Temerarios

Se les advirtió de todas las formas posibles, pero despreciaron esas palabras. Cuando se generaron los primeros efectos negativos, se denunció lo que venía pasando, pero hicieron oídos sordos a esa situación. Ahora, cuando toda la estantería se les empieza a venir al piso, hacen silencio o expresan todo con una palabra: ‘inverosímil’, dicen los gurús del cambio; otros dirán: ‘una aberración’, ajustando el golpe.

¿En qué estaba pensando el Gobierno nacional cuando decidió intervenir ocho de las EPS más grandes del país con más de 35 millones de afiliados? Obviamente, en la ambición de controlar todo el sistema de salud y la posibilidad de implosionarlo; la triste y célebre “crisis inducida” de la exministra Carolina Corcho o el “chu, chu, chu” en la caída del dominó del presidente Petro, que afirmó en ese entonces: “Las EPS van a ir cayendo, una a una, como las fichas de dominó”. Llevaban muchos años empujando e impulsando un discurso de odio contra las EPS y al final cayeron en esas nefastas manos —o garras, como dirían los pobres pacientes—.

El problema de base de su antidiscurso es que no tuvieron ninguna propuesta estructurada, por eso, en las primeras de cambio, se vieron en la obligación de desembolsar una propuesta de reforma que habían escrito a las carreras en 2010. ¡Sí, en 2010! Y con ella se fueron al Congreso de la República causando así la primera temeridad. Una cámara baja bien aceitada les daba la primera ventaja, pero se encontraron con una Comisión Séptima del Senado con mucho conocimiento y experiencia que no les comió cuento.

Y quienes nos gobiernan empezaron a enfrentarse con la realidad, manteniendo la terquedad que la plata sobraba en el sistema de salud y no eran necesarios más recursos para su sostenimiento. Allí surgió la segunda temeridad: desfinanciaron el sistema para propiciar su caída, pero rápidamente se hizo evidente que este estaba sobrecalentado por los excesos de demanda.

Fue entonces que no tuvieron más camino que recurrir a lo que mejor saben hacer: echar la culpa a los demás de su propia incompetencia y enunciar innumerables excusas. Empezamos a escuchar voces, “que se habían robado las reservas técnicas (sic)”, o mejor “que las inversiones necesarias para soportar las reservas” —que en realidad son un pasivo—. “Que el desabastecimiento de medicamentos era culpa de unos operadores logísticos que se había inventado Duque” —cuando en verdad han estado en el sistema por casi treinta años—. “Que son los hospitales privados los que operan bajo el lucro”. “Que son los médicos elitistas que no atienden por estar en el centro 93”, entre otras desfachateces.

De repente se dieron cuenta de que no podían liquidar las EPS intervenidas. Simplemente, la Nueva EPS no tenía la estructura de servicios, administrativa ni logística, para recibir todo ese mundo de afiliados. Quedaron presos de su decisión y rodeados de interventores ineptos o peligrosos. Los resultados: la pérdida patrimonial extensa de todas las EPS intervenidas, empezando por la Nueva EPS.

Pero este 26 de junio de 2025, la Corte Constitucional por fin puso el coto donde debía ser: revocó la intervención de la EPS que más representa los odios, obligándoles a devolverla a sus dueños por la afectación al simple derecho al debido proceso, configurando así la tercera temeridad. Pero claro, si el líder se pasa por la faja las negaciones de avales para consultas populares —o impone una octava papeleta por la fuerza sin contar con el Congreso—, ¿qué se puede esperar que las superintendencias respeten el debido proceso?

Obviamente, los propietarios de Sanitas recibirán una EPS destrozada, con patrimonios muy negativos, con una red de servicios desarticulada para dar espacio a los “amigos” y con una considerable cantidad de pacientes desatendidos que, durante dos años, no han tenido acceso mínimo a los servicios. Sin contar con un incremento gigante de la carga de enfermedad en aquellos pacientes que no perecieron debido a la falta de atención.

Mientras tanto, quienes administran la salud han estado mirando para otro lado, enviando recursos a los departamentos —sin trazabilidad alguna— según la Contraloría General de la República, para el supuesto y desarticulado programa de “equipos comunitarios”. Estos no les resuelve nada a los pacientes y solamente alimenta la cauda de contratistas temporales, que se pueden manejar y manipular fácilmente, para las próximas elecciones. Así es como tendrán más de 500 cargos de activistas que —según informes de prensa— se crearán en el Ministerio de Salud. Un ministerio que ya tiene más de 200 activistas y donde nadie responde ni tampoco saben qué hacen.

Esos son los personajes temerarios que elegimos —o mejor dicho que eligieron unos pocos radicales— y una gran cantidad de incautos e incautas que hoy extrañamente se rasgan las vestiduras. Pero ya es muy tarde, el daño está hecho y es muy grave la afectación a nuestro sistema de salud y de otras tantas instituciones y programas que desaparecieron siendo víctimas de esta horda temeraria.

Los temerarios deben pagar de su propio patrimonio los daños y las indemnizaciones causadas. Es la única forma en que la sociedad se asegure de que en el futuro lo piensen dos veces antes de destruir los bienes y servicios construidos con tanto esfuerzo por los colombianos. Fueron mucho más allá que la famosa influenciadora que acabó con los vidrios del TransMilenio porque afectaron realmente la integridad de seres humanos.

Muy difícil saber qué sigue para la salud en Colombia. No sabemos qué nos espera durante el año de pesadilla que aún queda. Pero, por fin, hubo un hecho que paró el desastre. Solo nos resta esperar a que el Congreso de la República continúe siendo consecuente y frene esa segunda reforma, que no es otra cosa diferente a la misma reforma de 2010, y que ya rechazó sabiamente en el pasado. Urge, y es necesario, saber que el futuro gobierno pueda tener la mínima libertad para tratar de restituir el derecho a la salud de los colombianos que el actual gobierno llevó al traste. Será una tarea titánica.