Todxs vs. el diccionario: crítica al lenguaje “inclusivo”

Hemos llegado a una etapa tan brutal de decadencia cultural e incivilidad, que la opinión del experto y del ignorante valen lo mismo. Ya no importa cuántos años de estudio, investigación o experiencia tenga alguien: su voz se equipara con la del primero que grite en redes sociales con ortografía dudosa y un meme como fuente. Así, el experto que ha dedicado su vida al estudio de una materia queda sepultado por la avalancha del ‘yo opino’.

Pues bien, como consecuencia inevitable de este colapso del criterio que legitima y populariza la estupidez, el lenguaje inclusivo ha sido elevado a estandarte cultural. De hecho, resulta cada vez más común que los ‘gramáticos’ woke descalifiquen, con ligereza y sin mayor rigor, a la Real Academia Española, acusándola de ser un vestigio del patriarcado o una institución conservadora, ¡como si ser conservador fuera un pecado! Esta crítica, muchas veces impulsada más por consignas ideológicas que por argumentos filológicos, desconoce el papel fundamental que cumple la RAE en la preservación, el estudio y la evolución de una lengua hablada por cientos de millones de personas. De suerte que rechazar su autoridad equivale a dinamitar los principios de coherencia lingüística en nombre de una supuesta emancipación cultural.

Sin embargo, el lenguaje inclusivo —que no es inclusivo, sino excluyente de la normalidad y el sentido común— es cada vez más invalidado por argumentos de todo orden: lógicos, lingüísticos, semióticos y hasta jurídicos. Dicho esto, escribo una crítica a ese manicomio lingüístico que los progresistas ideológicos —y los pendejos útiles que los idolatran— inducen en aulas universitarias y escolares, pero también en empresas, centros culturales, juzgados y hasta en el Congreso de la República.

Argumentos semióticos

Desestabilización del código cultural. El lenguaje inclusivo, al ser promovido de manera normativa o ideológica, puede percibirse como una imposición que fractura el pacto comunicativo entre emisor y receptor. En la semiótica de Umberto Eco, el código no es solo lingüístico, sino cultural. De ahí que el masculino genérico, por ejemplo, no sea solamente una regla gramatical, sino un elemento que integra un sistema cultural que los hablantes han internalizado. Por ende, modificar este código con formas inclusivas implicaría una reconfiguración radical del sistema semiótico, lo que puede generar resistencia porque los códigos culturales son inherentemente conservadores.

Desviación de la función comunicativa. La semiótica también estudia cómo el lenguaje transmite sentido. El uso del lenguaje inclusivo a veces prioriza la función ideológica o performativa del lenguaje sobre la función referencial o comunicativa. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo puede dificultar la transmisión clara de información al priorizar una función política del lenguaje por sobre su función comunicativa.

Sobresemantización del signo. Al intentar que cada signo visibilice explícitamente todas las identidades de género, el lenguaje inclusivo sobrecarga semánticamente ciertos signos, haciendo que el lenguaje pierda economía y claridad. Introducir múltiples marcadores de género en cada palabra como —'niñes’, ‘todes’, ‘amig@s’, ‘amigxs’— rompe con la eficiencia simbólica del lenguaje natural.

Argumentos lingüísticos

Ruptura del sistema de oposiciones binarias. Desde el punto de vista de la lingüística estructural, el lenguaje funciona por oposiciones binarias y relaciones dentro de un sistema cerrado. El lenguaje inclusivo —como el uso de ‘todes’, por ejemplo— introduce signos que no se corresponden con las categorías establecidas (masculino/femenino), generando ruido en el sistema.

Omisión de las autoridades lingüísticas. El lenguaje inclusivo no está avalado ni por normas lingüísticas oficiales ni por academias de la lengua española. De manera que defender el lenguaje inclusivo es, en resumen, desconocer la ciencia de la lengua y omitir, deliberadamente, la autoridad de los lingüistas, para favorecer a los ideólogos, a los activistas y a los opinadores.

Argumento jurídico-político

Penalizar o cancelar formas del habla que no están consensuadas por la mayoría de la población ni respaldadas por organismos lingüísticos oficiales es una forma de autoritarismo de Estado y abuso del derecho. Por tal razón, obligar a usar el lenguaje inclusivo en documentos oficiales, instituciones educativas y medios públicos, podría interpretarse como una forma de violencia estatal y abuso legal, y como una definitiva política de ingeniería social que instrumentaliza el lenguaje con fines ideológicos y que atenta contra el derecho fundamental a la libertad de expresión.