Tejer con seda China: riesgo de cambiar alianzas por promesas

El giro diplomático del presidente Gustavo Petro hacia China, en un momento crítico de la lucha contra el narcotráfico, pone en entredicho la alianza estratégica con Estados Unidos y expone a Colombia a riesgos geopolíticos, económicos y de seguridad de gran alcance. En lugar de fortalecer los vínculos con su principal socio en defensa y cooperación, el Gobierno privilegia afinidades ideológicas y acuerdos con una potencia autoritaria que impulsa una agenda revisionista contraria al orden internacional vigente.

Este viraje se da en medio de una creciente confrontación entre Estados Unidos y China, potencias que compiten por la supremacía global en comercio, tecnología, poder militar e influencia diplomática. En este escenario, Colombia no es un actor marginal. Su ubicación estratégica, estabilidad institucional y liderazgo regional la han consolidado como uno de los aliados más confiables de Washington en el hemisferio.

La relación entre Colombia y Estados Unidos se sustenta en hechos concretos, no en afinidades ideológicas. Desde la participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea en 1953, hasta el Plan Colombia —que desde el año 2000 ha canalizado más de 10.000 millones de dólares en cooperación militar, social e institucional—, esta alianza ha sido clave para la consolidación del Estado. Hoy, Colombia recibe cerca de 400 millones de dólares anuales en asistencia para programas antidrogas, desarrollo alternativo y fortalecimiento institucional. Además, ostenta el estatus de aliado estratégico extra-Otan, con acceso a tecnología avanzada, interoperabilidad militar y entrenamiento con estándares Otan.

Gracias a esta cooperación, Colombia es hoy un exportador regional de seguridad, con personal militar y policial, asesorando fuerzas en Centroamérica, el Caribe y África occidental.

Si bien Colombia tiene razones legítimas para diversificar sus relaciones económicas, cualquier acercamiento a China debe manejarse con inteligencia diplomática y realismo estratégico. En un contexto de competencia global, poner en riesgo la relación con Estados Unidos —especialmente en temas sensibles como la lucha contra las drogas— sería un grave error. Una eventual descertificación por parte de Washington tendría efectos severos: comprometería la cooperación internacional, afectaría el comercio bilateral y desincentivaría la inversión extranjera, impactando directamente la estabilidad y el desarrollo del país.

Estados Unidos considera el narcotráfico una amenaza directa a su seguridad nacional. Las más de 100.000 muertes anuales por sobredosis, muchas asociadas a drogas producidas en América Latina, evidencian la magnitud del problema. Como principal productor mundial de cocaína, Colombia desempeña un rol crucial en la seguridad hemisférica. Sin embargo, entre 2022 y 2024, la erradicación de cultivos ilícitos cayó más del 60 %, mientras que las hectáreas sembradas superaron las 253.000, según Naciones Unidas. Este retroceso podría justificar medidas drásticas desde Washington.

La firma del memorando de entendimiento para adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha generado preocupación entre sectores empresariales colombianos. Voces como las de Bruce Mac Master (Andi) y María Claudia Lacouture (AmCham) advierten sobre los riesgos de integrarse a cadenas logísticas dominadas por una potencia con estándares laborales, ambientales y regulatorios distintos a los de Colombia. Más que integración productiva, estos acuerdos podrían traducirse en competencia desleal y dependencia tecnológica.

El comercio entre Colombia y China en 2024 mostró un fuerte desequilibrio: mientras las exportaciones colombianas alcanzaron solo 2.300 millones de dólares (4,8 % del total), centradas en materias primas, las importaciones desde China sumaron 15.962 millones (24,9 %), generando un déficit comercial de 13.662 millones de dólares. Esta relación asimétrica evidencia una dependencia estructural en la que Colombia exporta productos de bajo valor agregado e importa bienes de alta complejidad.

Pero el dilema trasciende lo comercial. Se trata, en el fondo, de una decisión geopolítica. Detrás de la Ruta de la Seda, presentada como una iniciativa económica, subyace el claro interés de China por ampliar su influencia en América Latina. Adherirse a esta estrategia implica también un alineamiento tácito con su política exterior, como en el caso de Taiwán. Pekín exige a sus socios no reconocerlo como Estado soberano. Esto colocaría a Colombia en una posición incómoda frente a Estados Unidos, que —aunque no reconoce formalmente a Taiwán— lo respalda militar y económicamente como pilar clave en su estrategia para el Indo-Pacífico.

En este contexto, Colombia no solo facilitaría la expansión de China en América Latina, sino que se vería comprometida en una disputa geopolítica que toca los intereses vitales de su principal aliado, especialmente en zonas sensibles como el estrecho de Malaca, por donde transita gran parte del comercio de Japón, Taiwán y Filipinas, aliados clave de Washington.

Como advierte James R. Holmes, del Naval War College, China busca consolidar un círculo autosostenible entre comercio, poder militar e influencia diplomática. En América Latina, ha adquirido el control de puertos estratégicos en México, Panamá, Perú, Argentina y Brasil. El caso del puerto de Chancay, en Perú —construido bajo un modelo que genera dependencia financiera y política— es una muestra clara de cómo China afianza su presencia en el continente.

Estados Unidos observa con creciente preocupación esta expansión. En un ajedrez geopolítico cada vez más complejo, Colombia debe evitar enviar señales ambiguas. El costo estratégico de una decisión errada podría ser alto y difícil de revertir.

La relación con Estados Unidos no es ideológica: es geoestratégica. Sustituirla por afinidades pasajeras con un modelo autoritario ajeno a los valores democráticos sería un error histórico que Colombia no puede permitirse.