Opinión
Pasaporte al fracaso
La reciente designación de Alfredo Saade como jefe de despacho de la Presidencia de la República representa, más que un movimiento político, una seria afrenta contra la institucionalidad del país.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por una constante crisis de gobernabilidad, resultado de disputas internas y decisiones poco técnicas que hoy impactan directamente la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos. En la actualidad, se observa la afectación al trámite de expedición de pasaportes, producto de lo que parece ser una represalia directa contra la empresa Thomas Greg & Sons, actual proveedora del servicio, en un conflicto que trasciende lo administrativo y amenaza con sumar otro evento en la desconfianza institucional.
La reciente designación de Alfredo Saade como jefe de despacho de la Presidencia de la República representa, más que un movimiento político, una seria afrenta contra la institucionalidad del país. No se puede pasar por alto que Saade, en un evento público en Barranquilla en mayo pasado, sugirió cerrar el Congreso y promover la reelección presidencial. A este cuestionable perfil se suman denuncias sobre su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo cual genera serias dudas sobre la idoneidad y transparencia de su gestión, sin mencionar sus cuestionadas actuaciones que buscan instrumentalizar la fe para sus intereses personales.
La salida de Laura Sarabia, figura cercana al presidente Petro, es una clara alerta sobre las consecuencias de la llegada de Saade. Sarabia, en un torpe intento de librarse de responsabilidad ante la inminente crisis de los pasaportes, y en medio de una lucha de poder interna, expone que el ‘pastor’ le pasó por encima, impartiendo instrucciones en la Cancillería que tienen como fin demorar las citas para “hacer rendir el stock”.
La desgastada disputa entre el Gobierno nacional y la firma Thomas Greg & Sons pone en tela de juicio la prevalencia del interés general y sugiere que las actuaciones del Gobierno estarían guiadas más por intereses particulares y retaliaciones políticas que por criterios técnicos y de servicio público.
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La insistencia del presidente Petro en trasladar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional, pese a las advertencias sobre la falta de capacidad logística y operativa, refleja una preocupante improvisación. La propia Sarabia, ahora pretendiendo salvar responsabilidad, fue enfática al afirmar que no está dispuesta a sostener la “mentira” de que la Imprenta estará en condiciones de asumir la producción masiva de pasaportes en un plazo de dos meses, lo que es muestra fehaciente de estudios serios y la posible vulneración del principio de planeación en la contratación pública.
La situación a la que hoy se expone el país está guiada por una clara desviación del poder, permitiendo que las potestades administrativas se utilicen para afectar a un contratista con el cual el presidente sostiene diferencias, exponiendo la continuidad en la prestación de este servicio al partir de la supuesta capacitación brindada por el Gobierno de Portugal a la Imprenta Nacional, capacitación de la que no se tiene conocimiento de documento alguno que la acredite.
La disputa en la administración de los pasaportes solo es una muestra del riesgo al que Colombia se enfrenta en materia de estabilidad institucional, donde se han vuelto recurrente los problemas personales y las venganzas políticas, comprometiendo directamente la credibilidad en las instituciones, generando incertidumbre en las garantías que la Constitución brinda a los colombianos.
Colombia es víctima constante de la improvisación del Ejecutivo, que se enfoca en decisiones personales y caprichosas que ignoran el bien colectivo, haciendo necesario que todos los ciudadanos se unan en conjunto con los órganos de control para ejercer una vigilancia estricta a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, exigiendo que se garantice el cumplimiento de la Constitución y sus principios.
El debido proceso, la planeación, el interés general y el respeto por las instituciones no pueden ser sacrificados en medio de disputas políticas, obedeciendo a la lógica revanchista que usa el poder para atacar y someter a quienes se oponen a las ideas esbozadas desde el atril presidencial, dejando como consecuencia listos los pasaportes, pero para otro fracaso más en el ‘gobierno del cambio’.
