Las propuestas presentadas por el gobierno actual en torno al tema educativo, específicamente al de educación superior (proyecto de reforma integral a la Ley 30 y el IV plan nacional decenal de educación) comparten una virtud rara en la política colombiana: dicen lo mismo. Conciben la educación superior como derecho fundamental, prometen gratuidad, apuestan por financiar a las instituciones desde la oferta y por democratizar su gobierno. Es una arquitectura que pudiera ser razonable pero esta no garantiza que la promesa que ambos proyectos hacen sea sostenible.
Y es precisamente en sus dos pilares, el modelo de financiación y el de gobernanza, donde conviene encender las alarmas antes, y no después. La visión fiscal de la propuesta de reforma me parece un espejismo porque indexar la base presupuestal de las universidades públicas al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y llevar la inversión a un 1 % adicional del PIB en las circunstancias actuales del país no lo veo tan viable.
La meta del 1 % no vence en este gobierno ni en el siguiente: vence en 2040. Y toda la promesa cuelga de una expresión que aparece una y otra vez en el articulado: «sujeto a la disponibilidad presupuestal» y esto es precisamente la que considero en la actualidad no tenemos. Es la misma cláusula que ha convertido tantos derechos en aspiraciones.
Aquí hay una incomodidad que ni la reforma ni el plan resuelven: un compromiso indexado y creciente choca de frente con la regla fiscal y con un recaudo que no crece al mismo ritmo. Cuando el ajuste llegue ¿qué cede primero: la regla fiscal o la gratuidad? La historia sugiere una respuesta incómoda. Financiar a la oferta y erradicar el crédito es defendible en el papel; pero desmontar el subsidio a la demanda antes de tener asegurada la financiación a la oferta puede dejar a miles de estudiantes en tierra de nadie: sin ICETEX y sin cupo público suficiente.
El segundo pilar es la gobernanza. La propuesta de reforma reconfigura los consejos superiores hacia el «cogobierno»: más profesores, más estudiantes, egresados y organizaciones sociales, y un sector productivo reducido a un solo asiento. El Plan lo acompaña con presupuestos participativos y veeduría. Pero conviene no confundir democratizar con gobernar.
Un órgano de dirección más representativo también puede ser más lento, más asambleario y más permeable a la política interna en decisiones que exigen técnica, continuidad y una mirada de largo plazo sobre las finanzas y la calidad. Y hay una tensión que la narrativa oficial prefiere no nombrar: al replegar al sector productivo del gobierno universitario, se debilita justo el puente que la universidad necesita con el mundo del trabajo, la innovación y la empleabilidad.
En un país donde el reto no es solo abrir cupos sino que el egresado encuentre sentido y empleo, alejar a la universidad de la economía real es una apuesta arriesgada. A ello se suma la desconfianza, compartida por ambos textos, hacia las «métricas estandarizadas» y hacia la acreditación obligatoria. Defender la autonomía y la calidad situada es razonable; pero una calidad que rehúye toda medición comparable corre el riesgo de volverse incomprobable. Autonomía sin rendición de cuentas verificable no es libertad académica: es opacidad con buena prensa.
Lo más inquietante es el punto ciego que las propuestas comparten porque apenas mencionan temas como la inteligencia artificial, la formación a lo largo de la vida, las microcredenciales, la investigación de frontera y la competitividad internacional. Estas aparecen como notas al pie de un relato dominado por el derecho, la gratuidad y el territorio. Se puede construir un sistema muy equitativo en el acceso y, al mismo tiempo, quedar rezagado frente a un mundo que ya cambió las reglas del conocimiento.
Garantizar la educación superior es indispensable; pero transformarla para que compita es otra tarea, y esa apenas está esbozada.