¿Paz total o estrategia política?

Esa es la pregunta que debemos hacernos todos los colombianos frente a lo que parece ser la estrategia del Gobierno: consolidar una política de paz total en lo que resta del actual periodo presidencial, y posiblemente antes de las elecciones del próximo año. Me atrevo a afirmar que, si no se logra firmar un acuerdo, como creo que sucederá, la situación de orden público en los próximos siete meses será de una violencia incontrolable. Ojalá me equivoque.

La gran estrategia del presidente Gustavo Petro y de sus aliados —entre ellos, delincuentes que hacen parte de estructuras que han suscrito acuerdos de sometimiento a la llamada paz total— no ha producido hasta ahora ningún resultado tangible en materia de seguridad o convivencia ciudadana. Por el contrario, ha significado un enorme beneficio para las organizaciones criminales, que se han fortalecido en los territorios donde hoy gozan de total impunidad y permisividad para continuar con sus actividades ilegales, la mayoría ligadas al narcotráfico, bajo la complacencia y la mirada indiferente del Gobierno.

Mientras tanto, nuestras Fuerzas Militares y de Policía han sido estratégicamente debilitadas por órdenes presidenciales, con el único propósito de mantener el poder político de su organización en el 2026. Lo he advertido en múltiples ocasiones desde el inicio de este Gobierno, y lamentablemente, el tiempo me está dando la razón.

No es una coincidencia que, en las últimas semanas, el presidente de los colombianos haya enviado un mensaje directo al máximo líder del ELN y a los miembros del Clan del Golfo a través de su cuenta en X. En dicha publicación, escribió: “Es hora de reiniciar los contactos con el ELN, y le respondo al señor Pablo Beltrán: pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera ni matar a 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario.”

Este mensaje tiene una razón de fondo. Coincide con la reciente decisión del expresidente Donald Trump de aumentar la presión sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, incluyendo la posibilidad de acciones militares directas contra los carteles del narcotráfico en Venezuela.

Es importante recordar que el ELN mantiene vínculos con el llamado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico con fuerte presencia en Venezuela y estrecha relación con el régimen de Maduro. Sin embargo, en las últimas semanas, miembros tanto del ELN como de las disidencias de las FARC que permanecían en territorio venezolano han regresado a Colombia para evitar ser capturados o eliminados por las fuerzas estadounidenses; lo que implicaría para ellos una cadena perpetua en cárceles de ese país o la muerte en territorio venezolano.

Resulta llamativo que, justo cuando Trump anuncia estas medidas contra el gobierno de Maduro y sus aliados, entre ellos el ELN y las disidencias de las FARC, el presidente Gustavo Petro anuncie la reapertura de un nuevo diálogo con estos grupos.

Este hecho podría tener consecuencias graves en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. A la reciente descertificación en materia de lucha antidrogas —que no se dirigió contra Colombia, sino directamente contra el presidente Petro y sus más cercanos colaboradores— se suma ahora este gesto político, que refuerza las sospechas de complicidad entre el Gobierno colombiano y el régimen venezolano.

Además, debe recordarse que el exjefe de inteligencia venezolano, Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, declaró ante autoridades judiciales estadounidenses que el presidente Petro habría recibido dinero del régimen de Maduro para financiar su campaña presidencial. De confirmarse estos señalamientos, el impacto político y diplomático sería de enorme magnitud.

Además, el presidente Petro también, a través de su cuenta en X, abrió la puerta para iniciar contactos y eventuales negociaciones con el Clan del Golfo, una organización que hoy tiene mayor presencia en el territorio nacional que muchos de los grupos incluidos en el proceso de paz total.

El mandatario incluso extendió la invitación a antiguos jefes paramilitares, quienes en su momento fueron sus más férreos enemigos, pero que ahora se encuentran alineados bajo la permisiva política de paz total, la cual, en la práctica, les garantiza impunidad a estas estructuras delincuenciales.

A ello se suma el acuerdo con las bandas criminales urbanas del país, frente a las cuales el gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley, conocido como la ‘ley de sometimiento’, que les otorgaría los mismos beneficios de impunidad y trato preferencial que ya se han concedido a otros actores involucrados en la llamada paz total.

No podemos ser ingenuos ni, —perdón por lo que voy a decir— convertirnos en tontos útiles del Gobierno actual. Estoy convencido de que en las próximas semanas el presidente anunciará un acuerdo estructural e histórico respaldado por las organizaciones delincuenciales sometidas a su política de paz tota y a la llamada ley de sometimiento. Según él, esa es la única vía para la convivencia en Colombia.

Para consolidar ese acuerdo, se planteará como condición la convocatoria de una constituyente. El objetivo real de esta estrategia no sería solo la desmovilización —dejar las armas, frenar el tráfico y la producción de cocaína— sino, sobre todo, aplazar o rediseñar el calendario electoral de 2026 y buscar la permanencia en el poder a través de candidatos afines.

Si la constituyente no procede —estoy seguro de que ni el Congreso ni la rama Judicial lo permitirían—, la táctica alternativa será conseguir mayorías en las urnas mediante aliados interpuestos.

La consecuencia directa de este intento será un aumento de la violencia: las organizaciones guerrilleras y narcotraficantes, frustradas por no lograr la paz total por la vía que desean, podrían regresar a las armas y provocar una escalada terrorista.

Eso impediría que en muchas zonas del país se desarrollen elecciones libres, por coacción, fraude o imposición de candidatos, y facilitaría la estrategia de mantener el poder en 2026 y abrir la puerta a una constituyente que repita un ciclo con consecuencias similares a las vividas en Venezuela.

Por eso ha llegado la hora de no dejarnos distraer por nuevos proyectos políticos diseñados para dividir a la oposición. Hoy los colombianos tenemos una sola alternativa real para derrotar el continuismo que representa el petrismo. Con todo respeto, amigos lectores: o nos unimos, o nos jodemos.