“Prefiero estar presa en El Salvador”

Hace unos días, la revista SEMANA resaltó la visita de Johana Bahamón a las cárceles de El Salvador. Allí, una privada de libertad cartagenera, con la voz firme y sin vacilar, le dijo de frente mientras le aplicaba una capa de esmalte a una visitante: “Prefiero estar presa en El Salvador”.

Quiero ampliar esta experiencia que, para mí, también fue sorpresiva. No lo dijo con resignación, sino con dignidad. Se llama Paola. Cayó por una red de lavado de dinero —”el día equivocado, en el lugar equivocado”, aseguró— y ahora trabaja en el salón de belleza del centro penal de Apanteos, donde cobra 10 dólares por cada manicura. ¿El detalle escandaloso? Que esa afirmación no fue una metáfora, ni una crítica disfrazada, sino una elección clara. Paola prefiere una cárcel salvadoreña a las supuestas “libertades” carcelarias de Colombia.

Tiene acceso a servicios consulares; sus familiares saben de ella y ella, de ellos; pueden consignarle hasta 500 dólares mensuales, controlados rigurosamente para evitar corrupción. Tiene cama, comida y no paga sobornos. Cuando le mencioné la posibilidad de un acuerdo de repatriación, me miró como si le propusiera un traslado al infierno: “Allá toca pagarle a la guardia por todo, hasta por un vaso de agua”.

Y no la culpo.

Porque mientras en El Salvador más de 41.000 privados de libertad trabajan, estudian y redimen penas, en Colombia las cárceles son franquicias del crimen organizado. Más del 90 % de las extorsiones telefónicas se planean desde adentro. Los penales se han convertido en call centers del terror, donde los jefes no están tras las rejas, sino detrás de un celular con señal 5G y escoltas pagados por los propios internos. ¿Exageración? Revise los informes del Inpec…, o simplemente pregúntele a cualquier empresario en Medellín o Bogotá cuántas veces lo han extorsionado desde una cárcel.

La cárcel: ¿castigo o sede social?

El problema no es la falta de tecnología. Llevamos 20 años hablando de bloqueadores, inhibidores, requisas semanales y “modernización del sistema penitenciario”. El resultado: celulares por toneladas, corrupción institucionalizada y 82 sindicatos del Inpec que blindan a los funcionarios corruptos con el fuero de los impunes. Sí, leyó bien: 82 sindicatos para proteger la “dignidad laboral” de quienes permiten que el crimen continúe desde la comodidad de un catre ortopédico con minibar incluido.

Y si hablamos de soluciones, es hora de decirlo claro: Colombia no necesita otro comité. Ni otro piloto. Ni otra licitación. Ni otra ley. Necesita una jaula de Faraday a gran escala. Una verdadera estructura metálica con malla de acero galvanizado, pintura bloqueadora de señales RF, y puertas blindadas que impidan cualquier tipo de comunicación ilegal. Porque lo que no se comunica, no se coordina. Y lo que no se coordina, no se ejecuta.

¿Costo? Entre 1.500 y 3.000 millones de pesos por penal. ¿Beneficio? Silencio. No solo el de las llamadas extorsivas, sino el de las balas que ya no se disparan gracias a una orden que nunca se dio.

Además, hoy existen soluciones más económicas y eficaces que los famosos bloqueadores que no han servido de absolutamente nada: pinturas RF, telas conductoras, sistemas de blindaje pasivo. Tecnología hay, lo que falta es voluntad.

¿Humanidad? Claro. Pero sin complicidad

La dignidad del preso no se mide por su comodidad, sino por su posibilidad de redención. Una verdadera política de derechos humanos comienza por impedir que los privados de libertad se conviertan en verdugos de los ciudadanos de bien. Que tengan comida, salud, trabajo digno, contacto con sus familias y, sobre todo, un sistema que les diga: “Usted aquí paga, pero también puede redimirse”.

Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Cárceles que no son resorts ni campos de concentración, sino verdaderos centros de contención y resocialización. Sí, con condiciones duras, pero claras. Aquí no se paga por no ser golpeado. Aquí no se extorsiona al nuevo. Aquí no se vende la cama de arriba por 50 dólares. Aquí, como dijo Paola, sí se puede estar bien estando mal.

Y a quienes insisten en que esas no son condiciones dignas, los invito a buscar imágenes, o mejor, visitar personalmente la estación de Policía La 19, en Riohacha. Con un hacinamiento del 2.000 %, sin agua, con poca luz, sin retretes en las celdas, en fin. Un monumento a la violación de los derechos humanos ante el cual nadie se inmuta. Algunos prefieren criticar sin conocer.

Colombia no necesita más promesas. Necesita decisiones. Mientras aquí debatimos si los bloqueadores afectan la señal de DirecTV de la directora del penal, en El Salvador cortamos las señales, no hay cable, pintamos el techo, pusimos la malla y enterramos el drama delictivo bajo tierra y bajo control.

¿Y el Inpec? Bueno, ese sigue siendo el sindicato más exitoso del crimen organizado. Ya no necesita lavar el dinero. Solo sindicalizarlo.

*Este es un artículo con un planteamiento editorial personal, que en nada compromete al Gobierno de El Salvador.