Paz con autoridad

El fracaso del proceso de paz en Colombia es evidente, especialmente con los grupos involucrados que forman parte de este proceso, surgido como una promesa central de la campaña del actual presidente. Recordarán que se estableció con el pacto de La Picota y, como ya habíamos señalado en esta columna meses atrás, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió ceder a sus aliados, entre ellos guerrilleros y narcotraficantes, la oportunidad de instaurar un proceso de paz total en el país.

Esto ha sido, sin duda, un fracaso rotundo, particularmente con el ELN, grupo con el que el presidente Petro tenía una confianza ciega, creyendo que sería la primera negociación exitosa. De hecho, durante la campaña afirmó que, si era elegido, en tres meses firmaría ese acuerdo. Hoy, a un año y medio de terminar su mandato, lo único claro es que, por el contrario, los miembros del ELN han logrado un control absoluto de gran parte del territorio colombiano durante este gobierno, y cuentan con el apoyo de su mejor aliado: el gobierno dictatorial de Venezuela.

La zona del Catatumbo se ha convertido en un punto clave de un acuerdo secreto para establecer un corredor binacional, algo que esperamos no forme parte del plan del actual gobierno. Sin embargo, los hechos y las circunstancias parecen indicar lo contrario, pues se le está dando un poder absoluto al ELN sobre esa región, y las pruebas son evidentes.

Al momento de escribir este artículo, no se ha logrado capturar a ningún líder de esta organización, pese a los supuestos operativos conjuntos con el ejército venezolano. Por otro lado, los únicos resultados visibles están relacionados con otro grupo en proceso de paz total: las disidencias de las Farc, que en su mayoría se han entregado bajo la presión no solo de los operativos militares, sino también por la presión de los guerrilleros del ELN, quienes no quieren compartir el territorio con sus antiguos enemigos.

Hace unos días, manifesté públicamente que no tengo dudas de que en esa región está naciendo una nueva Gaza, es decir, un territorio binacional donde la fortaleza estará en manos del ELN, quienes hoy son los aparentes aliados de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Esto quedó confirmado por varias noticias en la prensa el pasado fin de semana, donde, tras un incumplimiento arbitrario por parte del gobierno sobre la promesa de no expropiar tierras en Colombia, se decretó una expropiación exprés bajo las facultades otorgadas por la conmoción interior. Esto permitiría aplicar una metodología de expropiación para entregar las tierras a los habitantes del Catatumbo.

No obstante, esos posibles beneficiarios intentaron regresar la semana pasada a sus lugares de trabajo solo para encontrar que todas las casas y fincas estaban completamente invadidas por miembros del ELN. Surge entonces una gran pregunta: ¿es posible que esta expropiación exprés sea parte de un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el ELN para entregarles las tierras y así legitimar su dominio territorial? Esto solo el tiempo lo dirá, pero tengo serias dudas de que la situación termine de esta manera.

Por eso, procesos como el que está liderando el presidente de los Estados Unidos, Trump, para establecer una paz con autoridad, que ha dado resultados contundentes, y el modelo implementado por Nayib Bukele en la República de El Salvador, se presentan como las alternativas viables para que nuestro país logre la tan anhelada paz. Estos procesos de paz con autoridad deben estar basados en ciertos principios para ser efectivos y deben convertirse en una prioridad para el próximo gobierno, dentro de un gran acuerdo nacional. Si realmente deseamos alcanzar la paz, esta solo puede lograrse a través de medidas firmes y de autoridad, no negociables, lideradas por un presidente o presidenta, con el carácter y la capacidad necesaria para llevarlas a cabo.

Es esencial que el próximo gobierno sea sólido, capaz de implementar políticas y medidas que garanticen el orden y la seguridad como principios fundamentales. Esto significa un gobierno que asegure el cumplimiento de las leyes y la resolución de conflictos internos con determinación, donde las fuerzas militares y policiales desempeñen un papel clave en situaciones que requieran intervención estratégica. De ser necesario, estas fuerzas deberán ser utilizadas para poner fin a la violencia y restablecer el orden, ya que, tras el fracaso de la paz total, nos enfrentamos a una situación crítica y deteriorada debido a la irresponsabilidad de un gobierno que ha logrado —como ningún otro— debilitar a sus propias fuerzas militares.

El modelo de paz con autoridad que debe adoptar Colombia es importante y no puede confundirse con principios antidemocráticos, pues sus bases deben garantizar que todas las instituciones del Estado operen dentro del marco de la Constitución y la ley, especialmente la justicia, que es fundamental para respaldar la autoridad del Estado y asegurar que se apliquen las leyes de manera justa y equitativa.

A pesar de que algunos críticos califiquen este enfoque como autoritario, existen varios ejemplos que demuestran los resultados positivos que se pueden obtener con la legitimidad del gobierno y el respeto a los derechos humanos. Estos son esenciales para el éxito de una paz con autoridad. Es crucial que, después del abandono y la entrega del actual gobierno al fracasado proceso de paz total, el próximo gobierno, sin importar quién sea, dirija sus esfuerzos a recuperar no solo nuestras instituciones, sino también a fortalecer la convivencia en todo el país. Esto, sin duda, será la base para reconstruir nuestra deteriorada economía y crear nuevas oportunidades para los colombianos.

Una paz con autoridad representa la oportunidad que tenemos los colombianos después de los fracasos y los escasos beneficios que hemos obtenido de los procesos de paz en los gobiernos anteriores. Algunos de estos gobiernos, con buena fe, pensaron que la forma en que lo hacían era la solución a un conflicto que hemos sufrido durante años. Sin embargo, hoy, debido a la entrega total del actual gobierno a sus aliados guerrilleros y narcotraficantes en un proceso de paz total, los únicos que se benefician son ellos y los miembros de los partidos políticos que los respaldan, una minoría de los colombianos.

Es por eso que este modelo de paz con autoridad debe implementarse de manera obligatoria en situaciones de postconflicto o en contextos donde el orden civil se ha deteriorado, con el objetivo de crear un entorno seguro para el desarrollo económico y social. Es crucial recalcar que, para un gobierno que lidere este tipo de estrategias, debe equilibrar la autoridad con el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles, con el fin de lograr una paz duradera.

Hago un llamado a los candidatos que forman parte de la oposición al actual gobierno, invitándolos a que en un gran acuerdo nacional incorporen en sus campañas políticas una política de paz con autoridad como un eje fundamental para recuperar la institucionalidad y el poder del Estado. Con unas fuerzas militares y de policía como base, se podrá establecer la autoridad necesaria para construir esa anhelada Colombia que todos deseamos.