo UNE tuvo que solicitar una capitalización a sus socios EPM y Millicom, para atender sus compromisos en la compra de espectro, y Telefónica no solo ha vendido gran parte de sus activos, sino que las nuevas inversiones en fibra las realiza el fondo americano KKR a cambio de rendimientos futuros. Basta revisar la aventura de Enron para entender que la estrategia de ser ligero en activos puede llevar a consecuencias catastróficas.

La única solución para mejorar la competitividad de las empresas diferentes a Claro es limitar su gasto, ya que a nivel de mercado los precios se mantendrán bajos en el ambiente de competencia que ha creado el regulador para beneficio de los colombianos. Por eso la iniciativa de buscar eficiencias en la red de Movistar y Tigo UNE fusionándolas no solo merece ser aplaudida, sino que no hay muchas más soluciones alternas que puedan emprender.

Alternativamente, la iniciativa de declarar a Claro como operador dominante, que todos los demás operadores declararon en una carta esta semana, no tiene mucho sentido. Los precios bajos de mercado no provienen de las ofertas del operador mexicano, sino de la lucha de tarifas entre los que suscriben la carta para capturar más clientes.

Aparte de que los operadores bajen sus costos y sean más eficientes, que es lo que busca la economía de mercado, el regulador no tiene muchas opciones distintas a subsidiar empresas extranjeras o subir los precios interviniéndolos, lo cual hará que los colombianos paguemos más.

Así como esa estrategia no es válids en el sector de telecomunicaciones, tampoco debería permitirse en el sector salud, en donde la reforma propuesta en el Congreso busca justamente que no apliquen las normas del mercado: un garrafal error.