¿Quién responde por los gestores de paz?

El presidente Gustavo Petro se propuso como una de sus metas lograr “la paz total” a través de la firma de acuerdos con los distintos grupos ilegales. El primer gran paso lo dio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quien descongeló unos diálogos que inició el presidente Juan Manuel Santos, pero que suspendió Iván Duque, después de que esta guerrilla mató a 22 jóvenes en un atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional.

Ahora, con Petro a la cabeza, la mano de la paz se volvió a tender, pero ya no solo al ELN, sino también a quienes abandonaron la mesa de La Habana y volvieron a la guerra bajo el nombre de disidencias de las Farc.

La generosidad del Gobierno cobijó también a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada –los Pachenca–, el Clan del Golfo –autodenominado Ejército Gaitanista–, las bandas criminales de Itagüí y Quibdó, los Shottas y los Espartanos –que operan en Buenaventura– y la disidencia del ELN –Comuneros del Sur, en Nariño–. Todos acudieron al llamado del Gobierno y dijeron querer la paz. Eso sí, el ELN, las disidencias de la Farc y el Ejército Gaitanista han dicho que no están dispuestos a someterse a la justicia, sino solo a firmar un acuerdo de paz que les dé penas alternativas bajo una justicia transicional.

La mesa que más ha avanzado es la del ELN, que logró un primer acuerdo de participación ciudadana antes de que, en un eterno déjà vu, esta guerrilla volara la base militar de Puerto Jordán, Arauca, y dejara 2 soldados muertos y 22 heridos. El diálogo está congelado, y el próximo 1 de noviembre el Gobierno se encontrará con el ELN en Caracas para tratar de hacerlos volver al diálogo.

En todas estas mesas generosas, el Gobierno ha nombrado “gestores de paz”, líderes de los grupos armados que actúan como facilitadores en los acercamientos. El problema es que Petro no ha escatimado esfuerzos en levantarles las órdenes de captura, ordenar su libertad e incluso darles este estatus a personas solicitadas en extradición. Todo a favor de estos gestores para que vean el interés de paz del Gobierno. Pero ¿ha valido la pena tanta generosidad?

El Gobierno nombró, por ejemplo, gestores de paz a cuatro miembros del Estado Mayor Central de las Farc, capturados en Antioquia en julio, cuando se desplazaban en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección con armas y 233 millones en efectivo. Édgar de Jesús Orrego Arango (alias Firú), Wenser Yosony Sabana Duque, María Alejandra Ojeda Londoño y Diego Armando Vargas no han dado explicaciones hasta hoy ni de su presencia en vehículos oficiales ni del destino de las armas y el dinero. Pero, después de ser capturados, lejos de que el Gobierno los procesara, los nombró gestores de paz y hoy gozan de plena libertad y protección del Estado.

El caso más indignante es el de Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas, el secuestrador de Ingrid Betancourt, capturado en la operación en julio de 2008.

Gafas fue condenado a 19 años de prisión, pero en 2017 quedó en libertad en el marco de los acuerdos de paz con las Farc. No obstante, en 2020 fue capturado de nuevo al constatarse que nunca dejó de delinquir.

A pesar de su incesante carrera delincuencial, el generoso Gobierno Petro le volvió a dar la mano y en septiembre de 2023 lo nombró gestor de paz para “facilitar” las negociaciones con las disidencias de Iván Mordisco. Una vez más recuperó su libertad. Pero, tan pronto fue de nuevo un hombre libre, Gafas regresó a la clandestinidad y hoy es el líder del bloque occidental Jacobo Arenas, al mando de Mordisco, y amo y señor de las extorsiones y el adoctrinamiento ilegal en el cañón del Micay, en el Cauca.

Hoy, gracias a la política de paz total, son “gestores de paz” los más peligrosos delincuentes y cabezas de grupos criminales. Los últimos en ser nombrados han sido Orozman Orlando Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia, alias el Cura, y Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno, líderes del Clan del Golfo, así como Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca; César Becerra, alias Camilo, y Norberto Quiroga, alias Beto, cabecillas de los Pachenca. Son responsables de homicidio, narcotráfico, extorsión, secuestro y un largo etcétera. Todos habían sido capturados y ahora serán hombres libres.

El más célebre de estos nombramientos es el del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, que se convirtió en gestor de paz sin haber pagado en Colombia ni un solo día de cárcel por más de 24.000 delitos de los que se le acusa, de los cuales reconoció su autoría ante la Fiscalía en 4.093 crímenes. El Gobierno anuncia que les dará el mismo estatus a alias Jorge 40 y a Don Berna, exlíderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que cierren un proceso de paz que, según el presidente Petro, quedó inconcluso.

Mientras el Gobierno premia con la libertad a todos estos cabecillas, las organizaciones criminales expanden su poderío y presencia en todo el país, los cultivos de coca crecen y baten su récord histórico, con 253.000 hectáreas sembradas, la producción de cocaína aumenta en un 53 por ciento y la extorsión crece en un 20,5 por ciento en los últimos cuatro años, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

¿Dónde están las gestiones de estos criminales en nombre de la paz? ¿Dónde están los avances de estas mesas de paz que lideran? ¿Ha valido la pena borrar sus crímenes en nombre de una paz que el país no conoce? ¿Quién responde por haber liberado a todos estos criminales sin nada a cambio? ¿Quién garantiza que no hayan seguido delinquiendo ahora en libertad?

Me temo que en este balance de beneficios los únicos que ganan son los delincuentes.