Semanas después, el progresismo, que en un primer momento había sorprendido por su sensatez al reconocer la victoria de Abelardo De La Espriella, decidió echar marcha atrás. El candidato derrotado, Iván Cepeda, luego de acatar oficialmente los resultados, salió el 30 de junio a arengar a sus seguidores —que son muchos menos de lo que suele creerse— a la desobediencia civil si el presidente electo no renunciaba a su nacionalidad estadounidense y desistía de extraditar a Gustavo Petro.
Petro, por su parte, viajó de manera sorpresiva a Italia, donde fue recibido por el Papa en presencia de su presunta compañera sentimental. Como bien dijo una colega, Petro preguntó si podía llevar una amiga y terminó llevando a la tiniebla. Pero, más allá del obvio espectáculo de vanidades, la pregunta de fondo es otra: ¿cuál fue el verdadero propósito de su desplazamiento a Italia, donde no fue recibido por la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, ni tenía agenda oficial de ningún tipo?
La posible respuesta a este interrogante podría estar relacionada con la nacionalidad italiana que ostenta quien ejercerá la Presidencia hasta el 7 de agosto. La extradición de ciudadanos italianos a países por fuera de Europa, como Estados Unidos o Australia, solo se admite cuando el delito está tipificado en ambas jurisdicciones y, por defecto, está prohibida frente a Estados con los cuales no existe tratado bilateral. Un escenario, por decir lo menos, interesante para quien pudiera verse envuelto en eventuales procesos en el futuro. En ese contexto, un viaje para organizar su porvenir cercano no tendría nada de extraño, más aún cuando, fiel a su costumbre, lo hace con recursos públicos.
Justo después de ese viaje y de haber aceptado, al menos en apariencia, la victoria del presidente De la Espriella, se produjo un hecho inédito: una llamada entre Petro y el presidente Donald Trump, de la cual poco se conoce públicamente. La postura relativamente sensata del jefe de Estado colombiano —sensata solo si se la compara con su propio comportamiento habitual— degeneró rápidamente en declaraciones en las que desconoce al nuevo presidente elegido democráticamente y en llamados abiertos a la desobediencia civil. No puede olvidarse que Gustavo Petro hace estas afirmaciones en su condición de presidente de la República, habiendo intervenido en las elecciones de manera tan evidente como impune.
Entre sus pronunciamientos recientes se encuentra uno en el que afirma tener “toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo; los algoritmos que viciaron el resultado electoral se usaban con el censo electoral de los que nunca votan para ser reemplazados por votantes que podían hacerlo varias veces o sin votantes en las mesas de jurados homogéneos. Las mesas en el exterior donde Abelardo consiguió 177.000 votos por encima de Cepeda, tienen mesas de jurados provenientes de Colombia y no residentes en EE. UU. y España, lo cual es ilegal, y de electores llevados para el mundial de fútbol que pudieron votar siete veces en las urnas con los nombres de los que nunca votan” (sic).
Las inconsistencias de esta versión saltan a la vista. Primero, las votaciones en el exterior se desarrollaron bajo la supervisión de embajadores y cónsules nombrados por el propio Petro. Segundo, la Registraduría certificó que no hubo variaciones significativas respecto de elecciones anteriores. Y tercero, el presidente ya había reconocido el resultado electoral sin reparo alguno.
Todo parece indicar que lo que hoy presenciamos es una batalla personal de Gustavo Petro, respaldado por el candidato perdedor Iván Cepeda, para evitar rendir cuentas por sus actuaciones como gobernante. Un pulso que, en la práctica, se resume así: si me exigen responsabilidad por mis actos en el poder, les incendio el país.