Presos los colombianos, libres los criminales: el país donde la justicia está al revés

He recibido amenazas serias en redes sociales por expresar mis opiniones sobre Colombia en Revista Semana, pero sigo firme. No me voy a callar. Lo hago con la tranquilidad de quien vive en El Salvador, un país que pasó de ser uno de los más violentos del mundo a estar entre los cinco más seguros. Mientras tanto, en Colombia, la seguridad se ha convertido en un lujo inalcanzable. La violencia ya no es solo un problema: es el sistema.

Las historias de asaltos, paros armados, desplazamientos forzados, extorsiones y secuestros ya no generan indignación, sino resignación. En cualquier conversación con amigos o familiares en Colombia, es cuestión de minutos para que alguien relate su más reciente encuentro con la delincuencia: el robo en un semáforo, la llamada extorsiva, el vecino que amaneció sin carro. Y aunque el Gobierno insiste en que la seguridad está mejorando, la realidad es otra. Las cifras no convencen cuando el miedo se siente en cada esquina.

Pero el problema no es solo la delincuencia desbordada, es la impunidad que la acompaña. Según el Índice Global de Impunidad, Colombia está entre los países con mayores niveles de injusticia en América Latina. La gente ha dejado de confiar en las instituciones. Antes, el Estado era visto como un protector; hoy, muchos lo perciben como un espectador de lujo en un país gobernado por el crimen.

Y si hay dudas sobre la magnitud del problema, basta con ver lo que ocurre a quienes, en teoría, deberían estar mejor protegidos. Si los funcionarios públicos con escoltas, seguridad privada y casas blindadas son víctimas de la delincuencia, ¿qué le espera al ciudadano de a pie?

La semana pasada, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras denunció que, pese a su esquema de seguridad, le robaron dentro de su propia casa. “La inseguridad nos ha tocado a todos. Esta semana fui víctima de ella y, pese al esquema de seguridad a mi asignado, ingresaron a mi casa a robar. Naturalmente, no hay responsables”, declaró. Sí, le robaron a un exvicepresidente con guardaespaldas y robusta seguridad.

Y no es el único. El concejal de Bogotá, Rolando González, también fue asaltado a mano armada en la puerta de su hogar. “He sido víctima de un hurto a mano armada con amenaza a bordo”, relató González, quien— como muchos otros políticos— goza de protección especial.

Si ellos no están seguros, ¿qué le queda a la gente común, la que no tiene más protección que un candado oxidado y la Virgen del Carmen en el retrovisor?

El Salvador: de la impunidad a la seguridad

Hace unos años, El Salvador era un espejo de Colombia: violencia descontrolada, territorios dominados por pandillas, policías superados y cárceles convertidas en centros de operaciones del crimen organizado. Pero todo cambió con el Plan Control Territorial.

¿Qué pasó? No importamos policías de Suiza. No reemplazamos a toda la fuerza pública. Lo que cambió fue el liderazgo, la voluntad política y la determinación para recuperar el país.

Los mismos policías que antes patrullaban con miedo, hoy lo hacen con autoridad. Los mismos guardias de prisión que antes eran cómplices del crimen, hoy operan cárceles de máxima seguridad. La diferencia fue un liderazgo decidido y una política de seguridad real, sin medias tintas.

Para aquellos que desestiman los logros de El Salvador, argumentando que su tamaño facilita el control del crimen, es hora de enfrentar la realidad. En 2015, El Salvador registraba una alarmante tasa de homicidios de 104 por cada 100.000 habitantes, situándose como uno de los países más violentos del mundo. Gracias a una estrategia de seguridad decidida, esta cifra se redujo drásticamente a 2.4 en 2023. Mientras tanto, en Colombia, ciudades como Palmira, con apenas 361.000 habitantes, reportaron una tasa de homicidios de 35.1 por cada 100.000 habitantes en 2023. Esto demuestra que el tamaño no es excusa; incluso las ciudades más pequeñas de Colombia enfrentan niveles de violencia inaceptables. La diferencia radica en la voluntad política y la implementación efectiva de estrategias de seguridad.

La clave: cárceles seguras

El Salvador entendió algo que en Colombia sigue pareciendo ciencia ficción: sin cárceles seguras, no hay ciudades seguras. De nada sirve capturar delincuentes si, una vez en prisión, siguen delinquiendo con total impunidad.

En Colombia, las fugas de presos no son un problema ocasional, sino parte del sistema. No es que los presos se escapen, es que si pagan, salen. Y si se quedan, siguen operando desde la comodidad de sus celdas, con acceso a teléfonos, internet y hasta servicio de ‘acompañantes’ que ingresan con la complicidad de la corrupción. En redes sociales circulan denuncias de prostitutas que cuentan cómo cobran por prestar sus servicios dentro de las cárceles.

Mientras los ciudadanos honestos viven con miedo, los delincuentes disfrutan de ‘penales VIP’. El crimen en Colombia no está encerrado, está de vacaciones.

La solución es obvia: cárceles reales. Sin lujos, sin privilegios, sin comunicación con el exterior. Un sistema penitenciario donde la única certeza para un delincuente sea que, una vez capturado, su carrera criminal termina.

Una reforma judicial urgente

Pero el problema no comienza o termina con las cárceles. Colombia necesita una reforma judicial profunda. Un sistema donde las penas se cumplan, donde la justicia no sea un mercado y donde los criminales no tengan impunidad garantizada.

Las cárceles no deben ser universidades del crimen ni hoteles de lujo. Deben ser lugares donde se cumpla la ley, donde el Estado tenga el control absoluto y donde la seguridad de la sociedad esté por encima de cualquier otro interés. Sin una justicia fuerte, todo esfuerzo en seguridad será en vano.

La solución: liderazgo y decisión

El Salvador cambió porque hubo voluntad política. No porque se aprobaran leyes más severas ni porque se aumentara el presupuesto en seguridad, sino porque hubo un gobierno dispuesto a tomar decisiones difíciles y a enfrentar el problema de raíz.

Colombia puede hacer lo mismo. No es una cuestión de recursos, es una cuestión de liderazgo. Es necesario un plan de seguridad que entienda que el miedo no se combate con discursos, sino con acciones contundentes.

Mientras tanto, la gente sigue atrapada por el miedo. Cada día, las redes sociales se llenan de videos de atracos en plena luz del día, de testimonios de extorsionados que no saben a quién acudir, de familias que no pueden dormir tranquilas.

Pero esto no tiene por qué ser así. El Salvador demuestra que es posible revertir la inseguridad. No fue fácil, no fue inmediato, pero fue real. Y si se pudo aquí, también se puede en Colombia.

La diferencia está en la voluntad de cambiar. En la determinación de recuperar las instituciones y en la decisión de hacer lo que se tiene que hacer.

Hoy, duermo tranquilo en El Salvador. No porque el país sea perfecto, sino porque la seguridad dejó de ser un sueño inalcanzable y se convirtió en una realidad palpable.

Colombia merece lo mismo. Sus ciudadanos no deberían vivir atrapados por el miedo.

Pero para eso, alguien tiene que atreverse a cambiarlo todo.

*Este es un artículo con un planteamiento editorial personal, que en nada compromete al Gobierno de El Salvador.