El nuevo presidente Abelardo De La Espriella anunció la eliminación del impuesto al patrimonio, una gran noticia para todos los colombianos; fue una de sus propuestas en campaña y, en su discurso de posesión, lo anunció oficialmente: “Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”. Son ellos los que crean puestos de trabajo y cambian vidas; por eso, este impuesto empobrece más al pobre y desincentiva la creación de empresas que generan empleo y bienestar.
Lo que es tuyo, es tuyo, no del vecino ni del Estado. Además, ya tributaste sobre eso con el impuesto a la renta; eso se llama doble tributación y es completamente injusto y desleal frente al colombiano que se parte el lomo trabajando para mantener gobiernos gigantescos, corruptos e ineficientes, cuando lo que Colombia necesita es un Estado lo más pequeño posible, pero que funcione.
Esto no genera recaudo, pues contribuye solo el 0,4 % de lo que se recoge en impuestos; por el contrario, sí genera atraso y fuga de capital, castiga el ahorro y la inversión, y genera un golpe muy grande en las clases media y baja del país.
Cualquier persona que piense en invertir en Colombia para generar empleo y traer riqueza se lo va a pensar más de dos veces, porque existen dos opciones: si es colombiano, seguramente le va a salir mejor enviar la plata afuera y hacer una inversión en el extranjero; si es extranjero, no va a llevar su plata a donde le sale más caro. Básico, sentido común.
Acá viene el comentario impopular, que la izquierda no entiende (o sí entiende, pero prefiere seguir diciendo mentiras para engañar a la gente, una de sus armas de persuasión más efectivas para conseguir electorado): este impuesto no termina afectando a los “4.000 más ricos”, como nos han dicho por muchos años, los del yate y el avión privado. Este impuesto golpea ferozmente al pequeño y mediano empresario que lleva más de 20 años construyendo su negocio desde cero; también golpea al profesional que estudió y, con el pasar de los años, ha ido mejorando su situación económica, dos tipos de personas que Colombia necesita para incentivar nuestra economía y generar empleo y riqueza que le mejoren la vida a la gente.
Colombia necesita más y mejores empresas, y para eso tenemos que tener un ambiente óptimo que dé viabilidad económica, tributaria y jurídica, que permita que haya inversión local privada y que llegue plata de afuera a crear puestos de trabajo en nuestro país.
Ese golpe aterriza en la gente con menos recursos, porque, cuando ese empresario decide no invertir en nuevas sedes, no comprar nueva maquinaria o no contratar más personal, es porque cada peso que se invierte termina saliendo más caro gracias a ese impuesto.
Por eso, quien pierde es esa persona que necesita trabajo y, como dice la Andi, “este impuesto ha significado un golpe grande contra la inversión, con plata colombiana que se fue y nunca volvió, generando menos inversión y menos empleo”. Y el que termina sufriendo estas consecuencias no es el empresario: es el joven que busca su primer empleo y no lo consigue, y esa familia que necesitaba ese sueldo que dejó de llegar.
Es la verdad incómoda que nadie dice: el que tiene cómo, simplemente saca su plata del país, como muchos colombianos que ya se fueron o movieron su dinero a otro lado en los últimos años, y con ellos se esfumó ese impuesto de renta que supuestamente iban a pagar los 4.000 más ricos, como decía Gustavo Petro.
En los años 90, más de 12 países de la OCDE, principalmente europeos, tenían un impuesto al patrimonio. Con el paso de los años, se dieron cuenta del fracaso que era, porque generaba un recaudo mínimo, muchos gastos administrativos y espantaba la inversión.
Casos como el de Suecia, que durante la implementación y el funcionamiento de este impuesto tuvo una fuga de capital de $ 83.000 millones de dólares a paraísos fiscales y, al eliminarlo, parte de ese dinero retornó al país en inversión y generación de riqueza. Hoy, este impuesto solamente sigue vigente en España, Noruega y Suiza, generando los mismos problemas y ninguna mejora.
Eliminar el impuesto al patrimonio no es un favor a los ricos, como quieren hacer ver los políticos de izquierda para azuzar su odio de clases. Por el contrario, es dejar de espantar la inversión que crea empleo, dejar de castigar al que ahorra y, por primera vez, parece ser una realidad en nuestro país.