¿Paz para quién? Entre disidencias acorraladas y combatientes disfrazados

A poco más de un año de concluir su mandato, el gobierno progresista del “cambio” se aferra con urgencia a mostrar algún resultado tangible en su ambicioso programa bandera: la llamada paz total. Sin embargo, cuanto más insiste en sacarlo adelante, más se evidencian las inconsistencias de una política mal concebida que, lejos de consolidar la paz, ha comenzado a erosionar los pilares del sistema de justicia y a generar costos preocupantes, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta negociación, carente de una metodología clara, de mecanismos verificables y de un análisis riguroso sobre los actores involucrados, ha terminado por sentar en la misma mesa a grupos con ideologías, estructuras y propósitos radicalmente distintos. Entre ellos se encuentran organizaciones criminales que intentan revestirse de un discurso político, pero cuyo verdadero motor es el lucro derivado del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas.

Las únicas negociaciones que han mostrado algún tipo de avance —como las del frente 30 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo y del frente Comuneros del Sur del ELN en Nariño— no parecen responder a una voluntad genuina de paz, sino a insostenibles combates entre las mismas guerrillas y también a presiones por extradiciones pendientes.

En el caso del Catatumbo, la verdadera motivación del frente 30 para sentarse a la mesa de diálogo es una desesperada necesidad de supervivencia. Esta estructura se encuentra acorralada por el ELN, en medio de una violenta disputa por el control territorial y las economías ilegales de la región. La correlación de fuerzas es claramente desfavorable: cerca de 500 hombres de las disidencias enfrentan a más de 1.900 combatientes del ELN, una organización con fuerte arraigo local, superior capacidad militar y respaldos que trascienden las fronteras nacionales. En este contexto, la denominada paz total funciona más como un salvavidas humanitario para un grupo en retirada que como una estrategia efectiva de pacificación en una región donde el ELN sigue ejerciendo el control real.

En el segundo caso, el impulso negociador coincide con la presión operativa del Ejército en la cordillera nariñense y con una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos contra uno de sus principales cabecillas, Gabriel Yepes, alias HH, por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Bajo el amparo de la paz total, el presidente Petro sacó una resolución suspendiendo el pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Por su parte, el propio cabecilla del ELN, Antonio García, ha negado que Yepes pertenezca a su estructura orgánica, señalándolo más bien como un importante narcotraficante que busca sacar provecho político también bajo la sombrilla de la paz total.

La situación se torna aún más delicada tras conocerse, de forma oficial, que alias Mocho Olmedo —segundo al mando del frente 30, con orden de captura y solicitud de extradición vigentes— permaneció cerca de 55 días alojado en un hotel del norte de Bogotá, en lugar de estar recluido en un establecimiento penitenciario, como lo exige la ley, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que carece de competencia legal para ejercer funciones de detención. Esta irregularidad, revelada por la Corte Suprema de Justicia, ha encendido las alarmas sobre el manejo institucional del proceso y el rol desempeñado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía General de la Nación y la propia DNI. Actualmente, el mencionado individuo se encuentra detenido bajo condiciones especiales que permiten su participación también en las negociaciones.

A raíz de los dos casos mencionados, se han evidenciado serias tensiones institucionales entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la fiscal general de la Nación y la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Esta última denunció públicamente presuntas injerencias indebidas que habrían intentado influir en la emisión de conceptos jurídicos sobre solicitudes de extradición, competencia que, según el ordenamiento jurídico colombiano, corresponde exclusivamente a su despacho antes de que el presidente de la República tome la decisión final. Paralelamente, medios de comunicación informaron que el Gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa a la fiscal general y a miembros de su núcleo familiar, en lo que sería una señal de inconformidad ante un presunto incumplimiento del tratado de extradición vigente entre ambos países.

Insistir en mantener activa la mesa de negociación con el ELN, cuando esta organización está claramente fragmentada, no solo es estratégica y jurídicamente insostenible, sino que también expone a Colombia a graves riesgos. Hoy, el ELN delinque como un ejército privado binacional: sus cabecillas se encuentran resguardados en Venezuela bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, mientras en Colombia sus frentes actúan con total autonomía, sin cohesión interna ni mando unificado, lejos de cualquier ideología.

La desconexión entre los objetivos declarados y las condiciones reales del territorio se evidencia en el proceso de negociación adelantado con el denominado frente Comuneros del Sur, en Nariño. Se trata de una estructura armada de alcance limitado, compuesta por aproximadamente 140 hombres, en un contexto regional marcado por la presencia de múltiples actores ilegales y una institucionalidad frágil. La continuidad de este proceso, sin un marco jurídico definido para el sometimiento, sin garantías verificables de desvinculación de las economías ilícitas que abundan en el departamento y sin compromisos con la verdad, la justicia y la reparación, plantea serias dudas sobre su viabilidad.

Colombia no necesita una sucesión fragmentada de pactos locales, sino una paz integral, con dirección clara, disciplina institucional y propósito nacional, que priorice el bienestar colectivo. La experiencia demuestra que los grupos armados solo se avienen al diálogo cuando perciben que continuar en la ilegalidad resulta inviable. Por ello, la recuperación efectiva del control territorial por parte del Estado, mediante el despliegue sostenido de la Fuerza Pública, no es opcional, sino esencial. Solo así se quebrará la lógica oportunista de estructuras armadas menores que, sin compromiso real con la paz, se refugian en la narrativa de la paz total como estrategia de supervivencia o beneficio coyuntural.