Somos gracias a ellos y ellos son a pesar de nosotros

La mayoría de las presidentes, por no decir todos, se ha referido al campesinado como la base de Colombia. No obstante, han sido los más vulnerados por la ausencia estatal. La llamada “deuda histórica” que el gobierno actual proclama debe tenerlos como acreedor preferente, no basta con subsidios, es necesario educar e innovar para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable por medio de nuestros jóvenes campesinos, de lo contrario es condenarlos a seguir viviendo en el mismo ciclo arcaico de hace décadas: pobreza y violencia.

Colombia tiene grandes retos en materia de educación, lograr una cobertura uniforme en todo el territorio nacional es uno de ellos. Los jóvenes campesinos tienen que migrar a las grandes ciudades haciendo esfuerzos sobrehumanos para llevar su vida fuera de su hogar con la ilusión de crecer. Además, dejan de lado la oportunidad de trabajar en sus tierras representando un gasto operacional para sus padres, que muchas veces deben pagar a alguien para suplir ese vacío o someterse a prácticas físicas que ya no resisten. Son pocos los jóvenes campesinos que logran acceder a educación de calidad, y los que lo logran buscan otros oficios más rentables. Educarse en y para el campo debe ser posible.

Si los jóvenes no heredan el campo, la productividad del país se verá comprometida. El modelo educativo centralizado hace que la periferia se convierta en un desafío, en un objeto de estudio muy apartado de la práctica, en lugar de aprovechar la diversidad característica de Colombia. Para fortalecer la economía es vital que cada región comprenda y explote sus fortalezas, por eso es necesario que cada una tenga instituciones y programas de educación que la respalden. El campesino debe adquirir conocimientos que mejoren su posición comercial, sus redes de distribución y la calidad de sus productos. Son los jóvenes quienes deben atender esta tarea de transición hacia un campo más eficaz y disruptivo.

En España, Francia e Italia se ha promovido este tipo de sistemas de desarrollo agrícola especializados en región y educación, dando resultados de calidad que se traducen en múltiples denominaciones de origen y productos de exportación de alto costo. Las entidades regionales están para mediar entre las necesidades territoriales y el gobierno central, darles un papel fundamental en estas iniciativas, promueve la representación y de paso la competitividad entre las mismas, no todas las fórmulas de éxito son iguales. Lo que sí han tenido todas en común es el pilar de la educación.

Desde la década de los 90, Corea del Sur viene implementando programas de apoyo a los pequeños agricultores. Han entregado subsidios para equipos y tecnologías agrícolas, préstamos a bajo interés y sobre todo han fomentado programas de extensión de la educación. Esto les ha valido para perfilarse como una de las economías más fuertes de Asia. Hoy en día el gobierno de Colombia planea una inversión histórica en la agricultura, esta seguramente incluya paquetes de subsidios significativos que deben ir acompañados de manera responsable por la cultura de la productividad y la educación. De lo contrario, es un regalo sin conocimiento de uso y como suele pasar en el país, se termina vendiendo o desperdiciando.

A la hora de estructurar políticas públicas es indispensable que el estado asegure una inversión social que realmente solucione la problemática, no que la indemnice. En 2003 nació “Bolsa Familia” en Brasil, un programa que en esencia suministraba subsidios a cambio de educarse o educar a sus hijos, garantizando ayuda inmediata que estructuraba una solución a largo plazo. Otro caso es la región del Ica, en Perú, orquesto el boom del espárrago por medio de reducción de impuestos con el fin de que se contrataran madres cabeza de familia para su recolección. Hay que construir una relación win to win. El estado debe edificar.

El plan del gobierno para los campesinos debe ser integral. Como mínimo, los ministerios de educación y agricultura requieren estar articulados si realmente planean cimentar un cambio histórico. Del mismo modo, la inversión en infraestructura para centros de educación e innovación rural no puede hacerse esperar. Las alianzas público-privadas son fundamentales. Es preponderante la necesidad de aliarse con universidades y empresarios, promover programas de calidad que incluyan prácticas laborales y pasantías para la juventud del campo. Considerar beneficios tributarios y un grado más alto de autonomía administrativa en las regiones podría promover la competitividad y la diversificación de productos agrícolas. La realidad es que estas son solo una pequeña parte de las aristas que enfrenta el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro campo, el cual pide a gritos un relevo generacional con valor agregado.

Si hay una deuda histórica es con los jóvenes campesinos, somos gracias a ellos y ellos son a pesar de nosotros.

* Abogado con opción de ciencias políticas - Universidad de Los Andes

* Magister en Gobierno y Organizaciones - Universidad de Navarra