Ruptura institucional: consecuencias de una dictadura

El pasado 11 de junio, en un contexto marcado por el dolor nacional tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro emitió un decreto para convocar una consulta popular que contraviene el mandato constitucional y legal vigente, conocido ante la opinión pública como el ‘decretazo’.

No conforme con esto, y a pesar de anunciar una supuesta ‘moderación’ en su discurso, el mandatario ha lanzado una amenaza explícita en la que de no realizarse dicha consulta, el camino a recorrer sería el de una asamblea nacional constituyente, con el agravante de que sería convocada por decreto, tal como lo afirmó su nuevo ministro de Justicia.

Colombia enfrenta una amenaza visible y latente para su régimen democrático. El riesgo inminente podría materializarse en el desmantelamiento del sistema institucional y el tránsito hacia la imposición de facto de un régimen autoritario.

Nuestra nación, históricamente golpeada por un conflicto armado de décadas, con una cruenta época de cárteles del narcotráfico y sus nefastas consecuencias —secuestros, extorsiones, atentados y homicidios—, ve ahora cómo, en un momento en que se avanzó hacia la consolidación institucional, se enfrenta nuevamente a la posibilidad de una ruptura del orden constitucional —impulsada desde el Ejecutivo— que podría desembocar en una fractura social y política sin precedentes.

El Gobierno nacional, a escasos meses de terminar, ha develado su verdadera naturaleza: un presidente de corte autoritario, que se valió de la democracia para llegar al poder, pero que ahora la repudia y pretende imponer su visión unilateral del mundo, sin importar si esta resulta favorable para la ciudadanía. Al mismo tiempo, confronta a diario la independencia y la autonomía de las ramas del poder público y del mismo Estado social de derecho.

Este actuar erosiona el sistema de frenos y contrapesos contemplado en la Constitución Política, que constituye un pilar inamovible para preservar el equilibrio del poder y la garantía de los derechos fundamentales.

El artículo 104 Superior es claro al supeditar la convocatoria a una consulta popular a un concepto previo favorable del Senado de la República. Este visto bueno refleja la voluntad del pueblo, expresada a través del Congreso de la República. Sin embargo, el presidente desconoce este mandato, lo que genera profundo descontento y el duro cuestionamiento: si el primer mandatario incumple la Constitución, ¿qué mensaje queda para que los ciudadanos respeten las normas?

El ejemplo dado desde el Ejecutivo fomenta el desconocimiento de la norma superior y la desobediencia frente al ordenamiento jurídico colombiano.

Principios constitucionales fundamentales, como la reserva de ley, son cada vez más vulnerados. He venido demandando la expedición irregular de decretos presidenciales sobre materias de competencia exclusiva del Congreso de la República, ya que constituye una violación grave al marco jurídico, que evidencia la intención del mandatario de subordinar la legalidad a su propia voluntad.

Es relevante recordar que, durante la campaña presidencial, Petro negó en más de nueve ocasiones la intención de convocar una asamblea nacional constituyente. Paradójicamente, ante la negativa a la consulta popular, ahora acude a esta amenaza como mecanismo de presión, esto evidencia una posición autoritaria que desestima el diálogo, el consenso y el respeto institucional, pilares fundamentales para la democracia.

En un escenario en el que ciudades como Cali sufren constantes actos violentos, la seguridad nacional se encuentra en franco deterioro, y las garantías para los aspirantes a cargos políticos son inexistentes, se agrava la preocupación por la posible intención de perpetuación en el poder. En paralelo, la suspensión de la regla fiscal desconoce el principio de estabilidad económica, que pone en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas y aviva la incertidumbre financiera.

Este conjunto de acciones no debe interpretarse como hechos aislados, sino como parte de un plan sistemático destinado a llevar a Colombia a una crisis institucional, de seguridad y económica, cuyo desenlace sería la modificación constitucional con miras a habilitar la reelección presidencial.

Resaltemos que el Congreso de la República negó la propuesta de consulta popular —incluida la versión 2.0 que también se presentó—, la Procuraduría General de la Nación manifestó no encontrar irregularidades en la votación del Senado, y la Registraduría Nacional del Estado Civil tomó la decisión de suspender la convocatoria hasta tanto no se pronuncien las altas cortes.

Frente a este panorama, Gustavo Petro intenta negociar desde la imposición: “Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta”. No es necesario camuflarse: los acuerdos solo se logran si él obtiene lo que quiere.

Se hace necesario depositar la confianza y respaldar al poder judicial; son quienes tendrán la última palabra para sostener los cimientos democráticos que conforman nuestra nación. Como ciudadanos, debemos rodear a nuestras cortes, evitar la ruptura institucional y la llegada de una dictadura.