OpiNión
Papi, Quiero Piña
Es cierto que 10.000 personas tomaron una decisión privada de prestarle su dinero a una empresa para contribuir a un servicio de Bucaramanga, pero ponerles conejo, como sugiere el alcalde, no es una solución, sino un engaño a terceros de buena fe.
Por mucho tiempo, Papi, Quiero Piña fue, en Bucaramanga, un lugar famoso sobre la vía de salida de la ciudad hacia Bogotá. Allí, los carros paraban en unas casetas donde vendían piña. Hoy, Papi, Quiero Piña es el cementerio de los ahorros de 10.000 personas de todo el país que le prestaron plata al municipio de Bucaramanga y que ahora no reciben intereses y además parece que no recibirán su capital.
Hace 15 años se inició en Bucaramanga la construcción de Metrolínea, la versión local de TransMilenio. Sería interminable hacer el catálogo de todos los fracasos de Metrolínea, que cada vez tiene menos buses, cada vez presta peor servicio, cada vez presenta preocupantes indicadores financieros y todos los días es testimonio vivo de mala planeación y mala gestión, además de haber aumentado la congestión en las vías, pues el Metrolínea se robó dos carriles de la única vía arteria que atraviesa la ciudad de sur a norte. Si el Gobierno nacional no le inyecta dinero a la empresa, no podrá seguir operando.
En 2010, Estaciones Metrolínea, concesionario para la construcción de la estación Papi, Quiero Piña, hizo una emisión de bonos por 75.000 millones de pesos, es decir, pidió a los particulares que aportaran ese dinero a título de préstamo, a cambio de unos intereses y de la posterior devolución del capital. Eso es un bono, un préstamo que un particular o una empresa le hace a una empresa pública o privada. Estaciones Metrolínea se comprometió a pagar a título de intereses el IPC (Índice de Precios al Consumidor) más 7,6 por ciento y esos intereses se pagaron hasta agosto de 2017, y desde entonces hay incumplimiento total de capital e intereses. El pago se hacía vía el recaudo de pasajes del sistema de transporte.
En Papi, Quiero Piña se iniciaron las obras para una estación de Metrolínea y para estacionamiento de buses, pero debido a una tutela de los vecinos, pues el municipio, al parecer, entregó un lote al concesionario que no podía entregar, no se avanzó más allá de la instalación de pilotes y desde hace más de diez años lo que existe es un gigantesco hueco que seguramente es un monumental criadero de zancudos.
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El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no es el responsable del desastre llamado Metrolínea, imputable a malas decisiones de Planeación Nacional y de alcaldes anteriores. Se le nota muy enojado cuando habla del tema, pero no enojado por las torpezas de sus antecesores, sino enojado contra los terceros de buena fe que les prestaron sus ahorros a la empresa. El alcalde habla de “decisiones de privados”, como si eso fuera un pecado o un ilícito. Es cierto que 10.000 personas tomaron una decisión privada de prestarle su dinero a una empresa para contribuir a un servicio de la ciudad de Bucaramanga, pero ponerles conejo, como sugiere el alcalde cuando dice que no hay cómo pagarles, no es una solución, sino un engaño a terceros de buena fe y un engaño al mercado de valores a través del cual se hizo la operación. Habría un terremoto financiero si el ministro de Hacienda les dijera a los tenedores de bonos de la República de Colombia en el exterior que el país está en medio de dificultades financieras y no les va a seguir pagando sus intereses porque esas son “decisiones de privados”.
El alcalde intenta sustraer al municipio de Bucaramanga de toda responsabilidad, tratando de separar la financiación de la estación Papi, Quiero Piña del acuerdo de financiación pública respaldado por las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, la Gobernación de Santander y el Gobierno nacional con el cual se creó Metrolínea.
Es difícil llevar la deuda de los bonos, responsabilidad que recae en Metrolínea, a que sea deuda directa de los municipios que son sus accionistas. Sin embargo, Bucaramanga, como accionista mayoritario, tiene una obligación que nace de una sentencia judicial que está en firme y de un acuerdo de cofinanciación firmado con la Nación. Los funcionarios públicos tienen la obligación de honrar las sentencias judiciales, no cabe la opción de incumplirlas alegando que los acreedores incurrieron en “decisiones de privados”. Hay intereses de mora que constituyen detrimento patrimonial y convierten la deuda en un elefante blanco, es decir, en un tercer elefante blanco, siendo los otros la estación de Papi, Quiero Piña y todo el sistema de transporte llamado Metrolínea.
Uno de los damnificados de Santander dijo: “Nos tienen que pagar y del bolsillo del alcalde nos deberían regalar cajas de piña y hasta hormigas culonas”.