Petro y su patraña antiobrera: cada pregunta de la Consulta tenía truco

Para empezar, los voceros de la derrotada consulta popular del Gobierno Petro, sobre temas laborales, son dos camaleones que reúnen largas historias de maniobras electoreras y politiquería: Armando Benedetti, uribista furibundo, santista rabioso y relevante petrista, y Antonio Sanguino, de la Corriente de Renovación Socialista, polista, luchista (de Garzón), verde, claudista, excandidato de Fajardo a la Gobernación del Cesar en 2023 y converso al petrismo.

Nada tiene que ver con el “cambio” y con “el pueblo”. La exposición de motivos, presentada al Senado, la fundamentaron en “numerosas recomendaciones” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y en “mandatos” de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea (pág. 19).

Las propuestas no se inspiraron en la defensa de los trabajadores, sino en exigencias externas, inclusive las que hace el Gobierno Trump, ceñido al capítulo 17 del TLC y a las prescripciones del Departamento del Trabajo norteamericano, como requisito para desmontar los aranceles del 10 por ciento a nuestros productos. Insólito, la patraña une a Petro con Trump (ver documento USTR, 2025, pág. 107).

El cuidadoso examen de las 12 preguntas que habrían ido en la consulta acrecienta los recelos. Buena guía es el análisis del periódico Soberanía, que esclarece el ardid contra los trabajadores cuando se presentan como normas novedosas, pues la mayoría están en las leyes, o cuando se abren las puertas para que, una vez aprobadas, puedan desmejorarse las condiciones del trabajo, o cuando se introducen las “recomendaciones” que buscan crear un mundo laboral por debajo de los estándares actuales en el campo y en la ciudad. (https://soberania.co/colombiasoberana/analisis-de-las-12-preguntas/2025/l)

Por ejemplo, en las preguntas uno y dos, fuera de que existen normas para la jornada laboral desde 1934, está vigente la Ley 2101 de 2021, que la consulta no tumbaba, y que permite acordarla entre patrón y trabajador, siempre y cuando no exceda el límite de 44 horas semanales, que regirá desde el 15 de julio de 2025 y de 42 en 2026. Con ella podrían cuadrarse turnos sucesivos sin causar recargo alguno. ¿Lo saben los votantes?

También la pregunta siete, que señalaba que “las personas trabajadoras en plataformas de reparto acordarían su tipo de contrato y se les garantizaba el pago de seguridad social”; o la ocho, de “un régimen laboral especial” para el campo, o la diez, de que “las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas” y otras “informales” serían “formalizados o tengan acceso a seguridad social”. Todas iban en la misma dirección: los pagos de pensión, sinónimo de “formalización” de la Ocde, no se harían, como obliga la ley actual, con base en el salario mínimo, sino con el de “independiente tiempo parcial”. Se gestaba un régimen laboral por debajo de los pagos de hoy.

Igual con “los incentivos” a los micronegocios de la pregunta dos. Franquearles ese mismo tipo de pago a sus trabajadores por debajo de los mínimos, no como lo fija ahora el Decreto 2616 de 2013. Además, creer que, con una tasa de interés preferencial, saldrán a flote mientras la política fiscal los ahoga, la política comercial es aperturista y la monetaria ortodoxa, que reglará las tarifas siempre por encima de la inflación. Cada pregunta tenía truco.

La contratación de personas con discapacidad de la pregunta cinco, de dos por cada 100 trabajadores, fijaba la cantidad, lo cual no lo hacían dos leyes ordinarias, dos decretos y una estatutaria de 2013 existentes. Con ese número se ponía un límite superior para cumplir.

La pregunta cuatro, sobre licencias y permisos para tratamientos médicos, enfatizaba, con seductora perversidad, en las menstruaciones “incapacitantes”. Tres artículos del Código Sustantivo y el Decreto 2126 de 2023 abarcan estas licencias, cualquiera que sea el motivo. Recurrió el Gobierno a casos sensibles de las mujeres para utilizarlas en el proyecto engañoso.

También así con los aprendices del Sena en la seis. Cuando se pide el contrato laboral, del que no especificaba las condiciones, se facultaba, de hecho, a los contratistas a tratarlo como trabajador común para toda suerte de labores, no solo en aquellas relativas a su formación.

La nueve se relacionaba con la contratación por terceros, de los ignominiosos “contratos por servicios”, y la once con la estabilidad laboral. En esta última decía que el contrato indefinido sería “regla general”, o sea, no excluía ninguna de las formas de contrato indecente. La pregunta doce, acerca del “bono pensional” para “campesinos y campesinas”, es el pilar solidario de la pensional. Otro gancho para jalar votos.

Esta consulta maliciosa, de trampas y sobornos políticos, era un atrevido asalto a la conciencia obrera en su propio perjuicio y, lo peor, quiere volver a presentarla.