El panorama de seguridad en Colombia es alarmante. Según el más reciente informe del Instituto para la Economía y la Paz, el país subió cinco puestos en el ranking global de terrorismo y hoy figura entre los diez más afectados. El estudio es contundente: este deterioro es consecuencia directa de la paz total, una política impulsada y defendida por su principal artífice, el hoy candidato presidencial, Iván Cepeda.
A pesar de ese deterioro, el Gobierno insiste en mantener la paz total. Esta semana, por orden de Gustavo Petro, la Fiscalía levantó 23 órdenes de captura contra cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá que negociaban desde la cárcel de Itagüí. Ya lo vimos en la campaña anterior con el pacto de La Picota. Ahora vuelve a ocurrir, sin pudor, a plena luz del día y a las puertas de unas elecciones.
No es casualidad que sea en Antioquia. El oficialismo sabe que en ese departamento no tiene respaldo y, cuando no hay votos, aparecen los atajos para conseguirlos. Es el mismo libreto.
Pero ese patrón va más allá de liberar criminales. Incluye algo aún más grave: la infiltración de la inteligencia del Estado por estructuras narcoterroristas. El caso más revelador es el de la Segunda Marquetalia. Mientras negociaba paz con el Gobierno, alias el Zarco Aldinever tenía las órdenes de captura suspendidas por solicitud del presidente Petro. Con esa libertad, ordenó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía reactivó esas órdenes apenas 40 días después del magnicidio.
El caso de alias Calarcá completa el cuadro. En abril de 2024, fue detenido en un retén militar en Antioquia junto a armas, grandes sumas de dinero y un menor de edad. Horas después, el Gobierno ordenó dejarlo en libertad bajo el argumento de que era negociador de paz. De los dispositivos electrónicos incautados en ese operativo —que el presidente calificó como un “montaje” y cuya autenticidad fue confirmada por la Fiscalía tras cuatro meses de análisis— salieron nombres concretos: el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, entonces director de Inteligencia Estratégica de la DNI.
Aquí la historia deja de ser escándalo y pasa a ser complicidad. El general Huertas no llegó ahí por accidente: hace cuatro años, el gobierno de Iván Duque lo llamó a calificar servicios con base en información de inteligencia estadounidense que lo vinculaba con estructuras criminales. En lugar de rechazarlo, Gustavo Petro, Alfonso Prada e Iván Cepeda lo integraron a su campaña, conociendo los graves señalamientos en su contra. La Procuraduría lo suspendió por tres meses debido a su mención en esos computadores. Cumplida la sanción, el Gobierno lo reintegró al Comando de Personal del Ejército, la oficina que no solo define ascensos y traslados, sino que controla el futuro profesional de miles de militares. En manos de alguien con los señalamientos de Huertas, ese cargo no es un destino administrativo sino una posición de poder sobre toda la fuerza.
Lo que sigue es aún más preocupante. Mejía renunció a la DNI, pero su nombre ya suena como nuevo director de la UIAF, una de las entidades más sensibles del país en la lucha contra el lavado de activos. De confirmarse, sería de la mayor gravedad. Vale la pena recordar que Mejía es licenciado en educación física, sin ninguna experiencia en inteligencia antes de ser nombrado por Petro en uno de los cargos más sensibles del Estado.
La pregunta es inevitable: ¿quién está controlando realmente las Fuerzas Militares? A los que hacen bien su trabajo y se vuelven incómodos los apartan con un solo anónimo. A otros, con investigaciones abiertas, señalamientos y pruebas graves, los premian. Eso no es descuido. Es una decisión deliberada.
Todo guarda relación, porque junto con la violencia se ha construido una narrativa que distorsiona deliberadamente la realidad. Hoy al secuestro lo llaman “retención”; al reclutamiento de menores dicen que “se van porque quieren”; y el propio Iván Cepeda llegó al punto de calificar el magnicidio de Miguel Uribe como un “crimen de guerra”. Miguel Uribe no era un combatiente ni estaba en medio de una operación armada: era un civil desarmado. Lo que ocurrió fue un asesinato con motivación política, un ataque directo contra la democracia. El lenguaje no se manipula por casualidad, sino para proteger a los victimarios. Y esa distorsión no se queda en el discurso: tiene consecuencias reales.
A esto se suma una evidencia que no puede ignorarse. Según los reportes de la MOE sobre riesgo electoral por corrupción o presencia de grupos armados, en los municipios con riesgo alto o extremo el crecimiento del Pacto Histórico es notablemente mayor. En los municipios sin riesgo, su promedio en Senado es del 4 %. Donde hay riesgo, sube al 19 %. No es coincidencia. Es estrategia. Aquí no hay una política de paz: lo que hay es una maquinaria electoral con fusil.
Colombia no está frente a errores aislados, sino ante una línea de acción deliberada: una política que libera criminales, reincorpora cuestionados, distorsiona el lenguaje y facilita la infiltración del crimen. El responsable político tiene nombre: Iván Cepeda, arquitecto de una política que hoy tiene a Colombia sumida en sangre. Eso no es paz total. Es complicidad. Y frente a eso, el país no puede guardar silencio.