¿Quién quiere silenciar a la oposición en Colombia?

El atentado contra Miguel Uribe no fue un hecho aislado. Fuentes cercanas a la investigación advierten sobre algo mucho más grave: una estrategia en marcha para desviar la atención de los verdaderos responsables. Se estaría construyendo —presuntamente con apoyo del G2 cubano— un relato fabricado que apunta a una supuesta “mafia extranjera” con base en Miami o Dubai. Una versión conveniente que encaja perfectamente con la narrativa oficial que insiste en culpar a una “extrema derecha internacional” por los hechos recientes. Todo, con un objetivo claro: proteger a los verdaderos responsables, grupos narcoterroristas con los que el Gobierno mantiene pactos, diálogos o silencios estratégicos.

Mientras tanto, Gustavo Petro comienza a instalar otro discurso: que la Policía está “infiltrada”. Una afirmación peligrosa que podría usarse para deslegitimar cualquier hallazgo institucional que contradiga la línea del Ejecutivo. Un golpe preventivo contra el propio aparato de justicia.

Con los recientes atentados en Cali, es previsible que el Gobierno insista en la tesis de la conspiración: todo sería parte de una ofensiva de la extrema derecha para “desestabilizar al Gobierno”. Pero lo que realmente se estaría gestando, según fuentes confiables, es un plan orquestado por grupos narcoterroristas —presuntamente en alianza con sectores del poder— para sembrar terror, silenciar voces críticas, deslegitimar el proceso democrático y crear el ambiente perfecto para justificar la suspensión de las elecciones del 2026 con el argumento de que “no hay garantías”.

Y en efecto, no hay garantías. Pero no porque la oposición sea una amenaza, sino porque el Gobierno, que debería ser garante de la seguridad, la institucionalidad y la transparencia, ha decidido convertirse en parte del problema. Porque hoy, la verdadera amenaza a la democracia está instalada en el poder.

Petro insiste en alimentar —presuntamente con asesoría del G2 cubano— la narrativa del enemigo externo. Reafirma su tesis sobre supuestas mafias de Miami que buscan desestabilizar su Gobierno. Y lo hace justo cuando debería estar concentrado en identificar, capturar y juzgar a los autores intelectuales del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

Incluso ha afirmado que la pistola usada en el atentado contra Miguel Uribe “pasó por la Florida”, sumando ese dato a su discurso de manipulación. Un intento por fabricar culpables fuera del país y eludir toda responsabilidad sobre lo que ocurre dentro, mientras los verdaderos responsables —que sí operan en Colombia— siguen impunes.

Desde Cali, Petro fue más allá: denunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaría detrás de un intento de golpe de Estado, con base en información entregada por Nicolás Mauro. Aseguró que un representante de la extrema derecha habría hablado con el secretario de Estado y que, junto con gremios colombianos, estarían organizando una conspiración para derrocarlo. Dijo, además, que la fiscal general tiene una grabación como prueba. Pero la Fiscalía ya desmintió su versión: el audio al que se refiere es una conversación entre particulares y comprometería a un exfuncionario de su propia administración, no a la oposición.

Este tipo de discursos —cargados de elementos conspirativos— no es nuevo. Guarda muchas similitudes con los libretos del G2 cubano, conocido por su uso sistemático de narrativas externas para encubrir crisis y fracasos internos, así como para perseguir a la oposición. Un modus operandi que ha sido exportado y perfeccionado por regímenes aliados como el venezolano.

La matriz de victimización regional está en marcha. Mientras Petro denunciaba un supuesto complot internacional, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello (el Pablo Escobar venezolano), afirmaba en su programa Con el mazo dando que Álvaro Uribe y Marco Rubio encabezan un plan geopolítico para “reconquistar gobiernos” en América Latina. Dijo que se trata de una operación de la “extrema derecha internacional” y el “cartel del Centro Democrático” para retomar el poder en Colombia, e incluso los acusó de “incendiar el país”.

La acusación se basó en la lectura de un documento sin fuente verificable, repitiendo la misma fórmula del G2: culpar a enemigos externos, de preferencia vinculados a EE. UU., para desviar la atención de los verdaderos responsables internos y blindar al régimen de toda crítica.

Este patrón —la teoría de amenazas extranjeras, la fabricación de “documentos secretos” y la constante alusión a conspiraciones— ha sido la fórmula del aparato de inteligencia cubano para justificar persecuciones políticas, censura, represión y el colapso de la institucionalidad. Y esa misma lógica empieza a normalizarse peligrosamente en Colombia.

Mientras el país se polariza entre narrativas manipuladas y cortinas de humo, el verdadero peligro avanza sin freno: la consolidación de un modelo autoritario que busca silenciar a la oposición, deslegitimar a las instituciones y controlar el rumbo electoral.

Por su parte, Petro continúa su ofensiva, dinamitando la separación de poderes y el Estado de derecho al firmar el ‘decretazo’ para convocar una consulta que ya fue rechazada por el Senado de la República, y ahora, incluso plantea una constituyente que le permitiría atornillarse en el poder. La democracia colombiana no corre peligro por lo que haga la oposición. Corre peligro porque el poder ya se radicalizó y ha decidido imponerse por encima de la Constitución. Solo falta que, como en Venezuela, en algún momento tengamos oficiales de la seguridad del Estado cubano en las instancias clave del Gobierno de Colombia.

¿El próximo paso de Petro?