Petro y fiscal, no callen a Vicky Dávila

El objetivo es claro: meter a la cárcel a Vicky Dávila, periodista y directora de revista SEMANA, y sacarla del camino. Es el precio por haber revelado los petrovideos de la campaña presidencial; los abusos de Laura Sarabia en contra de su niñera, Marelbys Meza; los escandalosos audios de Armando Benedetti, donde dice que si revela la verdad sobre la financiación de la campaña todos podrían ir a la cárcel y las revelaciones de Day Vásquez, y las del propio Nicolás Petro, quien ratificó que su papá, el presidente de Colombia, supo de “las platas” que entraron a su campaña.

¿Nos sorprende esta actitud de los líderes del “cambio”? Claro que no. Al final, todos sabemos que este Gobierno resultó ser, de lejos, el más oscuro, corrupto y maquiavélico.

A Vicky la quieren vincular con el misterioso software de espionaje llamado Pegasus. Sin embargo, aún hay muchas preguntas por resolver: ¿quiénes y cómo lo compraron? Si se rompieron las relaciones diplomáticas con Israel, ¿cómo se van a adelantar las investigaciones sobre el tema? ¿Está Petro torpedeando las investigaciones con su decisión ejecutiva de romper relaciones con el Estado desde donde, supuestamente, se realizó toda esta operación?

Pues bien, nadie sabe nada, pero ante los rumores es obvio que la justicia colombiana debe investigar con seriedad, diligencia, transparencia y sin sesgo político. Si se violó la ley, los responsables deben asumir las consecuencias. Pero, tratar de vincular el tal Pegasus con el desempeño profesional de Vicky Dávila es ridículo, pero sobre todo peligroso para la libertad de prensa y la democracia de Colombia.

Esta estrategia solo tiene un propósito: silenciar a Vicky. El presidente Petro inventó una nueva patente de corso para deslegitimar y tachar de ilegales y espurias las investigaciones que tanto lo asustan y que demuestran que su Gobierno está lleno, no de resultados, sino de escándalos. Jamás un Gobierno había arrastrado con tanta enjundia la ética pública y la altura de los cargos.

¿Está la fiscal general de la Nación trabajando por los intereses de la Casa de Nariño? ¿Recibe órdenes de la Presidencia y las ejecuta al pie de la letra? Es que, por ejemplo, en el caso de Nicolás Petro se siente el desespero por encontrar la manera de que la pena por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos sea la menor posible y en un “resort” militar digno del hijo mayor del presidente. En un país serio y con justicia, hace rato Nicolás Petro estaría en una cárcel pagando por los crímenes que ya confesó que cometió.

La denuncia temeraria que interpuso un ciudadano preocupado y petrista declarado, Orlando José Serpa, señalando a Vicky de los supuestos delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la Patria, tiene como única prueba la alocución del presidente Petro, en la que, en medio de un paro camionero, habló del tal Pegasus. ¿Alguien le dijo al señor Serpa que presentara esa denuncia? ¿Es un plan macabro en el que todas las formas de lucha valen para quedarse en el poder?

A Vicky Dávila la pueden criticar por su trabajo; en una democracia, es normal. Pero atribuirle un listado de delitos inventados y de ese nivel, y que la fiscal Camargo haya corrido a abrir una noticia criminal con urgencia de investigación, es un mensaje amenazante, pero, sobre todo, claro. Este es el primer paso de una persecución a periodistas que puede terminar, más adelante, en el cierre de aquellos medios que sean incómodos para los intereses del Gobierno. Sí, la misma estrategia seguida por los gobiernos castrochavistas de la región: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Petro se ha cuidado hasta ahora de caer en la irracionalidad de cerrar medios de comunicación, pero sus alfiles y más fundamentalistas seguidores se encargan de hacer la tarea, señalando y sugiriendo que ese sea el camino que tome el mandatario. El fanático Alfredo Saade dijo, en su cuenta de X, el pasado 30 de octubre: “Hay que cerrar Caracol por generar pánico”.

Durante el gobierno de Petro, revista SEMANA ha sufrido ataques sistemáticos. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2023, la minga indígena se tomó las instalaciones de la revista, y, el propio presidente no ha tenido recato alguno para llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas que no le gustan y que lo cuestionan. Es inevitable pensar que en esa lista estamos las mujeres que, desde esta casa editorial, nos hemos opuesto con nuestras voces a los abusos del “cambio” y a los vaivenes y la falta de experiencia de Petro. Por supuesto, no podemos dejar de lado sus frases descalificadoras y machistas en contra de Vicky, a quien despectivamente se refiere como “la señora de siempre”.

La realidad es que la directora de revista SEMANA se convirtió en el referente de la oposición a este Gobierno, por ser una voz coherente con sus convicciones, por proteger sus fuentes y porque no se ha acomodado a la conveniencia del gobierno de turno, sino que con valentía ha revelado los escándalos de corrupción, a pesar del acoso al que se han visto sometidas ella y su familia. Lo fácil era mantenerse en una línea “tibia”, pero lo correcto era develar todas las porquerías de corrupción, para que hablemos claro.

La democracia en Colombia está en riesgo. En su momento, cuando más le incomodaba el exfiscal Francisco Barbosa, Petro, en un intento desesperado por reducirlo a un subalterno, dijo en una rueda de prensa que él era el jefe del Estado y, por lo tanto, el jefe del fiscal. La democracia colombiana se enfrenta a la inestabilidad, a la presión y al miedo. Petro ha demostrado que no conoce límites éticos y que está dispuesto a quitar del camino a todo lo que le incomode. Desde el principio advertimos que Petro nos conduciría a un precipicio, similar al que ya sufren millones en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para quienes no nos creyeron, el mensaje es claro: la libertad está en peligro.