Que la crisis de salud no pase en vano

El impacto de la decisión de Petro de cooptar el Sistema de Seguridad Social en Salud (SSSS) tiene todo tipo de manifestaciones financieras, de acceso y deterioro de la calidad de la atención evidentes.

El saldo adeudado por el Estado a las EPS y por estas a los prestadores se ha disparado, anulando mayoritariamente los esfuerzos realizados por el país a través de ley de punto final puesta en operación por Duque y diseñada en la administración Santos.

Las EPS se derrumbaron patrimonialmente por cuenta de los incrementos de costos no controlados y el aumento de los eventos, generando siniestralidades superiores al 100 % de la UPC en contributivo.

La falta de adherencia o continuidad de los tratamientos farmacológicos por interrupciones en la dispensación o la dispensación incompleta, en particular en pacientes crónicos, está generando y generará complicaciones y afectaciones adicionales que serán gravosas para el sistema, además, claro está, de muchísimas muertes evitables y la degradación de la calidad de vida de los pacientes y sus cuidadores.

Los prestadores ilíquidos suspenden la atención de pacientes de las EPS intervenidas, principalmente de Nueva EPS y deben cerrar servicios, pisos de hospitalización y camas de UCI, cuando no salen completamente del negocio. Un pertinente informe de la Unión de IPS de Colombia (Unips), que agremia un número significativo de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) de tamaño medio y pequeño en el país, demuestra cómo, con base en la información de las secretarías de salud distritales y departamentales de salud, han entrado en cierre definitivo 14.530 servicios o IPS y en cierre temporal 4.628 frente a 9.109 aperturas durante 2024. Un déficit de 10.049 servicios disponibles para atención a los pacientes de los cuales, según Unips, de los cuales el 54,84 % son de mediana complejidad, el 27,15 % de baja y el 16,82 % no tienen complejidad asignada.

Esta coyuntura dramática implica no solo la destrucción de valor empresarial y la ruptura de los sueños de miles de emprendedores de la salud (el 82 % de los cierres son de privados), sino la reducción drástica y súbita de capacidades de atención, muchas de ellas en el nivel ambulatorio y no hospitalario.

Esta enorme pérdida de capacidad generará rápidamente todo tipo de dificultades de acceso y demoras en la atención básica y por especialista. La grave afectación del ambulatorio, que complementa de manera significativa las puertas de entrada o centros de atención básica de las EPS, implicará no solo que estas se congestionarán aún más, sino que se desbordarán los servicios de urgencias. Está demostrado que, en la medida en que se crean barreras de acceso en consulta básica, el usuario acude sistemáticamente a los servicios de urgencias hospitalarias. Esta coyuntura es nefasta porque dificulta el acceso de quienes prioritariamente requieren atención hospitalaria de cualquier complejidad, promueve diagnósticos errados o incompletos, terapias inapropiadas y mayores volúmenes de hospitalización innecesaria.

Amplias capacidades ambulatorias son determinantes en la calidad y percepción de calidad de la atención y son el mejor camino para reducir los tiempos de espera y prevenir el abuso de los servicios de urgencias.

Estas pérdidas de capacidad propiciadas por el Gobierno generan otros efectos perversos como la concentración territorial de la prestación en grandes operadores que adquieren mayor poder de negociación con la reducción de la competencia. En la salud, como en tantos otros frentes, las acciones del Gobierno Petro apuntan a consolidar a grandes jugadores y a lograr que los negocios, muchos de ellos oscuros, cambien de manos a las de los amigos de Petro y el ministro Jaramillo.

El mayor problema, claro está, es que la agravación de la condición de salud de enfermos crónicos, de cáncer y generales recaerá en el próximo Gobierno. Los aumentos en muertes evitables solo serán evidenciados demasiado tarde para que Petro y el Pacto Histórico asuman su responsabilidad política a nivel electoral.

Las soluciones por su parte no podrán simplemente remitirse a la perorata de siempre de los principales actores de la cadena de valor de que hay que aumentar la UPC o eliminar a las aseguradoras según el interés comercial o el prejuicio de cada quien.

No hay un contexto político ni económico claro que permita reducir la informalidad laboral en el corto plazo, aunque sea posible depurar adecuadamente el Sisben para reducir los colados del régimen subsidiado de manera significativa y lograr que coticen al régimen contributivo.

La crisis fiscal actual perdurará en el tiempo y será difícil de superar, y el deterioro de la salud de los usuarios por todos los factores expuestos aumentará las incidencias y su costo particular. La salida no está en el facilismo de aumentar las partidas presupuestales para la salud.

Algunas salidas están en aperturar y sincerar, con la colaboración o no del sector, los modelos de costo de atención para encontrar los inveterados excesos de los prestadores y regularlos. Los RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud) deben ser simplificados y unificados para que se acabe la guachafita de que nunca es posible auditar y comparar los registros de atención de los prestadores. Deben eliminarse los gestores farmacéuticos y propiciar la ventanilla del PBS en la mayor cantidad de farmacias posibles del país para acercar la dispensación de medicamentos PBS y no PBS al ciudadano. No replicar capacidades logísticas con el embeleco y los márgenes ocultos de los gestores y que las EPS solo paguen lo efectivamente recetado por los médicos de su red y solo cuando los medicamentos sean realmente entregados. Las barreras de acceso a la prestación a través de las secretarías de salud deben eliminarse. El embeleco de la destinación del 80 % de los recursos del régimen subsidiado a la red pública hospitalaria debe terminarse: es solo un mecanismo para lucrar a políticos corruptos y sostener las vergonzosas ineficiencias de esa red y limitar el acceso a los usuarios de ese régimen. Liberemos a los municipios de tener que sostener las corruptas redes públicas departamentales para el enriquecimiento de las camarillas de los gobernadores.

No debemos permitir que esta crisis pase en vano ni que sea aprovechada por los intereses especiales y políticos de siempre para afincar sus negocios indebidos y sus rentas atadas.