Si usted quiere votar bien, en 2022, lea esta historia

No hay un relato más espeluznante de la historia reciente de Colombia que el sistemático plan concebido para asesinar a los políticos y militantes de la Unión Patriótica (UP). Si los judíos hicieron del holocausto una cruzada para llevar a los tribunales internacionales a los nazis y sus aliados, la élite empresarial y política, los colombianos deberíamos hacer lo mismo para que los militares, políticos nacionales y regionales pagaran por este genocidio.

“Esto era un matanza anunciada”, dijo el perito del caso ante la CIDH (Corte Interamericana de los Derechos Humanos), Michael Reed, tras advertir que la negligencia del Estado fue absoluta y los gobiernos de Belisario Betancur y de Virgilio Barco, este último con mayor responsabilidad, miraban para otro lado mientras desde las guarniciones militares en la regiones y el poder local diseñaban estrategias para aniquilar, exterminar y perseguir de manera sostenida a la UP cuyo pecado era pensar distinto. A todos los acribillaron: políticos, sindicalistas, luchadores agrarios o campesinos, mujeres, hombres, niños, niñas y ancianos. Esta historia la deben conocer las nuevas generaciones; debería hacer parte de la enseñanza en las escuelas y colegios del país para que este fenómeno no se repita y comprendan que ocurrió bajo la más sorprendente indiferencia.

Tras escuchar a Reed describir su rigurosa investigación sobre el genocidio de la UP cobra mayor importancia la revelación reciente de que el gobierno del presidente Barco y su asesor, el mercenario israelí, Rafi Eitan, urdieron un plan para el extermino de este partido político señalado, desde el mismo gobierno, como el “brazo político desarmado de las Farc”; aquí no hubo solo incumplimiento de garantías, protección y prevención de los asesinatos y demás actos de violencia contra miembros de la UP como lo quiere hacer ver el Estado colombiano ante la CIDH, hubo un macabro plan al mejor estilo de las dictaduras militares del cono sur de ejecutar una estrategia de exterminio para aniquilar el partido y sus militantes.

Ahora bien, que existan documentos organizacionales y manuales que contemplaran la ejecución de ese plan está por verse pues para nadie es una sorpresa que los militares actúan en secreto y clandestinamente a espaldas del poder civil en muchos casos. En eso el perito Reed fue muy claro en el sentido de evidenciar que dentro de las instituciones existían personas que mientras buscaban la paz y los diálogos con las organizaciones insurgentes, siempre pesaron más los argumentos de los agentes del Estado (militares y policías) que se aliaron con empresarios y el poder regional para adelantar estrategias autónomas en contra de los movimientos y militantes de izquierda, en este caso de la UP.

“Que desde las estructuras castrenses, por debajo, por afuera, prohijaban represión y guerra sucia, de eso no hay la menor duda. Hay documentos e investigaciones que así lo determinan”, dijo Michael Reed en su excelente exposición que hoy debería ser materia de análisis y estudios en la academia. Pero esa tendencia no se quedaba ahí, se extendía a una elite económica con quienes se juntaron para auspiciar grupos de autodefensa, mejor conocidos como grupos paramilitares. “Era una manifestación voraz contra cualquier pensamiento comunista”, puntualiza Reed.

“Todo se quedaba en las regiones”, relata Reed al explicar que el mando civil y militar actuaba autónomamente. “De facto había una desobediencia militar porque todo se quedaba en las regiones”, concluye.

Nunca en la acción política colombiana, hasta la fecha, un grupo de izquierda había logrado el éxito electoral que tuvo la UP en los años 85, 86 y 87 y, como respuesta a ese éxito político se ejerció en Colombia la más feroz represión nunca vista, pues los militares contaban con una especie de “cheque en blanco” para asesinar, torturar y desaparecer. “Dejar el manejo del orden público en hombros de las solas Fuerzas Militares, corre el riesgo de perder su necesaria dimensión integral (de solucionar la violencia política), para adoptar un carácter exclusivamente militar”, decía el informe “Colombia: violencia y democracia” que en su momento auspició el ministerio de Gobierno de Barco y no se hizo nada, los militares continuaron mandando.

Matar y perseguir impunemente a un partido político de izquierda que comenzó a tener éxito, pero que había que asesinar, esa fue la razón para ejecutar este genocidio con balas oficiales (militares y policías) y balas paramilitares patrocinadas por ganaderos, empresarios y la corrupta clase política regional y nacional.

Nuestra historia se repite y bajo la más absoluta indiferencia del gobierno uribista de Iván Duque, el país todos los días entierra y cuenta por montones el asesinato de líderes sociales, de indígenas, afros, firmantes de la paz, y campesinos ya sea por motivos partidistas o porque se oponen a que la mafia política y empresarial se siga apoderando del país; y lo más preocupante es que existe un común denominador en toda esta historia como ocurrió con la UP, los militares y policías ahí.

A propósito, ¿cuándo las fuerzas alternativas y demás partidos políticos propondrán una reforma profunda y estructural de la fuerza pública (militares, policías, armada y FAC) el brazo armado de las élites colombianas? Es una reforma necesaria. Historia para votar bien en 2022.

@jairotevi