Petro y el memorando de la vergüenza: una puñalada a la soberanía nacional

Colombia atraviesa una de las etapas más peligrosas de su historia reciente, no por amenazas externas, sino por decisiones internas que han comprometido la soberanía nacional, debilitado nuestra seguridad fronteriza y socavado principios fundamentales de la diplomacia como el representar los intereses de la nación. La política exterior del Sr. Gustavo Petro ha sido errática, cargada de una visión ideológica desfasada, y sobre todo, profundamente funcional a gobiernos autoritarios como el de Nicolás Maduro. El más claro ejemplo de esta peligrosa tendencia, es el memorando de entendimiento firmado recientemente con el régimen venezolano para crear la llamada “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”.

El acuerdo, presentado con bombos y platillos, fue retratado como una apuesta por la integración, la paz fronteriza y la prosperidad regional. Pero detrás de su fachada de cooperación, se esconde un acto de entrega, una claudicación frente a un régimen que ha desplazado a más de 7 millones de personas, que ha arrasado la economía venezolana, y que ha servido de refugio a estructuras criminales que afectan directamente a Colombia. Lo que Petro celebra como un avance diplomático, es, en realidad, una cesión de legitimidad política, un debilitamiento de la soberanía nacional y una invitación tácita al caos que ya reina en buena parte de nuestra frontera noreste.

El memorando firmado establece una serie de compromisos bilaterales sin mecanismos claros de verificación, sin garantías de seguridad, y con una delimitación territorial ambigua que podría generar conflictos en el futuro. Lejos de ser un acuerdo técnico, es un gesto político con implicaciones profundas: legitimar al régimen chavista a cambio de una supuesta cooperación que no llega y probablemente nunca llegará. ¿Qué gana Colombia? La respuesta es poco positiva. ¿Qué gana Maduro? Mucho: reconocimiento, oxígeno político y la posibilidad de blindar su frontera con la complicidad de un vecino que le rinde honores en lugar de exigir justicia.

El documento habla de desarrollo agroindustrial, de comercio binacional, de colaboración en salud y educación. Pero no toca ni con una línea las responsabilidades del régimen venezolano en la expansión del narcotráfico, la minería ilegal o la protección de grupos armados como el ELN o disidencias de las FARC que operan en ambos lados de la frontera. El acuerdo omite que la inseguridad en la frontera, el control territorial y la complicidad criminal, son un problema para el desarrollo. Firmar un pacto con Maduro sin exigir condiciones claras, verificables y transparentes, es como hacer un trato con el fuego esperando que no queme.

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, es hoy un campo de guerra. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, el desplazamiento, los asesinatos de líderes sociales y la expansión de los cultivos ilícitos lo convierten en uno de los territorios más peligrosos de Colombia. Y, sin embargo, el Sr. Gustavo Petro ha sido incapaz de recuperar el control. Mientras tanto, desde Caracas, se permite y se alienta el movimiento libre de actores armados que utilizan el territorio venezolano como santuario. ¿Cómo se puede hablar de paz fronteriza sin intervenir en esta realidad? ¿Cómo puede el “presidente” firmar un memorando que ignora deliberadamente la dimensión criminal y la crisis?

El Catatumbo no es una zona aislada. Es un reflejo de lo que ocurre a lo largo y ancho de nuestra frontera con Venezuela. Municipios como Tibú, Puerto Santander y Cúcuta viven bajo la sombra del miedo. El control estatal es parcial, y la economía ilegal reemplaza, cada vez con más fuerza, a la economía formal. Los ciudadanos, atrapados entre el abandono institucional y la violencia armada, ven con asombro cómo su gobierno, en lugar de fortalecer la presencia estatal, firma acuerdos simbólicos con quienes han contribuido activamente a su desgracia.

En este contexto, no es solo irresponsable firmar un acuerdo con la dictadura de Maduro. Es inmoral. No se puede hablar de derechos humanos mientras se estrecha la mano de un gobierno que reprime, encarcela y tortura a su pueblo. No se puede hablar de soberanía mientras se permiten pactos con quienes no respetan límites, ni instituciones, ni democracia. Y no se puede hablar de desarrollo cuando lo que está en juego es la integridad misma del territorio nacional.

El Sr. Petro no solo ha ideologizado la política exterior colombiana; la ha secuestrado. Las embajadas han sido ocupadas por militantes, amigos y operadores políticos sin experiencia. Los intereses nacionales han sido desplazados por afinidades ideológicas que responden más a simpatías personales que a estrategias de Estado. Colombia ha pasado de tener una diplomacia técnica y profesional a convertirse en una oficina de extensión de las narrativas del chavismo continental.

El daño es profundo. La confianza internacional se erosiona. Los socios estratégicos nos miran con recelo. La inversión extranjera huye ante la falta de garantías y el riesgo de una política exterior incoherente. Y lo más grave: perdemos el respaldo de aliados democráticos mientras estrechamos lazos con gobiernos autoritarios, corruptos y antidemocráticos.

El caso de la Guajira es otro ejemplo del doble discurso de este gobierno. Petro prometió agua, justicia ambiental, y presencia estatal. Pero lo que ha llegado a la Guajira es improvisación, manipulación política y abandono. ¿De qué sirve un memorando binacional si ni siquiera se puede garantizar agua potable a los niños wayuu?

Volviendo al memorando: este documento de imprecisión y sin mecanismos de evaluación, es una herramienta perfecta para justificar la expansión de agendas paralelas. Las zonas económicas especiales que allí se mencionan pueden terminar siendo corredores del crimen organizado, nuevas plataformas de lavado de activos o espacios de colonización política y territorial. Y sin una autoridad clara que regule, supervise y exija, estos espacios podrían convertirse en los nuevos epicentros de la ilegalidad transfronteriza.

Lo más grave es que el Sr. Gustavo Petro lo sabe. Y, aun así, lo firma. Lo celebra. Lo impone. Porque para Petro, el interés nacional es secundario cuando está en juego su proyecto ideológico. Un proyecto que desprecia a la institucionalidad, que erosiona la separación de poderes, y que ahora pretende reconfigurar la política exterior para convertir a Colombia en una pieza más del tablero chavista latinoamericano.

Desde el Congreso de la República no seremos espectadores de este despropósito. Se debe interrogar sobre los límites territoriales implicados, la responsabilidad en seguridad, y los beneficios para el país. Y si no hay respuestas claras, se debe frenar su implementación. Porque, si no hay límites, si no hay control, si no hay soberanía, entonces lo que está en juego es la integridad misma de Colombia.

No se trata de derecha o izquierda. Se trata de un país. De dignidad. De principios. De respeto a los ciudadanos que exigen un Estado presente y un gobierno que los represente. El Sr. Gustavo Petro podrá disfrazar este acuerdo de integración regional, podrá repetir que es por la paz, por el desarrollo, por la hermandad. Pero lo cierto es que ha puesto la política exterior al servicio de su relato. Y en el camino, ha traicionado a Colombia.

La historia sabrá juzgar a quienes firmaron, a quienes callaron, y a quienes aplaudieron. Pero hoy, el deber es alzar la voz. Porque cuando un presidente entrega la frontera, apoya dictaduras, y firma acuerdos con quienes oprimen, no está gobernando para la nación. Y eso, en cualquier democracia seria, es inaceptable.