¿Quién será el llamado a representarnos en el 2026?

“Legis virtus hace est: imperare, vetare, permittere, punire. (La fuerza de la ley es esta: mandar, prohibir, permitir, castigar)”, El Digesto, Modestino. Lib. I, tít. III, Ley 7ª.

Gobernar implica una gran responsabilidad y el gobernante tiene que ser consciente de ello. Cada palabra, cada acto, cada gesto del gobernante está llamado a producir efectos en los ámbitos económico, político, jurídico y social. Como parte de esa responsabilidad, él debe saber que está sometido al imperio de la Constitución y la ley, las cuales jura defender y acatar desde el mismo día de su posesión.

El Consejo Nacional Electoral, luego de evaluar el acervo probatorio allegado, decidió abrir investigación en contra del candidato y de la campaña presidencial. Esta decisión se ajusta a lo que establece la Constitución, tal como ratificó el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento sobre el tema. En su decisión, la corporación ha sido clara en establecer que el alcance de dicha investigación es eminentemente administrativo, correspondiendo a la Comisión de Acusaciones, en virtud del fuero de la figura presidencial, investigar y juzgar cualquier otro alcance que de los hechos de la campaña se deriven.

Ahora, calificar como “golpe” cualquier actuación de la justicia ya de por sí es un despropósito, pero querer arrastrar a la Fuerza Pública al mismo error es un acto de la mayor irresponsabilidad. La Fuerza Pública es la encargada de velar por la libertad y el orden, y ello solo se puede hacer en el marco que la Constitución y la ley establecen.

Cada vez que el primer mandatario es controvertido y/o las autoridades legalmente constituidas dan a conocer su veredicto, de manera bravucona, soberbia e irresponsable, sale con un X (trino) o alguna alocución intimidatoria ante el pueblo colombiano, convocando sus famosas movilizaciones. ¿En qué quiere convertir al pueblo colombiano?

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que unidas componen las fuerzas armadas, pertenecen a la Rama Ejecutiva por organización, pero de acuerdo con la Constitución, su deber está enmarcado en los artículos 216 y 217. A las Fuerzas Militares les corresponde primordialmente proteger y defender la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Es al pueblo colombiano y a nuestra Constitución Política que se deben enteramente. La Fuerza Pública no es propiedad del gobernante de turno (no es petrista, santista, duquista o uribista). Esta Institución es la garante del Estado de derecho que nos rige, de la división y equilibrio de poderes, de la preservación de nuestra Constitución Política.

El llamado a la calle que hace el gobierno a sus seguidores puede, fácilmente, desbordar el legítimo derecho a la manifestación, pues ya hemos visto antes cómo las marchas son infiltradas por delincuentes que, camuflados bajo el manto de la protesta legítima, aprovechan la oportunidad para cometer actos de vandalismo y terrorismo, al tiempo que atentan contra la propiedad privada, la vida y la institucionalidad.

Esta vez, además, el llamado está acompañado de un instrumento nefasto para la democracia: la Fuerza Pública está atada de manos para defender a la población. Como consecuencia de las órdenes del comandante supremo, la Fuerza Pública no podrá actuar para garantizar la protesta, ni para defender los derechos de los ciudadanos que decidan no marchar. Olvida el gobierno que su deber es proteger los derechos de sus simpatizantes, al igual que los de aquellos que no comparten sus ideas. Los derechos de la oposición son sagrados, no debería olvidarlo quien, durante tantos años, fue opositor y en tal condición recibió siempre todas las garantías de parte del gobierno de turno.

El cambio prometido nos subió a un tren que parece llevarnos al pasado: el anunciado ‘chu, chu, chu’ acabó con la salud, nos tiene al borde de una crisis energética sin precedentes, acabó con la confianza inversionista, destrozó la seguridad entregando el país a los grupos armados organizados; todo esto en un gobierno que —lejos de lo que prometió— se ha sumido en los escándalos de corrupción más fuertes de los últimos tiempos.

La misión del próximo gobierno no va a ser fácil. Para superar la polarización en que nos tienen, tenemos el deber de elegir bien a quien reemplazará al actual huésped de la Casa de Nariño. Por ello, invito y motivo a todos los colombianos a que dejemos de lado las diferencias, a concentrarnos en avanzar con una visión de país que nos conduzca a llevar a Colombia a un sitial de honor, desde donde recuperemos aquellos principios y valores que nos enseñaron desde casa. No es tiempo de pensar en mezquindades, en ambiciones personales; pensemos más bien en país. Que cada uno cumpla a cabalidad con sus obligaciones profesionales y públicas al servicio de nuestra nación. No se trata de llegar a servirse del cargo que se desempeñe, sino —por el contrario— desde sus cargos estar en disposición de servirle a su pueblo.

En Colombia se tiene que recuperar el “amor por la patria”, que esta juventud conozca y entienda lo que significan nuestros símbolos patrios y con ello volver a encausar todo aquello que hemos perdido y que en su momento sin duda alguna nos hacía sentir como una nación soberana, respetada y libre. Es nuestro deber trabajar de forma armónica para alcanzar la paz y reconciliación, pero debemos hacerlo sin desconocer los límites que toda negociación debe tener. So pretexto de la paz, no se puede perseguir y castigar al que trabaja, al que cumple con sus deberes y obligaciones como un ciudadano ejemplar y paradójicamente premiar con prebendas y beneficios a todas aquellas personas que cometieron delitos de todo tipo, designándolos sin escrúpulo alguno como ‘gestores de paz’ mientras siguen quebrantando la ley y el orden.

Aquí, hoy, se juega sucio, utilizando las redes sociales para repetir innumerables veces una mentira hasta convertirla en verdad; se escriben situaciones totalmente falsas para que vayan quedando en la retina y cerebro de los colombianos para desdibujar la verdad. Reescriben la historia de tal manera que quienes lo dieron todo por esta patria son crucificados, y los que violentaron la ley terminan premiados. Se invirtieron los valores y cada vez vemos una sociedad más contaminada.

El llamado, hoy, es por la unión de Colombia, a que sin egos ni vanidades, quienes le estén apostando a liderarla y tengan una aspiración política lo hagan pensando en función del país, de la nación, pensando en un pueblo que se cansó de tantas mentiras, engaños y desaciertos de aquellos que han jurado cumplir a cabalidad con sus obligaciones y deberes públicos, y al caminar por el sendero del ejercicio de sus cargos vemos todo lo contrario. No podemos volver a elegir ídolos de barro, que se burlen de su pueblo y lo lleven a un desequilibrio total.

Quienes le apuestan a asumir el reto de aspirar a la primera magistratura deben hacerlo con decoro. Necesitamos debates que permitan conocer las ideas para empezar a decantar la lista, hasta llegar al candidato que represente la unidad nacional en las urnas. Los colombianos tenemos el deber de elegir un candidato o candidata que nos presente un programa de gobierno serio, realizable, acorde con nuestras necesidades y con nuestra realidad económica. Es positivo que los interesados estén trabajando desde ya en fortalecer sus aspiraciones, finalmente los colombianos quisiéramos iniciar a evaluar y visualizar... ¿quién será el llamado a representarnos en el 2026?