Por fin los ojos en el desfalco de regalías de Ocad Paz

Esta semana, mientras el país se sumía en el pánico que generó saber que no había combustible suficiente para garantizar la normalidad de la operación aérea, el director de Planeación Nacional, Alexánder López, afirmó que 12 billones de pesos del Sistema General de Regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad Paz) se perdieron en corrupción.

López hizo este anuncio tras conocer los resultados de una investigación del equipo de regalías del Gobierno que determinó que en Colombia entre 2017 y 2024 se han financiado 19.393 proyectos con recursos de regalías, por un monto de 68,54 billones de pesos. De estos proyectos, 1.053 fueron financiados con recursos de Ocad Paz. Pero la constante en estos proyectos es que quedaron abandonados, se realizaron con materiales de baja calidad, tienen adiciones presupuestales o simplemente jamás se ejecutaron. De forma llamativa, en 2021, al cierre del Gobierno Duque, se desembolsó la mitad de estos recursos, por el orden de 4,5 billones de pesos.

Aunque la cifra real de cuánto de las regalías se ha perdido en corrupción no ha sido determinada, la realidad es que la ejecución de recursos de regalías de Ocad Paz (y de regalías en general) se convirtió en una de las mayores fuentes de robo de recursos en las regiones, donde se unen los clanes políticos, sus cuotas en las regiones y sus representaciones en el Congreso.

Analizadas las cifras presentadas por el director López, es evidente que la gran mayoría de estos dineros fueron desembolsados en las regiones más apartadas y con mayores necesidades de inversión de Colombia. Pero, a pesar de las inversiones billonarias, estos municipios que recibieron la inversión no tuvieron ningún impacto de transformación. La mayoría de las veces las obras quedaron inconclusas, inservibles o, sencillamente, no existen.

Es llamativo ver que, de las 1.714 entidades ejecutoras de estos contratos, 11 concentran la mayoría de la contratación. La más grande de ellas, la Agencia para la Infraestructura del Meta, con 55 proyectos a cargo, por 1,5 billones de pesos. Estos proyectos tienen 174 reportes a órganos de control por presuntas irregularidades. Le sigue la Fundación Universidad del Valle, con 101 proyectos por 770.000 millones de pesos y 12 reportes a órganos de control; el Fondo Mixto para la Gestión y Promoción del Deporte, con 85 proyectos por 898.000 millones de pesos; el Fondo Mixto Sierra Nevada, con 164 por 698 millones de pesos y 8 reportes por irregularidades; y Foncolombia, con 153 proyectos por 368.000 millones y 3 investigaciones por irregularidades.

La deshonrosa lista la completan la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), la Asociación de Municipios del Urabá, Darién y Caribe (Asomudacar), la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (Asosupro), la Empresa de Servicios Públicos del Casanare, las empresas públicas del Meta y la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac). Todas ellas tuvieron a cargo la ejecución de 412 proyectos, que suman 2 billones 895 mil millones de pesos.

Estos ejecutores recurrieron en su mayoría a la contratación directa, aprovechando sus regímenes de contratación especial, que les permiten evadir la aplicación de la Ley 80. Son verdaderos ‘contrataderos’ en los que fácilmente se direccionan contratos para que lleguen a manos de los contratistas que quieren los dueños políticos de las regiones, muchos de ellos sin ninguna experiencia.

Según las denuncias del DNP, el top 20 de los municipios que más recibieron regalías fueron Puerto Gaitán, Acacías y Villavicencio (Meta), Valledupar, Becerril y La Jagua de Ibirico (Cesar), Yopal y Aguazul (Casanare), Arauca y Arauquita (Arauca), Albania, Riohacha, Manaure y Barrancas (La Guajira), Montería (Córdoba), Mocoa (Putumayo), Ciénaga (Magdalena), San José del Guaviare (Guaviare) y Barrancabermeja (Santander).

¿Dónde terminaron los desembolsos billonarios a estos municipios?

Algunos ejemplos: el contrato para el mejoramiento de 10 kilómetros de la vía entre la vereda Chafurray y la vereda Tierra Grata, en el Meta, tuvo un valor de 48.958 millones de pesos y hoy, después de un desembolso del 66,3 por ciento, se encuentra completamente suspendida y con deficiencias en lo ejecutado por uso de materiales de baja calidad y ausencia de estudios técnicos.

Lo mismo ocurre con la doble calzada entre Caquetá y Florencia, por 36.301 millones de pesos. A pesar de que se ha desembolsado el 65,81 por ciento de los recursos, solo tiene un avance del 44,85 por ciento y la obra está completamente suspendida.

Hay casos aberrantes, como la construcción del Centro de Salud de Trinidad en Casanare, que con un avance financiero del 49,80 por ciento tiene un 1,7 por ciento de ejecución física. O la construcción de vivienda nueva urbana y rural en Puerto Nare, Yolombó y Yondó, en Antioquia, que con una destinación de 9.351 millones y un avance financiero del 89,27 por ciento tiene una ejecución del 0,22 por ciento.

Y la lista sigue en todo el país.

Esta es una cuestión de voluntad. Se requiere que la Fiscalía y la Contraloría crucen los nombres de los contratistas de estas entidades y busquen sus vínculos con los políticos de cada una de las regiones. Van a encontrar que los nombres se repiten y llevan, sin excepción, a varios de los congresistas que llevan años siendo los amos y señores del Congreso.

Da esperanza que este Gobierno ponga la lupa en ponerles caras y nombres a este desangre de regalías, recursos que se han ido la gran mayoría de las veces a financiar las campañas políticas de esos mismos que llevan años robándose los recursos de estos municipios.