Primer round exitoso de la Ley Nuclear

Pocas veces en Colombia una noticia buena logra irrumpir entre el ruido del pesimismo. Esta semana, sin embargo, ocurrió algo notable: la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la Ley Nuclear, una iniciativa que, lejos de pertenecer a un grupo ideológico o partido político, representa un verdadero proyecto del país, nacido del diálogo entre ciencia, política, sociedad civil e instituciones internacionales.

No ha sido un camino corto ni sencillo. Durante casi tres años, académicos, médicos nucleares, ingenieros, estudiantes, expertos legales y organismos multilaterales sostuvieron reuniones, elaborado borradores, resuelto objeciones técnicas y construido consensos que pocos creían posibles. En tiempos donde el disenso se ha vuelto un deporte nacional, ver trabajar juntos a congresistas del centro, la derecha y la izquierda, construyendo un mejor futuro para Colombia, es una escena que reconcilia con la democracia.

Este proyecto de ley no surge por azar ni responde a una moda volátil. Desde 1965, Colombia cuenta con un reactor nuclear de investigación, el IAN-R1. Aunque importante, este reactor ha sido insuficiente para atender las demandas científicas y médicas del país. Mientras otras naciones latinoamericanas consolidan sus capacidades en medicina nuclear, física aplicada e investigación de materiales, Colombia quedado rezagada. La Ley Nuclear busca corregir ese retraso, al crear una arquitectura jurídica moderna, alineada con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y del Instituto del Mundial Seguridad Nuclear (WINS, por sus siglas en inglés).

Más que una apuesta por la energía eléctrica (que vendrá en su momento en 2038), esta ley tiene vocación sanitaria y científica. Uno de sus efectos más relevantes será permitir que el país produzca, eventualmente, molibdeno-99, un radioisótopo que al descomponerse da lugar al tecnecio-99m, base de más del 80 % de los procedimientos de diagnóstico en medicina nuclear. En un país donde el cáncer crece silenciosamente y muchas regiones carecen de acceso a servicios especializados, esta ley representa una herramienta concreta en la lucha por salvar vidas.

Mención especial merece el papel que juega la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, cuya solvencia técnica y disposición al diálogo es decisiva en la construcción del articulado. También el trabajo riguroso de las unidades de trabajo legislativo (UTL), que antepusieron la idea de un país moderno y soberano a las disputas que tantas veces paralizan el Congreso.

Pero no podemos cantar victoria aún. Faltan tres debates (en la Comisión Primera de Senado y en las plenarias de Cámara y Senado) para que esta ley se convierta en realidad. Para lograrlo, se necesitará algo más que voluntad política: se necesitará un apoyo firme de la ciudadanía, de los gremios científicos, de los medios de comunicación, de quienes entienden que apostar por el conocimiento es apostar por la vida. Esta no es una ley exclusivamente técnica: es una ley de dignidad nacional.

Que esta primera aprobación sea el umbral de un país que no teme a la ciencia, que no posterga lo importante, que entiende que el desarrollo no puede ser el privilegio de unos pocos. Estamos ante la posibilidad de abrir una nueva era, en la que en Colombia se produzcan átomos para sanar, diagnosticar y para iluminar: átomos para la vida.