Primer puerto marítimo de Antioquia: estrategia y desarrollo para vencer los desafíos

Ubicado en la mejor esquina de Suramérica, es un punto estratégico clave para el desarrollo económico del país. Esta zona, que es la salida al mar Caribe de Antioquia y Chocó, es actualmente el epicentro de tres proyectos portuarios: Pisisí (Turbo), Puerto Internacional del Darién (Necoclí) y Puerto Antioquia (también en Turbo).

Entre ellos destaca el primer puerto marítimo de los paisas, Puerto Antioquia, que permitirá conectar de manera más fácil el Pacífico con el Caribe colombiano a través de un “canal seco” con los modernos ejes viales 4G, Pacífico 1, 2 y 3, el túnel del Toyo y los tramos Mar 1 y Mar 2. Esta nueva ruta moverá carga entre Buenaventura, el Eje Cafetero y Turbo (Antioquia), reduciendo la distancia en al menos 300 kilómetros y los costos de transporte en un 30 %. Se estima que entrará en operación en el primer semestre de 2025.

La cercanía de Puerto Antioquia al Canal de Panamá, a solo 470 millas náuticas (alrededor de 870 kilómetros), lo convierte en un corredor logístico estratégico de acceso a los mercados de Norteamérica, Europa y, especialmente, Asia. Según fuentes abiertas, con una inversión de 760 millones de dólares, el puerto contará con un muelle de 1.337 metros de longitud y 15 metros de profundidad, permitiendo el atraque de buques post-Panamax de hasta 14.000 TEU. Las expectativas económicas son triplicar las toneladas de carga que se mueven actualmente por la región, generando 17.000 nuevos empleos formales y 800 nuevas empresas.

El cultivo de banano en Urabá, uno de los motores económicos de la región, podrá embarcarse directamente desde muelles automatizados, eliminando el tránsito por barcazas hacia la zona de fondeo, como se hace actualmente. Esta nueva ruta facilitará también el comercio de otros productos colombianos como plátano, aguacate Hass, café, flores, productos agroindustriales, manufacturas ligeras y bienes industriales. Así, Puerto Antioquia se perfila como un competidor de primer nivel para otros puertos en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, incentivando mejoras en infraestructura, servicios portuarios y tarifas.

El desarrollo de estos proyectos portuarios tiene el potencial de generar un impacto positivo, comenzando por más empleo formal para la mano de obra local, el desarrollo económico mediante la creación de múltiples empresas asociadas a la logística de los puertos, como las agencias marítimas, y mejoras en la infraestructura de las vías de acceso y las poblaciones cercanas. También contribuirá al fortalecimiento de la educación y la capacitación, con el apoyo directo de grandes empresarios, la reducción de la informalidad y mejoras en la calidad de vida en general como contraprestación a las comunidades, todo de la mano de sus líderes sociales y políticos de las poblaciones impactadas por los proyectos.

Sin embargo, este desarrollo económico viene acompañado de desafíos significativos en términos de seguridad. El primero de ellos es la presencia del Clan del Golfo, cuyo nombre refleja su arraigo histórico en esta región. A través de extorsión, control territorial, narcotráfico, contrabando, violencia, inseguridad y sabotajes o presiones sobre la infraestructura, este grupo ejerce un alto nivel de gobernanza política, social y económica, actuando como un ejército al servicio del mejor postor. Sus mediáticos paros armados en vastas regiones del país son una muestra de ello.

A esto se suman los flujos crecientes de migrantes irregulares provenientes de Venezuela, África y Asia, que transitan por la región en su intento de llegar a Norteamérica. Esta situación puede afectar negativamente a los proyectos portuarios en cuanto a seguridad y estabilidad regional, incrementando actividades ilícitas debido a las necesidades de los migrantes, sobrecargando la infraestructura local y generando un impacto negativo en la imagen internacional, lo que podría preocupar a los inversionistas y empresarios.

Para mitigar estos riesgos potenciales, es perentorio que el Estado refuerce su presencia en la región, tanto en el mar, con la Armada Nacional, como en tierra, mediante el Ejército y la Policía Nacional. El golfo de Urabá tiene la particularidad de contar con aguas abrigadas y profundas en una inmensa área. Actualmente, la Armada cuenta con la Capitanía de Puerto de Turbo y la Estación de Guardacostas del mismo nombre, realizando un excelente trabajo. Sin embargo, con estos nuevos proyectos, es urgente incrementar las capacidades de vigilancia electrónica y patrullaje. Será necesario contemplar la ampliación de las instalaciones actuales o la creación de otras en puntos clave, dotadas con medios de reacción rápida que permitan una respuesta adecuada ante cualquier situación, complementando las medidas que exige la norma para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), implementada por la Organización Marítima Internacional (OMI) tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Una acción similar debe implementarse con las tropas en tierra para asegurar los ejes viales y la infraestructura asociada a la nueva salida al mar, además de realizar un trabajo continuo de inteligencia y acciones militares sostenidas contra las estructuras del Clan del Golfo, para que la gobernanza dependa realmente del Estado colombiano. Finalmente, se requieren esfuerzos internacionales y regionales para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal, así como garantizar que las comunidades locales se beneficien verdaderamente del desarrollo generado por estos megaproyectos.

Con una planificación adecuada y un enfoque integral en seguridad y desarrollo social, estos proyectos pueden ser la clave para el futuro económico, transformando a Urabá en un epicentro comercial de proyección internacional, con el potencial de generar empleo, desarrollo y prosperidad para las comunidades que han sido víctimas de los Gaos por tanto tiempo. Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para enfrentar y superar los desafíos.