¿Pasará la reforma laboral la prueba ácida en la conciliación?

Tras un año, nueve meses, veintidós días y todo un viacrucis, la reforma laboral 2.0 entra en su recta final. El Congreso de la República está ad portas de conciliar la iniciativa, presentada por el Gobierno nacional en un ambiente de tensión política e institucional sin precedentes en la historia política reciente del país.

Tras un esfuerzo maratónico, la plenaria del Senado intenta llegar a tiempo a la aprobación del texto antes de que termine la tercera legislatura, el próximo 20 de junio. Una vez evacuado todo el articulado, el texto pasa a conciliación, una última etapa antes de que el presidente pueda sancionar el proyecto y se convierta en ley.

La conciliación es un trámite de forma establecido en la Ley 5 de 1992 del Congreso, que consiste en la unificación, por parte de una comisión, de los dos documentos que fueron aprobados en las plenarias de Senado y Cámara.

Al momento en que escribo esta columna, es difícil establecer si el Gobierno intentará hundir su propia reforma en la etapa de conciliación como estrategia política de cara a la consulta popular, teniendo en cuenta que el Senado aprobó los artículos fundamentales para el Gobierno y sobre los cuales marcó una línea roja.

Los artículos de mayor impacto para el Gobierno, con un costo importante para las empresas, la productividad y la competitividad del país, entre otros, son:

• Ampliación de la jornada nocturna a partir de las 7 p. m.
• Recargo del 100 % en dominicales y festivos.
• Laboralización de los contratos de aprendizaje.
• Eliminación del aporte parcial a la seguridad social.
• Eliminación de la jornada máxima legal, que permitía la posibilidad de pactar cuatro días laborales por tres de descanso.

Todas estas, premisas que el Gobierno planteó como inamovibles, una vez la Comisión Cuarta del Senado —liderada por Angélica Lozano— aprobó el texto en tercer debate, tras la resurrección de la reforma que originalmente fue hundida en la Comisión Séptima del Senado.

El juego político que ha implicado este proceso legislativo nos deja con la reforma aprobada y la consulta popular 2.0 archivada. El desenlace depende ahora de la conciliación entre Cámara y Senado, una etapa en la que el Gobierno conserva una posición de fuerza gracias a sus mayorías en la Cámara.

La verdadera decisión está en manos del Ejecutivo, que puede facilitar un acuerdo que garantice la sanción de la reforma o tensar el proceso al insistir en su texto aprobado en Cámara, incluso a costa de arriesgar un eventual hundimiento.

Sin margen político para una nueva consulta y con el ‘decretazo’ bajo cuestionamientos jurídicos, la pregunta de fondo es si el Gobierno busca consolidar una reforma viable o simplemente preservar un relato de confrontación institucional con fines electorales. La respuesta deberá conocerse antes del 20 de junio.