Promesa cumplida

Tal como lo presagió en 2016 la exsenadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba: “Si nos toca hacer filas, las hacemos con gusto”, la fatídica predicción fue pronunciada en Caracas en un evento de apoyo de la excongresista al tiránico y antidemocrático gobierno de Nicolás Maduro.

Lo que no se alcanzó a dimensionar en ese momento fue que esta frase ambientaba la imposición del régimen socialista y empobrecedor en Colombia en 2022, con el exmilitante del M-19, Gustavo Petro, como protagonista.

Desde su llegada a la Presidencia, Petro impuso, a fuerza de activismo, su agenda destructiva contra el sistema de salud.

Liderada inicialmente por la intransigente Carolina Corcho y continuada por sus desdeñables sucesores, la idea es una sola: acabar con el sistema de salud tal como lo conocemos e imponer el caos para volver a los ya fracasados sistemas públicos de salud.

La estrategia consiste en una reforma con más desaciertos que beneficios, cuya impronta está marcada por los odios personales de Petro hacia el sector de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Su animadversión hacia este gremio es inocultable, y sus esfuerzos se orientan a desmantelar lo construido hasta ahora, perjudicando con ello al eslabón más débil de la cadena: los usuarios y destinatarios de los servicios de salud en Colombia.

A la fecha, como resultado de esta avanzada sin cuartel contra la salud en Colombia, el sistema enfrenta una crisis debido a la escasez de medicamentos esenciales.

En ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, miles de pacientes han expresado su desesperación e incertidumbre por la falta de acceso a medicamentos vitales, lo que ha generado largas filas y protestas.

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro ha señalado a los gestores farmacéuticos como responsables de acaparar medicamentos y aumentar precios.

Incluso lanzó una amenaza directa, indicando que allanaría los dispensarios de los gestores en busca de los medicamentos que necesitan los pacientes. Lo que Petro no cuenta, o más bien no quiere contar, es la verdadera raíz del fenómeno de la escasez de medicamentos.

Recordemos que, hace unos meses, Petro realizó de forma malintencionada una variación en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Ante semejante torpeza, la Corte Constitucional le ordenó, mediante medida cautelar, declarar insuficiente la UPC 2024 y realizar cambios urgentes en el sistema de salud.

Para comprender el contexto: la UPC es el valor que se asigna a cada usuario del servicio de salud, luego de que los dineros de las cotizaciones (empleados, contratistas, independientes, entre otros) sean recaudados por el Gobierno nacional.

En otras palabras, a cada usuario se le asigna un monto ($) que cubre los servicios, tratamientos y medicamentos a los que tiene derecho. Si el Gobierno asigna un valor insuficiente —como lo hizo Petro— o lo calcula de forma incorrecta, de inmediato afecta la cobertura y los servicios en beneficio del usuario.

Naturalmente, lo anterior fue deliberado por el presidente en su idea de afectar a las EPS, con las que tiene librada —literalmente— una batalla “a muerte”; una muerte que, tristemente, es la de los usuarios del sistema de salud.

Consecuencia elemental de afectar la UPC, las EPS no tienen cómo pagar los medicamentos a los gestores farmacéuticos y distribuidores logísticos, lo que nos ubica en la crisis actual.

La deuda del Gobierno nacional está por el orden de cuatro billones, la cadena de abastecimiento está en crisis por el desfinanciamiento intencional a las EPS y en la que el presidente sigue mintiéndole al país y trivializándola al señalar la “deuda de Duque”, con lo que trata de despersonalizar la responsabilidad del Estado colombiano con la crisis y llevar la discusión al campo del absurdo y de la siempre confiable lucha de clases que tanto le apasiona.

Aprovechando el caos —propiciado desde el propio Gobierno—, Petro busca implementar de inmediato la reforma al sistema de salud, sin esperar la aprobación del Congreso. Esta reforma pretende eliminar la intermediación de las EPS.

En el mismo orden, el presidente pretende allanar farmacias y almacenes de medicamentos, lo que genera preocupación sobre posibles excesos del poder ejecutivo y sus implicaciones legales. Tal medida podría sentar un precedente peligroso y afectar negativamente la confianza en el sistema de salud.

Los colombianos ciertamente merecemos un sistema de salud mucho mejor, pero no lo lograremos a través de la destrucción.

El expresidente Uribe propuso la creación o reformulación de un sistema que agrupe actores como cooperativas, cajas de compensación, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones médicas y científicas, entre otros, en que sea requisito indispensable de operación un certificado de excelencia.

Esta propuesta condiciona la operación del sistema a la exigencia de altos estándares de calidad y un trato digno a los pacientes en Colombia.

Para su funcionamiento y financiación, se plantea el uso de recursos de crédito a largo plazo, de manera temporal, el uso de los recursos del subsidio familiar y la cuota empresarial, e incluso algunos alivios tributarios que permitan el flujo de recursos para la salud.

Como complemento, se sugiere habilitar contratos a largo plazo que brinden seguridad jurídica a los actores del sistema.

Esperemos que, como en muchas ocasiones, Colombia logre superar esta crisis y así contrarrestar la promesa de enviarnos a hacer fila por los servicios a los que tenemos derecho.