Suspensión de las extradiciones: un retroceso en la justicia

La implementación de la nefasta política de paz total, impulsada por el Gobierno, ha generado un conjunto de consecuencias irreparables para las víctimas del conflicto armado; lo que revela una contradicción profunda con los fines declarados de la citada política. En lugar de priorizar el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas, esta estrategia ha redundado en una serie de beneficios indebidos para los delincuentes, consolidando una visión delictiva que privilegia la condición de victimario sobre la de la víctima.

Colombia, a lo largo de su historia, ha sido testigo de la devastadora presencia del narcotráfico y el terrorismo, fenómenos que han dejado secuelas profundas e irreparables en la sociedad. Como consecuencia de esto, la cooperación internacional se ha mostrado como una herramienta indispensable para mitigar el accionar de los grupos armados ilegales y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.

En este contexto, la extradición ha sido uno de los mecanismos más efectivos para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas, permitiendo que los responsables de estos crímenes enfrenten la justicia, e impidiendo así que puedan continuar con su actuar delictivo.

Sin embargo, la política de paz total, abanderada por el Gobierno actual, se ha centrado en otorgar beneficios a los narcoterroristas que siguen amenazando la estabilidad nacional. Esto se ha traducido en una revictimización constante de aquellos que han sufrido las consecuencias de estos actores armados, al permitir que los mismos continúen sus actividades delictivas bajo el paraguas de un proceso de paz que, en la práctica, no es más que un acuerdo de impunidad.

Los grupos criminales no han cesado su accionar violento; por el contrario, lo han utilizado como una herramienta de presión para obtener beneficios políticos y judiciales, sin que el Estado logre imponer el principio fundamental de la justicia.

La decisión del Ejecutivo de suspender las extradiciones, bajo el pretexto de premiar los diálogos de paz, es un claro ejemplo de la fragilidad de esta política. Esta medida refleja un profundo desprecio por la Constitución Política de Colombia y por los acuerdos internacionales que el país ha suscrito, en particular aquellos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En efecto, al suspender las extradiciones, el Gobierno pone en riesgo una de las herramientas más efectivas de cooperación judicial y penal a nivel internacional, particularmente con Estados Unidos, que ha sido un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Lo anterior no mide los riesgos sobre las implicaciones directas de estas suspensiones, ignorando adrede que Estados Unidos es el principal socio militar de Colombia y el país que más fondos destina a la lucha antidrogas, ocasionando tensiones innecesarias y una fractura inminente en la colaboración entre las dos naciones.

El debilitamiento de la cooperación con Estados Unidos tiene repercusiones devastadoras en términos de confianza política y diplomática, así como en la capacidad operativa del Estado colombiano para enfrentar a los actores criminales más peligrosos.

Se olvida que durante mi gestión como Ministro de Justicia la ayuda de las autoridades estadounidenses permitió hitos significativos en la captura y extradición de figuras clave del crimen organizado, tales como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder del Clan del Golfo, y otros narcotraficantes de alto perfil que representaban una amenaza directa a la seguridad nacional e internacional.

La decisión de suspender las extradiciones contraviene el artículo 35 superior. Esta medida constituye un ataque directo al orden constitucional y a la institucionalidad judicial del país, al tiempo que otorga a las organizaciones criminales una mayor autonomía y poder.

En términos de seguridad, comprometer el apoyo de nuestros aliados internacionales, como Estados Unidos, representa una seria amenaza para el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas y el respaldo a la lucha contra el narcotráfico.

Las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de paz total se han vuelto una estrategia que desnaturaliza la función del Estado en la defensa de los derechos de las víctimas y en la promoción de la justicia. Al anteponer los intereses de los victimarios por encima de los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del crimen organizado, se socava el principio de justicia y se debilita, a la vez, la confianza y el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Esta estrategia pone en peligro la estabilidad interna de Colombia y compromete el futuro de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, a lo que se suma que la suspensión de las extradiciones representa un retroceso para la justicia.